Save the Children alerta de la criminalización que están sufriendo los y las menores migrantes sin familia en España

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Las niñas y adolescentes se ven mucho más expuestas a convertirse en víctimas de explotación y de trata de seres humanos en los países de origen, tránsito y también de destino. 

Redacción AmecoPress

SemMéxico/AmecoPress. Madrid, 30 jul. 19.-Save the Children pide que no se criminalice a la población adolescente migrantes que no tienen referentes familiares en España y demanda al Gobierno central una estrategia para su protección e inclusión que incluya mecanismos de co-responsabilidad y reparto de tareas entre los actores a nivel estatal, autonómico y local.

La organización ha presentado hoy en la Fundación Cajasol de Sevilla el análisis Contando los pasos. En él, Save the Children ofrece datos sobre las migraciones en España y plantea una serie de recomendaciones para que las administraciones públicas lleven a cabo políticas migratorias responsables. La organización insiste en la importancia de tener una perspectiva de infancia en las políticas migratorias ya que los niños, niñas y adolescentes representaron el 12% del total de personas que llegaron de forma irregular a España por el estrecho de Gibraltar en 2018.

Para Save the Children también es prioritario que se establezca un protocolo de atención en las llegadas en puerto para atender al conjunto de menores e identificar a las personas que pueden encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad. Esto debe ir acompañado de una modificación del procedimiento de determinación de la edad, tal y como ha recomendado Naciones Unidas.

El director general de Save the Children, Andrés Conde, ve necesario que se gestionen las migraciones de manera responsable y sostenible, con un enfoque integral, que garantice el respecto a los derechos humanos, el cumplimento de las obligaciones y que aproveche las oportunidades de la movilidad para los países de origen y de destino. “La mayoría de estos jóvenes no han mantenido conductas de riesgo o delictivas en su vida, por lo tanto, no podemos suponer que cada vez que se abre un centro de acogida en un determinado lugar, esos adolescentes cometerán actos delictivos”, lamenta Conde. “Es una obligación de todos, partidos políticos, administración y sociedad, garantizar los derechos de estos menores ante su situación de especial vulnerabilidad”, añade. Por ejemplo, en Andalucía sólo el 0,52% de la población adolescente migrante que han sido acogidos por el sistema de protección desde 2015 ha tenido medidas judiciales de internamiento por la comisión de algún delito.

Save the Children defiende que las aportaciones de la población migrante al sistema de bienestar permiten la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales para toda la sociedad como son la salud, la educación, el sistema de pensiones o las prestaciones económicas. Y recuerda que, como estima el Fondo Monetario Internacional (FMI), España necesitará más de cinco millones de extranjeros para la sostenibilidad de su sistema de bienestar hasta 2050, casi 170.000 personas cada año.

La organización trabaja con niños, niñas y adolescentes migrantes sin referentes familiares en Melilla, Andalucía y Catalunya. “Conocemos las circunstancias de sus viajes y hemos denunciado muchas veces las condiciones en las que se realiza su acogida. De forma conjunta con muchas otras organizaciones hemos observado cómo eran acogidos en centros sin traductores, sin camas suficientes, sin actividades de formación u ocio, sin perspectiva de infancia…”, asegura Conde. 

Paralelamente, la organización también alerta de que el sistema de protección en España ha perdido el rastro de más de 5.000 niños y niñas desde 2015 cuya responsabilidad tenía encargada.

Situación en Andalucía

Andalucía es la puerta de entrada de la mayoría de menores que viajan sin acompañante a nuestro país, por tanto, Save the Children reivindica que es por esta comunidad por donde se deben dar los primeros pasos para garantizar los derechos de estos niños y niñas. “El Sistema de Protección de Menores de la Junta de Andalucía carece de un protocolo que permita a sus trabajadores saber cómo proceder a la hora de detectar y proteger a la infancia con perfiles de especial vulnerabilidad, como las víctimas de trata, los solicitantes de asilo y los que han sufrido violencia durante su proceso migratorio. Por eso, le pedimos a la Junta de Andalucía que establezca un protocolo de actuación homogéneo que garantice la protección de estos niños y niñas”, concluye Javier Cuenca, director de Save the Children en Andalucía.

Niñas migrantes

Save the Children también hace una valoración sobre cómo afecta esta realidad a las niñas y las adolescentes ya que ellas emigran en menor medida que sus coetáneos varones. Esta realidad se debe principalmente a los rígidos roles y expectativas de género que caracterizan a sus contextos de origen, basados todavía en normas y tradiciones de fuerte enfoque patriarcal que tienden a infravalorarlas y a restringir mucho su libertad de elección. En muchas regiones las menores cuidan a los demás hermanos y hermanas, ayudan a realizar las tareas domésticas y contribuyen en la organización de la casa, de lo que sus pares varones son excusados. Para ello, muchas veces deben renunciar a su educación y a su formación. Además, en algunas áreas geográficas persisten prácticas como los matrimonios tempranos o el acogimiento fuera del núcleo familiar para el empleo doméstico, haciendo que las niñas pasen rápidamente de vivir bajo la autoridad de sus padres a la de sus maridos u otras familias.

Las niñas y adolescentes se ven mucho más expuestas a convertirse en víctimas de explotación y de trata de seres humanos en los países de origen, tránsito y también de destino. Dicha exposición a los riesgos condena a muchas de las jóvenes que viajan solas a quedarse atrapadas en los países de tránsito, víctimas de redes criminales que las mantienen en condiciones de clandestinidad e invisibilidad para evitar que huyan. En estas mismas condiciones se encuentran también muchas de las pocas niñas y adolescentes que logran llegar a España. 

Resulta preocupante la sobrerrepresentación de las niñas de Nigeria y de Camerún entre los menores que son tutelados por las administraciones públicas. Estos dos colectivos son los únicos formados sólo por menores de sexo femenino en España, característica que revela las modalidades bajo las que probablemente se ha llevado a cabo el trayecto migratorio y la finalidad oculta de sus llegadas.

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