Congreso

2019 y las acciones de la legislatura de la Paridad de Género

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  • Hicieron visibles las violaciones más frecuentes a los derechos humanos de las mujeres
  • Reformas constitucionales, adiciones y puntos de acuerdo enfocadas contra la violencia feminicida y el feminicidio 

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Cd. de México, 17septiembre 2019.- Tanto la Cámara de Diputados como el Senado, en su LXIV legislatura, se consideran emblemáticas en la historia del país, por primera vez,en más de 160 años, la presencia de las mujeres es paritaria. El recuento 2019 confirma la frase expresada por Michelle Bachelet, cuando señaló: Cuando una mujer entra la política, la mujer cambia; cuando muchas mujeres entran a la política, cambia la política.

La llamada Cámara de la Paridad de Género centró sus esfuerzos al hacer visible uno de los flagelos más graves contra la violación a los derechos humanos de las mujeres como lo es la violencia feminicida y el feminicidio, se analizó y se plantearon reformas a las llamadas alertas de violencia de género, así como en otras tareas para hacer visibles muchas de las demandas de las mexicanas. 

La Cámara baja aprobó el dictamen que declara el 2020 como “Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”, mismo que fue remitido al Senado de la República, donde también se aprobó, este mes de diciembre.

Pero fue la violencia contra las mujeres el tema más recurrente entre las acciones de las diputadas federales, dados los resultados de la violencia feminicida y el feminicidio durante este año, en el que se reconoce su incremento con respecto a años anteriores.

El más reciente fue la aprobación de las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para fortalecer los mecanismos de alerta de género, instrumento que hoy se ha declarado en 410 municipios en 19 entidades del país.

La Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuloaga, dijo que el sistema de justicia históricamente ha sido indolente. Por ello, el dictamen plantea articular entre autoridades de todos los órdenes de gobierno y en todos los poderes de la Unión, para hacerle frente a la emergencia.

El pleno del Congreso federal también aprobó el dictamen que tipifica las conductas que causan lesiones a las mujeres en razón de su género, y establece pena de diez a 15 años de prisión a quien infiera alteración en la salud o daño, producido por causa externa, que les deje huella material en el cuerpo. Y se explica que la tendencia nacional de las víctimas de lesiones dolosas ha crecido.

Desde esta tribuna se exhortó a las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Fiscalía General de la República y a los gobiernos de las entidades federativas, a implantar acciones eficaces para combatir y erradicar la violencia de género y las desapariciones de mujeres en el país.

El 25 de noviembre pasado, legisladoras de los ocho partidos políticos se pronunciaron en torno a la “escandalosa cifra de violencia contra las mujeres, que sitúa a México entre los 24 países más peligrosos para las mujeres en el mundo. Y señalaron que un estudio realizado por la Unión Interparlamentaria, reveló queen 32 países del orbe, 82 por ciento de las parlamentarias declaró que haber experimentado alguna forma de violencia. Proclamaron la cero toleranciaante este flagelo y ratificaron que no basta indignarnos, es necesario enfrentar estos aberrantes hechos.

En octubre también se hizo un nuevo llamado a homologar la tipificación del feminicidio en todo el país, responsabilidad que le corresponde al legislativo y se aclaró que pee a los avances en esta materia y en el reconocimiento de los derechos humanos el feminicidio aumenta.

En octubre la Cámara de Diputados aprobó reformar los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional, a fin de promover, impulsar y ampliar la protección de las trabajadoras que sufren violencia de género o familiar, lo que permitirá ausentarse de su empleo cuando se encuentren en situación de violencia.

La titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, compareció ante la diputación, quienes la cuestionaron sobre las acciones del Ejecutivo para atender la violencia de género, y aunque aseguró que “no hay tema que mñas le preocupa”, señaló que es un problema de la intimidad de las parejas.

Otra reforma aprobada en la Cámara de Diputados fue a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que fue enviada al Senado para su ratificación, mediante la cual se actualizó y visibilizar los avances en materia de derechos de las mujeres.Uno de ellos para cambiar el nombre del Distrito Federal al de Ciudad de México.

La Comisión de Igualdad de Génerorealizó las mesas de trabajo en materia de tortura sexual con el objetivo de analizar la iniciativa que busca tipificar este delito, una propuesta enviada por la CONAVIM, agravando la pena por este delito.

En septiembre se aprobaron las reformas para erradicar la violencia de género y se visibilicen las estadísticas de los casos de violencia de género que se deberán considerar como parte de la rendición de cuentas de los sujetos obligados, con el objetivo de que esta información sea utilizada para implantar acciones específicas y mejorar protocolos de acción y prevención.

Se planteó expedir una Ley del Registro Federal de agresores sexuales a propuesta de la Comisión de Derechos Humanos.

La Comisión de Seguridad Pública aprobó un dictamen para prevenir la violencia familiar y la delincuencia en el ámbito familiar. Prevé reformar el artículo 6 y adicionar el 10 bis a la Ley General para la Prevención Social de la Violencia.

Busca que los congresos locales armonicen su marco legal para fortalecer en sus legislaciones perseguir el delito de violencia familiar y hacerlo por oficio.

En el Congreso, CONAVIM reconoció que las alertas de violencia de género contra las mujeres no están funcionando.

Por otra parte en agosto, las diputadas reconocieron la violencia contra las mujeres va en aumento a pesar de “los recursos, las políticas públicas y la legislación”. En ese sentido la diputada Guadalupe Almaguer consideró que uno de los factores es la simulación que se da en las entidades del país y propuso que se sanciones a quienes no cumplen con su compromiso en el sector público.

También se reconoció que la violencia contra las mujeres, asesinadas o desaparecidas, no son hechos aislados sino producto de la violencia estructural, por lo que debería ser considerada como una emergencia nacional.

Y se hicieron en otro acto, críticas a la política del Ejecutivo federal, por parte de diputadas de oposición, frente al aumento de la violencia y la desaparición de tres programas de apoyo directo a las mujeres: estancias infantiles, refugios para protegerlas cuando son violentadas y Proequidad, del Instituto Nacional de las Mujeres. Aunado a la falta de la perspectiva de equidad de género en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2019.

Misoginia institucional

Aunque no trascendió, las diputadas mexicanas solicitaron al titular del ISSSTE la remoción del subdelegado de ese organismo en Michoacán, José Mireles, por las reiteradas declaraciones, violentas, discriminatorias y denigrantes hacia las mujeres. 

De igual forma, el pleno condenó la violencia política contra las diputadas locales del Congreso de Morelos, al aprobar un un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) con 427 votos a favor y ninguno en contra, exhortó a los legisladores a conducirse bajo los principios de ética en el servicio público, con perspectiva de género y libre de violencia política.     

Esto tras la queja presentada por las diputadas de Morelos, Tania Valentina Rodríguez Ruiz (PT), Blanca Nieves Sánchez Arano (Nueva Alianza), Erika García Zaragoza (PT), Maricela Jiménez Armendáriz (MC), Rosalinda Rodríguez Tinoco (PRD), Keila Celene Figueroa Evaristo (Morena) y Naida Josefina Díaz Roca (PT).

De ahí que se solicitó a la Fiscalía General del Estado de Morelos que realice una investigación con perspectiva de género, exhaustiva y eficaz, respecto de las amenazas de las que han sido objeto las diputadas, así como aplicar las medidas y las acciones de protección. Y se solicitó la intervención de la CNDH, CONAPRED y CONAVIM.

También condenaron la violencia política de género por el atentado contra la presidenta municipal de Manzanillo, Colima, Griselda Martínez, por lo que suscribieron un exhorto.

Violencia Política

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó que la violencia política en razón de género sea delito electoral, para imponer multas de 100 a 400 días y prisión de uno a tres años, a quien menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de una o varias mujeres.

El dictamen fue avalado por 417 votos a favor, en lo general y en lo particular, para adicionar el artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

En ese mismo sentido, se remitió al Senado, luego de ser aprobado por el pleno camaral, el dictamen que define a la violencia política en razón de género como toda acción u omisión ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, la toma de decisiones y la libertad de organización.

Se aprobaron en noviembre la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con el objetivo de armonizar el concepto de representación equilibrada para que la política nacional oriente parte de sus metas y acciones, con el objetivo de lograr la paridad en cargos públicos o de elección popular.

En septiembre, también la Comisión de Igualdad de Género aprobó cinco dictámenes para garantizar la paridad de género que reforman la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Durante la conmemoración del 66 aniversario del voto de la mujer en México, las diputadas reconocieron avances en el logro de la igualdad sustantiva y consideraron que existen pendientes para acabar con la violencia política, la digital y los feminicidios, además de reducir la brecha salarial.

En julio se planteó la necesidad de adecuar legislaciones de partidos políticos e instituciones y procedimientos electorales, para que la paridad se haga valer en todas las instancias jurídicas y administrativas, desde las secretarías de Estado hasta gobiernos municipales, a través de la operación de las unidades de género.

En mayo, se aprobó el dictamen a la minuta que reformó diversos artículos de la Constitución en materia de igualdad y paridad de género; garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en México. Se turnó a los congresos locales, para sus efectos legales. De esta manera se establece la obligatoriedad constitucional de observar el principio de paridad en la integración de los Poderes de la Unión. El mismo esquema será para los estados, asícomo en la integración de los ayuntamientos.

Igualdad de género

La diputación de la paridad de género hizo hincapié en repetidas ocasiones sobre la economía del cuidado, mediante propuestas legislativas y también en foros con la ciudadanía, como sucedió en septiembre.

En noviembre se aprobó el dictamen para erradicar la violencia obstétrica mediante la reforma a diversas disposiciones a las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la de Salud. Se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

En esta se define la violencia obstétrica como toda acción u omisión intencional del personal de salud, público o privado, que dañe física o psicológicamente, denigre o discrimine a la mujer durante el embarazo, el parto, el post-parto y puerperio. Se establece además que por ningún motivo se podrá negar el servicio médico y la vulneración o limitación de los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres; incorpora que en los servicios de salud se promoverán acciones de prevención de la violencia obstétrica.

Se aprobó la reforma para combatir la violencia digital contra las mujeres, mediante la modificación a la fracción sexta al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Se entiende como violencia digital como los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas.

Y como cualquier otra acción que sea cometida a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plataformas de Internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones o cualquier otro espacio cibernético que atente contra la integridad, dignidad, intimidad, libertad, vida privada, que vulnere algún derecho humano de las mujeres.

En octubre, la Cámara de Diputados acordó declarar el 5 de septiembre como el “Día Nacional de la Mujer Indígena” con la pretensión de generar medidas afirmativas y acciones compensatorias que reduzcan las desigualdades que pesan sobre esta población, hacerlas partícipes en los espacios de toma de decisiones y construir políticas que valoren sus aportes. Se envió al Senado para su ratificación. 

Se envió a la Comisión de Salud la propuesta de exhorto a la Secretaría de Salud para que genere una política pública nacional que prevenga y elimine la anorexia y la bulimia en niñas, niños y adolescentes, toda vez que en los últimos 20 años estos desórdenes aumentaron 300 por ciento en México.

También en octubre la Cámara de Diputados aprobó adicionar una fracción del artículo 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de emprender medidas para proteger y salvaguardar la integridad de las mujeres en el ámbito laboral.

Al conmemorar el Día Internacional de la Niña, la diputación federal destacó laimportancia de visibilizar los retos a los que se enfrentan las niñas y se pronunciaron por promover su empoderamiento y garantizar el cumplimiento de sus derechos.

Se hizo una exposición del Archivo Histórico del Movimiento de Lesbianas Feministas en México Capítulo: Ákratas, Lesbos y Oikabeth.

La interrupción legal de embarazo fue otra de las preocupaciones legislativas, por lo que se planteó la iniciativa que busca garantizar la progresividad de las garantías de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y no criminalizarlas.

La iniciativa fue presentada por la Comisión de Igualdad de Género, que reformaría la Ley General de Salud que pretende reducir la muerte de mujeres. En ese sentido, la diputada Lorena Villavicencio convocó al Congreso a elaborar un Código Penal Único que incluya este derecho humano de las mujeres.

En septiembre se presentó un dictamen que reforma la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el cual elimina la brecha salarial y obliga a las instituciones, empresas públicas y privadas, a remunerar igualitariamente la prestación de un mismo trabajo.

Marina Carrillo Díaz, intérprete de la Lengua Wixárika, urgió a crear políticas públicas que ayuden a revertir el panorama social de las mujeres indígenas en materia de salud y educación, propiciar la inserción laboral, la participación política y el control de los recursos naturales, vigilar que las leyes se cumplan y lleguen hasta el rincón más lejano, “retribuyendo así la deuda histórica existente en las mujeres indígenas del país”.

En septiembre fue electa la diputada Laura Rojas Hernández como presidenta de la Mesa Directiva.

Aprobaron el dictamen para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Por unanimidad de 400 votos, el dictamen que reforma los artículos 17 y adiciona el 34 Bis a la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Se envió al Senado.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables aprobó el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 4° de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, para establecer que la administración pública impulsará el pleno desarrollo, adelanto y empoderamiento de las mujeres con discapacidad.

Se planteó exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a desarrollar una campaña de asesoría y educación bancaria en regiones rurales y zonas de atención prioritaria con perspectiva de género. 

En junio la Comisión de Igualdad de Género avaló con siete votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, la opinión del “Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024”. En el que se destaca como crucial incorporar la perspectiva de género en la implementación y seguimiento de las acciones encaminadas a lograr el desarrollo y reforzar el compromiso al más alto nivel político, para que sea un elemento transversal en las acciones de gobierno y no sectorizado, bajo la responsabilidad de pocas instituciones.

Se planteó un punto de acuerdo de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de su competencia, formulara y coordinara programas y acciones de prevención social y atención integral de niñas, niños y adolescentes víctimas del delito instigado por sus pares (sexting) o seducidos por adultos (grooming) a través de manipulación y engaño mediante el uso del Internet y redes sociales, provocando acciones de índole sexual para conseguir material erótico o pornográfico.

En septiembre diputadas, senadoras y organizaciones civiles firmaron el Pacto por la Vigencia Plena de los Derechos Humanos de las niñas y mujeres, en el que suman esfuerzos para promover reformas de ley, políticas públicas y presupuestos que aseguren los derechos humanos de niñas y mujeres, priorizando a las más pobres. 

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