Elecciones 2018Sara Lovera

63 asesinatos del funcionariado y candidaturas en el proceso electoral 2018

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Sara Lovera

SemMéxico. Cd. de México. 28 de marzo de 2018.- Luego de conocer que en México se ha asesinado una persona de la política cada 3 días desde septiembre en que comenzó el proceso electoral 2018, la OEA pidió urgentemente legislar y prevenir la violencia política contra las mujeres por ser una amenaza para la democracia y la gobernabilidad.

En México de 64 asesinatos de candidatos/as, alcaldes/sus, regidores/as e integrantes de partidos políticos, al menos 4 mujeres fueron asesinadas y una docena amenazadas de septiembre en que comenzó el proceso electoral a la fecha, lo que motivó al Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) a señalar que la violencia que se ejerce contra las mujeres en la vida política constituye una grave violación de los derechos humanos y atenta contra la paz electoral, la gobernanza y los derechos a la participación política libre y sin restricción. 

Apenas hace 36 horas fue ultimada Janet González López, tesorera del municipio de Constancia del Rosario, en la región Triqui de Oaxaca. Y ahí mismo integrantes del Partido de Mujeres Revolucionarias (PRM) exigieron al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) respete su registro como partido político, el único en su tipo en México.

En Guerrero fueron asesinadas en febrero último dos precandidatas a diputaciones locales y hay denuncias de amenazas a quienes desean participar o ya participan. La preocupación de la OEA coincide con el comienzo de las campañas electorales este próximo viernes.

En entrevista telefónica con la secretaria ejecutiva de la CIM, Carmen Moreno Toscano, luego de comentar la preocupación de la OEA, expresada en Panamá en noviembre de 2017, señaló que el comité de expertas preparó una Ley Modelo denominada Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política.

Esta Ley Modelo, explicó, busca servir de fundamento jurídico y proporcionar a los Estados el marco legal necesario para asegurar el derecho de las mujeres a una vida política libre de violencia, y con ello, avanzar en el proceso de armonización de los ordenamientos jurídicos nacionales con las disposiciones establecidas en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en el entendido que la eliminación de la violencia contra las mujeres en la vida política es condición esencial para la democracia y la gobernabilidad en el hemisferio.

Entre las principales contribuciones de la Ley Modelo se encuentra la definición del concepto de violencia contra las mujeres en la vida política, en seguimiento a lo establecido en la Convención de Belém do Pará y en la CEDAW. La clave de la definición de esta violencia se encuentra en la expresión “basada en su género”. El concepto abarca así toda manifestación de violencia en la vida política dirigida contra las mujeres por el hecho de serlo, o que afecta a las mujeres desproporcionadamente, cuyo objetivo o resultado es impedir total o parcialmente a las mujeres gozar de sus derechos políticos.

Algunos aspectos innovadores de la Ley Modelo es el establecimiento del vínculo entre la violencia política y la paridad; la protección se extiende a todas las mujeres que participan en el espacio público; entre otros aspectos.

Por otro lado, la Ley Modelo define como actos de violencia contra las mujeres en la vida política acciones, conductas u omisiones, basadas en su género, tales como amenazas que tengan por resultado anular sus derechos políticos; dañar de cualquier forma elementos de su campaña electoral, impidiendo que la competencia se desarrolle en condiciones de igualdad; divulgar imágenes o mensajes que revelen información basada en estereotipos de género que busquen menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos; entre otras situaciones.

El MESECVI ya se había pronunciado anteriormente sobre el tema, a través de la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres, donde las Autoridades Nacionales Competentes (ANC) expresaron que la utilización de la violencia política afecta gravemente el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. 

Esa Declaración incluye como primer acuerdo impulsar la adopción de normas para la prevención, atención, protección y erradicación de esta violencia. Adicionalmente, en la reciente reunión de la Conferencia de Estados Parte del MESECVI, celebrada en Ciudad de Panamá los días 29 y 30 de noviembre de 2017, los Estados acordaron alentar a los países que aún no la tienen, a que incorporen dentro de sus marcos normativos correspondientes las directrices de dicha Ley Modelo.



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