Impunidad

4 mil 555 mujeres víctimas de feminicidio en América Latina en 2018

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Fortalecer la justicia y atender a las víctimas, propone Naciones Unidas

Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 “Atrapados: Alta Desigualdad y Bajo Crecimiento en América Latina y el Caribe”

Elda Montiel 

SemMéxico, Cd. de México, 24 de junio 2021.- América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo, ya que alberga sólo al nueve por ciento de la población mundial, pero actualmente representa el 34 por ciento del total de muertes violentas.

Los países de la región entre los que se encuentra México tienen las tasas de homicidios más altas que los países con niveles de desigualdad similares. Los niveles de violencia contra las mujeres y las niñas son abrumadores.

Tan sólo en el 2018 4,555 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 18 países de América Latina de acuerdo al Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  

Los países también luchan contra formas de violencia no letales, incluida la violencia sexual, los robos, el abuso policial y la trata de personas.

En el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 “Atrapados: Alta Desigualdad y Bajo Crecimiento en América Latina y el Caribe”, lanzado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), analiza “la trampa en la que se encuentra sumida la región que impide el avance hacia el logro de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.” 

La pandemia del COVID 19 ha generado una crisis económica afectando principalmente a las mujeres, niñas, niños y adolescentes colocándolos en situación de riesgo dentro de sus propios hogares. 

El cuarto Informe de Desarrollo Humano advierte que, si bien la desigualdad causa mayor violencia, la violencia también aumenta la desigualdad porque afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, entre ellas las mujeres, minorías étnicas y de género lo que contribuye a perpetuar su estado de privación. 

La violencia social y doméstica presenta elevados niveles de violencia sexual, feminicidio y violencia contra niñas y niños, lo que ha sido un área de creciente preocupación durante los confinamientos a raíz del COVID 19.

La región tiene la tercera prevalencia más alta de violencia sexual a lo largo de la vida perpetrada por personas que no son la pareja y la segunda prevalencia más alta de violencia a lo largo de la vida cometida por la pareja.

La violencia contra minorías sexuales es también una de las más altas en el mundo.

El Informe destaca que la violencia homicida en la región también varía mucho al interior de los países. 

Por ejemplo, refiere que algunos estados y ciudades de México tienen tasas de homicidio superiores a 200 por cada 100.000 habitantes, mientras que otros tienen tasas inferiores a 2, y algunas regiones de Chile registran 3 homicidios por cada 100.000 habitantes mientras que otras tienen de una tasa de 0,5.

La violencia limita también el crecimiento a través de su impacto sobre el capital humano (y la productividad) y sobre la inversión pública y privada que se ve distorsionada, así como por el gasto en seguridad y por la incertidumbre acerca de los derechos de propiedad.

Entre las líneas de acción que propone el documento para abordar este tema, figuran el fortalecimiento de los sistemas de justicia local y la expansión de la atención en salud mental para las víctimas de violencia.

Las políticas públicas dirigidas a erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas deben adoptar un enfoque integral que incluya la prevención, la atención, la sanción y la reparación. 

Establecer sistemas de justicia independiente y eficaz, capaz de salvaguardar los derechos humanos, facilitar el acceso a la justicia para todos sin discriminación y proporcionar servicios transparentes y objetivos es fundamental para combatir la violencia eficazmente. 

Al no permitir que los delitos queden impunes y prevenir la revictimización, el sistema judicial elevaría el costo de cometer crímenes. 

Estos sistemas deben responder adecuadamente a las necesidades diferenciadas, por ejemplo, construyendo capacidad para abordar mejor la violencia contra las mujeres, las personas LGBT+ y los grupos étnicos mediante una clasificación más detallada de los crímenes en las estructuras jurídicas y mediante el entrenamiento

Este enfoque también debe integrar perspectivas económicas, sociales, culturales y de

justicia para enfrentar el problema a lo largo de las diferentes etapas del ciclo de vida de las mujeres.

Destaca que, si se abordan con éxito, los avances en la lucha contra la violencia pueden allanar el camino hacia sociedades más equitativas, más productivas y pacíficas.

El narcotráfico triplico en diez años la tasa de homicidio en México

De los datos sobre la violencia en la región destaca, que en las últimas dos décadas el crimen organizado en la región se ha vuelto cada vez más violento. 

Debido a la inestabilidad y la subsiguiente escisión de las organizaciones narcotraficantes mexicanas y sus enfrentamientos entre sí y con las autoridades estatales tras los cambios en el entorno político, la tasa de homicidio del país se triplicó en diez años.

 Al mismo tiempo, el enfoque internacional de reprimir las redes de narcotráfico colombianas y mexicanas empujó al crimen organizado a expandirse hacia América Central para establecer nuevas rutas para sus operaciones de tráfico.

También refiere el documento que la violencia o la amenaza de violencia se ha convertido en moneda de negociación entre actores estatales y no estatales en diversos contextos para alcanzar y sostener acuerdos, y es parte fundamental de la lucha por la distribución de recursos, derechos, oportunidades y poder en la región.

Asimismo, la región aún lucha con la violencia política, que incluye protestas violentas, actos de violencia estatal como brutalidad policial, ejecuciones extrajudiciales y represión violenta de protestas, y violencia contra defensores de derechos humanos, activistas ambientales, políticos y periodistas.

Dada la prevalencia de la violencia y sus graves repercusiones en el desarrollo humano, la región necesita desesperadamente más y mejores datos especialmente sobre las formas más graves de la violencia que la afligen.

La militarización en países como México incrementó la violencia

Las agresiones llevadas a cabo por las fuerzas armadas también se han intensificado tras la decisión de algunos países de militarizar las tareas de seguridad pública, lo que ha provocado un aumento de la violencia en Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.

También se menciona a México entre los países con protestas violentas que se dieron entre 2000 y 2019. En América del Sur fueron más comunes en Bolivia, Brasil y Venezuela. La mayoría de las protestas violentas en América Central se produjeron en Honduras y Nicaragua.

México se encuentra entre los países con mayor número de protestas violentas junto con Nicaragua y Brasil, sólo superadas por Haití y Venezuela.  

La mayoría de los casos de defensores de los derechos humanos asesinados se han producido en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y México.

Cientos de políticos mexicanos han sido asesinados por organizaciones narcotraficantes.

Se estima que 450 periodistas fueron asesinados o desaparecidos en la región entre 2000 y 2017; Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y México son los países más peligrosos para esa profesión.

México se encuentra entre los cuatro países, después de Perú y Ecuador, Uruguay con mayor porcentaje de ciudadanos que afirman haber sido víctimas de un delito en doce meses. 

Los costos de la violencia

La violencia tiene la capacidad de distorsionar la asignación de recursos públicos y privados, contribuyendo de esta forma a la persistencia de la desigualdad.

Se estima que los costos directos e indirectos del crimen en la región son alrededor del 3 por ciento del PIB en el país promedio y en más del 6 por ciento en los países más violentos de América Central. 

El Banco Mundial estima que los costos relacionados con los gastos médicos, la pérdida de productividad y el gasto público en seguridad ascienden al 3,7 por ciento de la producción anual. Esto representa un desperdicio sustancial de los recursos públicos que se necesitan para la defensa, la policía, los programas de prevención y el castigo.

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