* Tienen la posibilidad de poner fin a la criminalización y estigma hacia las mujeres
* Es un acto de justicia social para evitar que miles de niñas y mujeres se sometan a abortos inseguros
Redacción
SemMéxico, Cd. de México, 24 septiembre 2019.- Católicas por el Derecho a Decidir pidió al Congreso de Oaxaca pondere la salud de las mujeres y base su criterio en la protección de las mujeres y en el principio de laicidad de nuestro marco constitucional para aprobar la iniciativa de Ley que despenaliza la interrupción del embarazo hasta las doce semanas de gestación.
En un comunicado, la organización expone que los y las legisladoras de Oaxaca tienen en sus manos la posibilidad de poner fin a la criminalización y el estigma hacia las mujeres que interrumpen un embarazo, además de terminar con la desigualdad, al permitir que todas las mujeres tengan acceso a servicios de ILE legales y seguros.
Aprobar esta ley es un acto de justicia social para evitar que miles de niñas, adolescentes y mujeres se sometan a abortos inseguros. Esta iniciativa de ley en Oaxaca es una oportunidad histórica para que el Estado muestre su compromiso con los derechos, la vida, la salud, la dignidad y la libertad de las mujeres.
Las leyes que despenalizan la interrupción legal del embarazo, son justas, modernas, moderadas e integrales: Justas porque permiten que todas las mujeres, independientemente de su situación económica y lugar geográfico tengan acceso a servicios de ILE con calidad y calidez; modernas porque reconocen la autonomía y ciudadanía de las mujeres al permitirles ejercer su derecho a decidir libremente la interrupción de un embarazo que no desean; moderadas porque ponen un límite a este derecho, las 12 semanas de gestación. Integrales porque establecen la adopción de políticas y normas dirigidas a prevenir los embarazos no deseados.
De igual forma, la organización reconoce a las legisladoras y los legisladores que han demostrado su compromiso para proteger la salud reproductiva y la vida de las oaxaqueñas. Estas acciones son congruentes con diversas recomendaciones internacionales que garantizan la progresividad de los derechos humanos de las mujeres, específicamente los relacionados con la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Señalan que la Organización de las Naciones Unidas, en 2017 instó a todos los Estados a poner fin a la criminalización del aborto y a asegurar que todas las mujeres accedan a todos los servicios de salud, incluida la atención sexual y reproductiva.
La CEDAW, Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en 2018 recomendó al Estado mexicano ponga mayor empeño en acelerar la armonización de las leyes y los protocolos federales y estatales sobre el aborto para garantizar el acceso al aborto legal y, aunque no haya sido legalizado, a los servicios de atención posterior al aborto (Recomendación 42, inciso a)
Examen Periódico Universal recomendó armonizar los códigos penales de todos los estados mexicanos para que las mujeres, cualquiera sea su lugar de residencia, puedan acceder a la terminación legal, sin riesgo y voluntaria del embarazo, y garantizar el suministro de los servicios médicos correspondientes (Islandia) (Recomendación 206). Dicha recomendación fue ratificada el 30 de abril 2019 por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Condena de grupos conservadores genera discriminación
Católicas por el Derecho a Decidir señala que la condena de la jerarquía de la Iglesia católica y los grupos conservadores hacia las mujeres que han interrumpido un embarazo genera un ambiente de juicio, rechazo y discriminación hacia ellas. Esta condena desconoce que en la propia Iglesia existen posturas más misericordiosas sobre el aborto, inclusive el Derecho Canónico, ley interna de la Iglesia Católica, no condena el aborto en algunas circunstancias.
Por otra parte, los resultados de la Encuesta Nacional de Opinión Católica 2014 dan cuenta que la propia feligresía Católica tiene opiniones más compasivas sobre el tema:
• 80% está de acuerdo con que una mujer pueda hacerse un aborto cuando su vida está en peligro, mientras que siete de cada diez personas católicas están de acuerdo cuando el embarazo es resultado de una violación.
• 90% cree que las leyes que permiten el aborto no obligan a una mujer a abortar
• 74% apoyaría que la Iglesia católica permita el aborto en algunas circunstancias
SEM/sj
