El decreto-ley falla en plantear de forma explícita las implicaciones del teletrabajo en la vida de las mujeres y se desentiende de la responsabilidad de legislar a favor de la corresponsabilidad de la sociedad, las empresas y las administraciones públicas en las tareas de cuidados
Las organizaciones reivindican la participación de las mujeres en el centro de la agenda de paz y seguridad, no como víctimas, sino como agentes de cambio