- En 2018, asesinados 321 defensoras/es y 53 periodistas en México
- Poco interés de la Secretaría de Gobernación para coordinar acciones: senadora Salgado
Guadalupe López García
SemMéxico, Ciudad de México, 8 de agosto de 2019.- En 2018, al menos 321 defensores/as de derechos humanos y 53 periodistas fueron asesinadas/os. En este año ya son 14 defensoras/es y 12 periodistas, cuyos crímenes están relacionados con su profesión y actividades, indicó la embajadora de Reino Unido en México, Corin Robertson.
Durante la presentación efectuada en el Senado de la República, del informe Frente al Riesgo y al Caos. Análisis del marco normativo de protección para personas defensoras y periodistas en México, la senadora Nestora Salgado, condenó esos asesinatos y la narrativa que difama, criminaliza y revictimiza a quienes perdieron la vida. Igualmente, extendió sus condolencias a sus familiares y su solidaridad a quienes han resultado lesionados.
Coincidió con Propuesta Cívica, la asociación civil que elaboró el reporte, de transitar de la protección que se brinda actualmente a un sistema nacional de protección para defensoras/es y periodistas, que atienda tanto las necesidades específicas de quienes son agredidas/os como la complejidad del problema, así como contar con un marco jurídico adecuado que sustente ese sistema y que marque las atribuciones para cada ente público involucrado. El actual Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas sería un elemento más.
Ante ello, urgió a la revisión a fondo de dicho mecanismo, a cargo de la Secretaría de Gobernación, el cual —reconoció—ha tenido varias fallas. El año pasado, dijo, casi se queda sin presupuesto; para este año se destinaron 207.6 millones de pesos, los cuales han sido insuficientes, además de la burocracia excesiva de la que se quejan las víctimas, la que impide acceder a seguridad y garantías para llevar a cabo sus actividades.
Citó el caso del corresponsal de la revista Proceso en Guerrero, Ezequiel Flores, quien se retiró del mecanismo, argumentando desconfianza de las instituciones. Incluso, Salgado señaló que a la fecha a ella nunca se le otorgó la protección solicitada.
Asimismo, reconoció que hay poco interés de la Secretaría de Gobernación tanto del subsecretario Alejandro Encinas como del coordinador del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Aarón Mastache, para hacer un trabajo conjunto; ni siquiera le han tomado las llamadas, apuntó.
Mario Hurtado, de Propuesta Cívica, AC, expuso que los mecanismos de protección a nivel regional, entre ellos México, tienen un enfoque limitado y reducido. Hizo énfasis en que la prevención, protección, investigación y sanción son cuatro elementos claves que deberían componer una verdadera política integral, pero a la fecha ha sido reducida a temas de seguridad.
En México, abundó, hay planes de protección en situaciones de riesgo (botones de pánico, escoltas, infraestructura), pero no hay análisis de las causas estructurales que generan la violencia contra esos grupos de población. Hay una duplicidad de normatividades a nivel nacional y estatal, ya que 12 entidades han creado mecanismos de protección (estructura institucional) para atender el riesgo y la integridad física, pero no para generar garantías ejercicio de derecho, detalló.
“Lo que va a salvar vidas no van a ser las medidas de protección sino las medidas políticas que hagan un reconocimiento a la labor y un combate detonante y certero a la impunidad”, puntualizó. Las y los expositores se refirieron al combate a la impunidad como un aspecto fundamental para que defensoras/es y periodistas efectúen su trabajo sin riesgos y que no les cueste la vida.
En tanto, Mastache informó que actualmente hay 948 periodistas y defensoras/es acogidos en el mecanismo de protección. En la administración federal actual, al mes de julio, fueron 163 nuevos beneficiarios. Las entidades con mayor concentración de casos de defensoras/es con protección son Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Coahuila. Las agresiones a periodistas, se concentran en Tamaulipas, Guerrero, Ciudad de México y en Quintana Roo.
El análisis del Mecanismo que ha hecho el gobierno federal coincidió con el panorama expuesto y admitió fallas en el sistema tecnológico que provee una empresa privada desde 2012, aunque no ha habido desviación de recursos, de acuerdo con el resultado de una auditoría. Aludió a la evaluación del Mecanismo, por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que establece 104 recomendaciones que se deberán atender.
El reto principal, señaló, es consolidar una política de Estado para la protección de periodistas y defensoras/es de derechos humanos que contemple –entre otras medidas— el involucramiento de las entidades, sanciones a servidores públicos que no cumplan con los lineamientos y clarificar la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Junta de Gobierno. Añadió que están solicitando a la Secretaría de Hacienda para que se les asigne 150 millones de pesos más.
La diputada federal Rocío Barrera Badillo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, mencionó que ya hay muchos diagnósticos, ahora lo que se requiere son resultados. Reconoció que el Mecanismo es más una herramienta para reducir la presión local y externa que para resolver la situación y que en México el problema no es en el diseño normativo sino en la ejecución de la ley.
Dio cuenta de los avances de las mesas de diálogo que su comisión sostiene con organizaciones nacionales e internacionales, con periodistas y defensoras/es y otros actores sociales que demandan un marco normativo adecuado para proteger, investigar, sancionar y reparar el daño de los delitos cometidos contra activistas y comunicadores.
Las y los participantes en el conversatorio insistieron en la importancia de reestructurar el mecanismo señalado e impulsar una política integral de protección, con perspectiva de género y enfoque diferenciado, que contemple eliminar los tipos penales que criminalizan a periodistas, reforzar el acceso y transparencia de la información.
Asimismo, modificar la ley sobre publicidad gubernamental para que no se pueda utilizar como factor de presión a los medios informativos, renovar el derecho civil para que se reduzca el acoso judicial y se eviten las demandas multimillonarias en contra de periodistas, como lo señaló Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada de ONU-DH, Michelle Bachelet.
Por otra parte, Corin Robertson informó que, en colaboración con México, el gobierno de Reino Unido impulsa programas de prevención y capacitación en 20 entidades del país y dio acompañamiento a nueve proyectos de diagnóstico sobre prevención de violencia en contra de periodistas y defensoras/es.
También intervino Brenda Pérez, de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, quien habló de la campaña “Haz que se vean” que da a conocer el trabajo de periodistas y defensoras/es. Igualmente, Norma Garduño, defensora de derechos humanos en Morelos, quien expuso el caso de su familia desplazada y su experiencia negativa, al acogerse al Mecanismo de Protección, con el cual recibían 21 pesos diarios por persona, como apoyo económico para alimentos.
Entre las y los asistentes estuvieron periodistas como Rogelio Hernández López, colaborador de SemMéxico. Antonio Sánchez, del Despertar de Sonora, dijo que en su entidad ya no cubren notas policiacas porque tienen miedo. “Matan a un periodista y parece que mataron a un perro”, espetó.
SEM/gl/IL
