- Andrea Medina: en diciembre vence el plazo que la Conavim dio al gobierno local para valorar las acciones
- En la transición de procuraduría a fiscalía, no se ha incluido a feministas
Guadalupe López García
SemMéxico, Ciudad de México, 9 septiembre 2019.- La respuesta del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), respecto de los últimos acontecimientos que ocurrieron, luego que se dio a conocer la violación de una joven por cuatro policías en la delegación Azcapotzalco, ha evidenciado que se sigue focalizando la responsabilidad en las víctimas, quienes exigen justicia, y no en lo que tienen que hacer las autoridades, aseguró la abogada feminista Andrea Medina Rosas.
En entrevista con SemMéxico, indicó que las decisiones del Estado han sido una mala respuesta; siguen siendo actos reactivos, sin profundizar y sin retomar lo que se ha construido. “No vemos esa coordinación necesaria” entre las instituciones ni claridad en las estrategias, a pesar de que el gobierno capitalino ha convocado a las organizaciones y activistas feministas a reuniones conjuntas, apuntó.
Destacó el Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para la Ciudad de México, del cual se pueden retomar muchos aspectos. En lugar de eso, se lanza el Plan de Acciones Inmediatas de Atención a la Violencia contra las mujeres, lo cual, para la especialista, no es suficiente.
Si bien la Secretaría de las Mujeres de la CDMX (Semujeres) ha retomado varios aspectos del Informe de la AVGM, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), sumó otros aspectos en su resolución del 7 de junio de 2019, lo que genera confusión para poder darles seguimiento, previno.
A pesar de que no hubo “elementos objetivos suficientes” para declarar la AVGM, como indica el dictamen, la Conavim estableció un plazo de seis meses (plazo que se vence en diciembre próximo) para valorar las acciones que ejecute el gobierno local, lo que deja en evidencia que no han sido suficientes las medidas tomadas que buscan frenar la violencia y los feminicidios en la capital del país, indicó.
Por otra parte, Medina Rosas advirtió que faltan cuatro meses para que se venza el plazo de transición de procuraduría a Fiscalía General de Justicia de la CDMX y que en ese proceso no han convocado a las organizaciones feministas, pese a que, al parecer, ya hay un grupo conformado que trabaja ese cambio. “Nos tienen que sentar ahí”; no queremos reuniones en corto; queremos que ese proceso sea transparente y que se informe sobre los avances, demandó.
No es un mero cambio de nomenclatura, puntualizó. Esta transición es un momento clave para definir la estructura de la fiscalía, depurar al personal, garantizar mejores condiciones laborales, consolidar el servicio profesional de carrera y los perfiles, contar con mecanismos de evaluación y tener protocolos, detalló.
El cambio, continuó, debe contemplar qué se va a hacer con los rezagos de los expedientes y cómo se agilizarán los que vayan entrando. Lo central es lo que tiene que ver con los servicios periciales, puesto que han sido el principal obstáculo para acceder a la justicia. Su metodología no está adecuada a ni a una perspectiva de derechos humanos ni a la de género, además de que su personal no cuenta con esa formación.
Expuso que un gran número de denuncias sobre agresiones sexuales se van a reserva, porque las autoridades dicen que no hay indicios, cuando en realidad es debido a que los dictámenes se integran mal, además de la interpretación que hacen los ministerios públicos (con base en estereotipos de género). Esto es parte de una cadena de obstáculos para el acceso a la justicia y es solo la tapa de la procuración de justicia. Ni siquiera hemos llegado a los juzgados que tienen problemáticas muy semejantes.
Como ejemplo, citó el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, víctima de feminicidio y cuyo juicio oral fue pospuesto hoy, el cual es una evidencia de que los jueces y juezas no tienen un criterio claro de los delitos que tienen que ver con la violencia contra las mujeres, de acuerdo con el enfoque derechos humanos.
Es por ello, que Medina Rosas hizo énfasis en la capacitación que, de acuerdo con las autoridades, se ha impartido a servidoras/es públicas/os de distintas áreas y quienes tienen que ver con la seguridad pública y la procuración de justicia. “Que nos muestren los resultados del impacto”, que nos indiquen lo que ha hecho el Instituto de Formación Profesional, qué tipo de capacitación tiene, pidió.
Detalló que no se trata de que capaciten o que “nosotras lo hagamos”, sino que haya procesos formales, estructurales y que se vinculen con los procesos que tienen que ver con los perfiles, con evaluaciones más detalladas y con un conocimiento técnico al respecto.
Referente a la Agenda del Diálogo Ciudadano entre Mujeres Todas de la CDMX sobre el acceso a la justicia y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en esta ciudad, dijo que fue integrada en un espacio que se busca sumar a los debates que las feministas están teniendo y ver cuáles son las coincidencias y diferencias que hay en sus reflexiones.
Como abogada, reconoció que hay distintas posiciones que no necesariamente quedan claras, por lo que se requiere un planteamiento mucho más técnico y especificó frente a las autoridades, sobre lo que demandan y cómo quieren ver resultados.
Explicó que la reunión efectuada el 31 de agosto pasado partió de la inconformidad que surgió cuando el gobierno de la CDMX convocó solo a algunas feministas, como si tuvieran una representación y propuestas únicas, aunque también se hizo como una manera de exigirle al gobierno y al Estado que deben cumplir con sus obligaciones, agregó.
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