- En asesinato de abogada no aplicó protocolos para casos de violencia familiar
- Responsabilizan a la justicia de los hechos
Mercedes Alonso
SemMéxico/Semlac, Santo Domingo, 5 septiembre 2019.- El asesinato de Anibel González Ureña el pasado viernes 30 de agosto a manos de su ex pareja, Yasmil Oscar Fernández Estévez (Ray), quien le propinó tres disparos a quemarropa, además de provocar reacciones de indignación, consternación e incredulidad en la sociedad dominicana, ha desatado disímiles debates en torno a la ineficiencia de la justicia, tildada como responsable del trágico final de la joven abogada de 30 años, por no aplicar el protocolo establecido para los casos de violencia de género y dejar indefensa a la víctima.
Se trata de la segunda y fulminante ocasión en que el agresor atentó contra la vida de quien fuera su esposa y madre de sus tres hijas. En la primera, ocurrida el 3 de diciembre de 2017, el feminicida le propinó siete puñaladas frente a sus niñas, ocasión a la cual pudo sobrevivir. Entonces, Fernández Estévez (Ray), fue, supuestamente apresado; pero, cumplió una leve pena de menos de 2 años, que le permitió materializar esta vez su plan macabro.
La pena debió ser de 30 años
Los medios de comunicación en el país y las redes sociales se han encargado de exponer con claridad las deficiencias de un sistema, dígase Ministerio Público, la Policía y la justicia en general, cuyas consecuencias reflejan el incremento de los feminicidios en el país.
El hecho es que cuando Anibel González recibió las 7 puñaladas frente a sus hijas, y logró a duras penas sobrevivir, decidió superarse, y tras realizar estudios en el Instituto de Educación Superior Especializado en Formación Diplomática y Consular (INESDYC), y lograr una pasantía en la embajada dominicana en Washington, se propuso conseguir una designación fuera del país, sin duda alguna, con el propósito de alejarse de las amenazas de su exesposo. Pero, sucedió que a su regreso a Santo Domingo le esperaba el criminal, liberado en menos de dos años, cuando en realidad la pena debió haber sido de no menos de 30 años, tal y como expresó en su cuenta twiter la exfiscal del Distrito Nacional y Procuradora de la Corte de Apelación, Yeni Berenice Reynoso, quien afirmó:
“El crimen cometido contra la joven madre y abogada #Anibel en diciembre del 2017 era una tentativa de asesinato, la pena impuesta debió ser de 30 años, su victimario tenía que estar en la cárcel, no en libertad. Lamento profundamente su asesinato”.
El sociólogo Juan Miguel Pérez también hizo saber su criterio a través de esta red social: “El germen del machismo matador se puede localizar: ¿Residencia? vive a oscuras durmiente en el inconsciente de todos los hombres nacidos en una cultura que venera el uso de la fuerza bruta ante fuerza fina. ¿Motivo? El insaciable apetito del bruto por dominar. ¿Responsable? El Estado”, escribió.
Por su parte, el abogado Félix Portes dijo: “La abogada Anibel González dejó en la orfandad a 3 niños. En el 2017 su verdugo intentó asesinarla a puñaladas frente a sus niños, quedó gravemente herida. Lo mandan a prisión, pero ayer ya en libertad, la asesina… quién le responde a esos niños por este fracaso del sistema?”
De inmediato, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), solicitó una investigación y Miguel Surun Hernández, presidente del gremio calificó como “inexplicable que este señor se encontrara libre con tan solo haber cumplido un año y medio de prisión, a pesar de su historial de violencia física y sicológica en contra de la víctima y de la gravedad del hecho cometido (…) El Colegio de Abogados exige una investigación profunda sobre el manejo de este caso, ya que no podía haberse realizado un acuerdo penal abreviado con Ray en un caso de este tipo”.
Más protestas
La noche de este lunes primero de septiembre, decenas de personas se dieron cita frente a la Procuraduría General de la República Dominicana, para alzar sus voces en protesta, no solamente por la muerte de Anibel González Ureña, sino, además, por la treintena de feminicidios registrados en el país en lo que va de año.
“Es a través de la educación en política de género que podremos reducir los efectos del machismo en nuestro país, no vamos a poder pararlo si no tomamos conciencia de que el feminicidio es una realidad y hay que enfrentarla”, expresó Nicole Dávalos, portavoz de Con mis derechos no te metas, una de las entidades convocantes del acto.
“En el país no es raro que se produzcan casos de impunidad (…) estamos esperando la investigación en torno a las actuaciones de la Fiscalía, porque se dice que hay dinero involucrado”, sentenció Dávalos.
¿Acuerdos con el agresor?
La Procuraduría General de la República informó que Fernández Estévez salió en libertad en virtud de un acuerdo penal abreviado que había firmado también la propia víctima y el Ministerio Público, depositado y aprobado en enero pasado por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, una de las 32 provincias de la República Dominicana, situada a unos 73 kilómetros de la capital, donde residía la hoy occisa.
No obstante, el Ministerio Público observó: “Es evidente que la fiscal que presentó al tribunal el acuerdo se apartó del principio de legalidad, aceptando un acuerdo jurídicamente improcedente, que aún haya sido propuesto por la víctima hoy asesinada, violenta los lineamientos generales del Plan Nacional Contra la Violencia de Género que desarrolla la Procuraduría General de la República”.
De manera que la investigación preliminar, según observa la Procuraduría, evidencia que existían causales para revocar el acuerdo, y que, aunque la víctima y el victimario hubiesen consensuado, no debió ser aceptado por el Ministerio Público.
En tal sentido, Miguel Ureña, identificado como abogado y tío de Anibel González, negó que su pariente firmara acuerdo alguno y acusó a las autoridades de intentar dañar su reputación “aún después de muerta”.
Más investigaciones…
Este miércoles 4, InformativoMAS publicó una nota en torno a nuevas revelaciones sobre el acuerdo firmado por el Ministerio Público de San Pedro de Macorís, que redujo la prisión por intento de homicidio a Yasmil Oscar Fernández y su salida de prisión en breve tiempo.
La nota aclara que se pudo conocer que la fiscal que tenía a cargo el proceso, Luz Aurora Almonte, había notificado la situación al procurador general de la República Jean Alain Rodríguez y a los titulares de otros entes vinculados.
Amplía la información que además del procurador, Almonte había extendido esta notificación, hace seis meses, a la coordinadora de la Dirección de Violencia de Género, Ana Andrea Villa Camacho, y al inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez. Sin embargo, el Ministerio Público no tipificó el caso como intento de asesinato y, según consta en la sentencia, Aurora Almonte se retiró de audiencia tras decir al tribunal que fue “sorprendida en su buena fe” con un acuerdo que no conocía.
Ante esta situación, y tras reanudada la audiencia, la fiscal Margarita Hernández asumió el proceso y consta que, tras oponerse al arreglo, Almonte fue trasladada al Departamento de Género. De esta forma, a Yasmil Oscar Fernández le fueron suspendidos tres años y seis meses de prisión. A cambio, él debía “abstenerse de agredir, amenazar o intimidar a la víctima, comprometerse a presentarse ante el centro conductual para hombres del centro doctor Luis Bergés, durante el tiempo de suspensión de la pena”. También se le ordenó su alejamiento del domicilio de Anibel González, disponiendo una orden de protección a favor de la víctima. El pasado sábado 31 de agosto, Yasmil Oscar Fernández Estévez logró acabar con la existencia de Anibel González Ureña, en presencia de sus tres hijas, tal y como fue su propósito desde un inicio.
Ahora medidas, pero…
Los fiscales titulares de San Pedro de Macorís y de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Pedro Núñez Jiménez y Margarita Hernández Morales, fueron movidos de sus cargos hasta que concluyan las investigaciones; en tanto que la Procuraduría continúa sus análisis sobre el informe elaborado por la fiscal adscrita a esa unidad, Luz Almonte Pérez, de fecha 28 de febrero de este año, en la que dio a conocer el acuerdo que dejó libre a Yasmil Oscar Fernández.
Ahora, las voces se unen en un mismo tono: ¿Quién mató a Anibel González Ureña? Y la respuesta es que no fue solamente el feminicida que con puñales no pudo y ahora empleó balas, para luego suicidarse; fue también la “Justicia” victimaria la que le condenó y no supo protegerla. El nombre de esta mujer, abogada y madre, se suma a los 36 feminicidios reportados por el Observatorio de Igualdad de Género, del Ministerio de la Mujer, en lo que va de año.
Anibel González no pudo integrar la lista de las 651 que durante 2019 se han librado de una muerte brutal por parte de sus compañeros o excompañeros de vida.
Instituciones jurídicas, educativas, femeninas, periodistas y la ciudadanía en general condenan el espantoso crimen y la manera irresponsable con que actuaron quienes tenían en sus manos la posibilidad de salvar y defender los derechos de esta mujer, a quien califican como una víctima más de la violencia de género en la sociedad dominicana.
SEM-SEMlac/ma
