Josefina Aguilar Pastor
SemMéxico. Chilpancingo Guerrero, 18 de septiembre de 2019.- Activistas feministas, solicitaran al Congreso del Estado, llame a comparecer al Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, y a la titular de la Secretaría de la Mujer (Semujer), Maira Gloribel Martínez Pineda, respecto del abuso sexual contra de una mujer embarazada en la unidad de partería de Chilpancingo, califican como grave que traten de minimizar este hecho.
Viridiana Gutiérrez Sotelo, integrante del Observatorio Ciudadano de Violencia hacia las Mujeres en Guerrero (Obvio-Guerrero), dio a conocer que este jueves, acudirán al Congreso del Estado, a solicitar por escrito, que de la Peña Pintos y Martínez Pineda sean llamados a explicar el caso de la mujer embarazada, las acciones que han emprendido no solo para resarcir el daño, sino para que un hecho similar no vuelva a ocurrir.
Se trata recalcó, de un hecho muy grave, en el que el Secretario de Salud, no puede justificarse bajo el argumento que el delito fue cometido por alguien que prestaba un servicio subrogado. Recordó que el dictamen de Alerta de Violencia de Genero (AVG), emitida en 2017 para el Estado de Guerrero, señala que el Gobierno tiene la obligación de difundir los alcances de la alerta, por lo que todos y todas en Guerrero, deberían a estas alturas saber sobre el tema.
“Y alguien que trabaja para el Estado directa o directamente tendría que saber lo que constituye violar solamente los derechos de una institución pública, pero materializar la violación sexual como sucedió en la clínica de Chilpancingo, tiene mayores alcances”, subrayó Gutiérrez Sotelo.
Las mujeres, no solo deben cuidarse de la violencia familiar en casa, en la calle de la violencia generalizada, ahora también en las instituciones donde se entrega la confianza y son mucho más vulnerables por la desnudez del cuerpo, y cualquiera puede aprovechar esta vulnerabilidad, acusó la activista.
En este caso, el Estado debería aceptar que, si es su responsabilidad, “porque fue dentro de su institución, con una empresa que ellos contrataron”, diferente habría sido, si fuera un hombre que se hubiese metido a la fuerza, amagado con una pistola, eso no habría sido su responsabilidad, pero aquí, es un tipo que conocían, al que el Estado le abrió la puerta bajo un contrato.
Fustigó que la Secretaría de Salud, ni siquiera ha dado a conocer la cancelación del contrato del supuesto agresor, o de la empresa, como lo ha declarado de la Peña Pintos, y tendrían que hacerlo público.
De la declaración hecha por el Secretario de Salud, de que no fincarán alguna responsabilidad por este hecho a ningún funcionario de la dependencia, Gutiérrez Sotelo señaló que es una muestra del valor que para el funcionario tienen los derechos de las mujeres, también lamentó que no haya un solo pronunciamiento a favor de la justicia para este caso, como lo ha habido en otros, como el del asesinato de un fotógrafo que trabajaba en una empresa extranjera internacional, que sí mereció la atención del Estado, de la Fiscalía General del Estado (FGE), y de otros actores políticos.
No ha habido ni una sola reacción de ningún funcionario, funcionaria, legislador o legisladora, de nadie que haya hecho replica a la petición de justicia, ni siquiera de la propia Secretaria de la Mujer, Maira Martínez Píneda, quien el día de los hechos acudió al lugar, y su silencio se presta a muchas especulaciones, hasta incluso, que llegó para acallar la denuncia de la víctima,
La representante de obvio- Guerrero, precisó que la petición hacia el Legislativo, va también en función de todas las omisiones que ambos funcionarios –Secretario de Salud y Secretaria de la Mujer-, han cometido para cumplir con las obligaciones que el Estado tiene con los derechos de las mujeres.
