Internacional

47 millones de mujeres perderán el acceso a métodos de planificación familiar como resultado de la pandemia

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  • Voces expertas advierten del riesgo de que los derechos sexuales y reproductivos acaben siendo excluidos de los marcos mundiales y compromisos internacionales

Por Gloria López

SemMéxico/AmecoPress. Madrid, 16 junio 2020.- Un informe del Fondo de Población de la ONU advierte de que algunas medidas para combatir la covid-19, como el confinamiento y el cierre de clínicas por falta de material y personal, dejarán sin acceso a métodos anticonceptivos a 47 millones de mujeres y vaticina siete millones de embarazos no deseados en los próximos seis meses, en 114 países de renta baja y media. Esta cifra ilustra el momento tan crucial que vivimos y la necesidad de contar con un discurso sólido de defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Es una de las conclusiones del webinario ‘Los derechos sexuales y reproductivos como condición esencial del acceso universal a la salud’.

Este evento forma parte del ciclo ‘La igualdad de género para la (re)construcción de un mundo sostenible’ que se organiza con motivo de los 25 años de la Conferencia de Beijing. El acceso universal a la salud sexual y reproductiva es imprescindible para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y para que se cumplan, por tanto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es, además, una inversión altamente rentable ya que se estima, como recordó la periodista Patricia Simón en el webinario, que las intervenciones en esta materia logran un retorno de 9 a 1, debido a su alto impacto favorable sobre la salud.

Pero a pesar de las evidencias, las resistencias son múltiples y existe un riesgo real de que estos derechos acaben siendo excluidos de los escenarios políticos mundiales y los compromisos de los Estados. Ya antes de la llegada de la pandemia, las carencias eran enormes, como muestran algunos datos: la OMS calcula que en el mundo 214 millones de mujeres que desean evitar o retrasar un embarazo no tienen acceso a anticonceptivos eficaces, lo que supone 74 millones de embarazos no planificados cada año en países de ingresos bajos y medios. Además, 200 millones de mujeres y niñas han sufrido mutilación genital femenina en 20 países de África y Oriente Medio.

La crisis provocada por el Covid-19 ha provocado un desvío de recursos para responder a la pandemia. Además, como expuso Eva del Hoyo, Subdirectora General de planificación y coherencia de políticas de la DGPOLDES (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación), el confinamiento se traduce en una pérdida de libertad que aumenta el riesgo de violencia de género, constatándose un aumento en los casos de feminicidio y también de violencias sexuales. Por ello, la respuesta a la pandemia debe incorporar un enfoque feminista y tener en cuenta los derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido, “la conmemoración de Beijing+25 es una oportunidad única para no bajar la guardia y luchar contra retrocesos que están sobre la mesa” y el Foro Generación Igualdad es clave para reafirmar el compromiso con los derechos sexuales y reproductivos.

Efectivamente, ante el riesgo de que estos derechos acaben siendo excluidos de los escenarios políticos mundiales y los compromisos de los Estados, desde la sociedad civil se reclama a la comunidad internacional que se movilice la financiación necesaria para cumplir con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo y la Plataforma de Acción de Beijing. España, como actor global, no puede obviar su responsabilidad y debe tener un papel activo para contribuir a sostener los avances logrados, frenar los discursos regresivos y evitar cualquier retroceso que desde algunos ámbitos podrían tratar de justificarse por el actual estado de excepcionalidad global.

La esencialidad de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos

“Esta crisis nos interpela a un nivel profundo, casi filosófico”, reflexionó Luis Mora, representante de UNFPA en Marruecos y experto en salud y derechos sexuales y reproductivos, quien lamentó las consecuencias de la falta de continuidad de los servicios esenciales debido al Covid-19, entre los que se encuentran los de salud sexual y reproductiva, ya que “las mujeres no pueden esperar para dar a luz, ni los controles prenatales, ni para el ejercicio de su salud sexual y reproductiva”.

Mora fue el encargado de resaltar los avances en el balance de los años transcurridos desde las conferencias mundiales de El Cairo y Beijing: reducción drástica de la mortalidad materna, enorme aumento de la información y acceso a anticonceptivos modernos, legislaciones y políticas contra la violencia, reducción de la mutilación genital femenina y del matrimonio infantil, empoderamiento a nivel personal y colectivo, surgimiento de todo un movimiento que respalda los derechos sexuales y reproductivos.

Álvaro Bermejo, Director Ejecutivo de la Federación Internacional de Planificación Familiar, denunció las prácticas de algunos gobiernos que están utilizando la crisis del Covid-19 para limitar el acceso de las mujeres y niñas a los servicios de salud sexual y reproductiva, citando los intentos de la Administración de Estados Unidos para prohibir el aborto en diversos Estados y la pretensión del gobierno de Polonia de hacer lo mismo, parada de momento por la movilización de las mujeres.

La pandemia evidencia lo que “ya sabíamos”, recordó Bermejo: “la necesidad de acelerar los esfuerzos para reforzar los sistemas de salud, y la necesidad de consolidar y reforzar lo que se ha avanzado en derechos”.

En el debate se denunciaron los graves desafíos que enfrenta la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, aún inacabada: el impacto del “profundo proceso de privatización de la agenda de salud sexual y reproductiva de las mujeres”, la instrumentalización de los derechos de las mujeres desde la agenda de cooperación, o los dilemas éticos que plantea la modificación de la reproducción humana con nuevas técnicas como la gestación subrogada.

Una oposición cada vez más organizada y agresiva

También se advirtió de que “las fuerzas que se oponen a los derechos sexuales y reproductivos cada vez son más agresivas y violentas, y están más organizadas”, en palabras del director de IPPF. “Eso cuesta vidas”. Bermejo hizo un llamamiento a ser “más ambiciosos y valientes si queremos que se cumplan los compromisos”; “España debe jugar un papel más activo junto a otros gobiernos progresistas, apoyando a movimientos y organizaciones feministas que luchan por estos derechos”. El director de IPPF hizo un llamamiento a prestar atención a realidades como América Latina, donde se encuentran cuatro de los cinco países que todavía prohíben totalmente el aborto, con un enorme coste en vidas humanas, e instó que se actúe con voluntad política y con inversión para para reforzar los sistemas sanitarios y la integración en ellos de la salud sexual y reproductiva con un enfoque de equidad.

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Desde Médicos del Mundo, Felicitas Ibáñez, apostó por el papel de la atención primaria para garantizar el acceso a la salud de todas las personas y recordó que, según su experiencia, en las crisis sanitarias las personas más vulnerables no son adecuadamente atendidas, y entre ellas están las mujeres. “Las mujeres llegan más tarde a los servicios de salud porque están cuidando. Hay que tener en cuenta los roles de género en estas crisis”. Ibáñez abogó por un enfoque de derechos humanos en la búsqueda de ampliación de los derechos sexuales y reproductivos desde la atención primaria, dirigiéndonos hacia el fortalecimiento del sistema de salud, el empoderamiento de las mujeres y la corresponsabilidad.

El próximo día 18 de junio se cierra el ciclo La igualdad de género para la (re)construcción de un mundo sostenible con el webinario ‘El fin de las violencias contras las mujeres y su vinculación con nuevos modelos de relaciones sociales’ que contará con la participación de Victoria Rosell, Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

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