* Es una cuestión de derechos humanos, dicen expertos
* Abortos inseguros provocan la muerte evitable de al menos 22 mil mujeres
Redacción
SemMéxico, Ginebra, 27 septiembre 2019.- Como un servicio esencial de salud reproductiva para mujeres y niñas, el acceso al aborto seguro y legal es fundamental para garantizar su derecho fundamental a la autonomía, la igualdad y la salud física y mental.
Señalan expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al emitir una declaración con motivo del Día Internacional del Aborto Seguro, que se conmemora este 28 de septiembre:
La negación del acceso a un aborto seguro y legal lleva la prestación de servicios a las manos de profesionales no calificados y exacerba los riesgos para la salud y la seguridad de las mujeres afectadas, en forma de lesiones y muerte relacionadas con el embarazo. Se estima que cada año se realizan 25 millones de abortos inseguros, que causan la muerte evitable de aproximadamente 22,000 mujeres, casi todas en países en desarrollo.
Siete millones de mujeres y niñas sufren lesiones que resultan en discapacidad e infertilidad. En contraste, los países donde las mujeres tienen el derecho efectivo al aborto a pedido, con el apoyo de medidas de planificación familiar asequibles y efectivas, tienen las tasas de aborto más bajas.
En demasiados Estados, el aborto todavía está criminalizado o no es accesible en la práctica, incluso donde es legal. Algunas mujeres enfrentan encarcelamiento por la decisión de interrumpir un embarazo, incluso cuando su propia salud está en riesgo. Algunas están encarceladas por casos de aborto espontáneo.
De acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, los Estados tienen la obligación de abstenerse del uso del derecho penal para castigar a las mujeres por interrumpir un embarazo, así como de derogar leyes y políticas restrictivas que ponen en riesgo la salud, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas.
Los estados deben garantizar el acceso a servicios de aborto legal, seguro y asequible y atención post aborto para todas las mujeres y niñas. Las personas que viven en la pobreza, en áreas rurales, con discapacidades, así como las mujeres migrantes e indígenas y las pertenecientes a minorías étnicas, continúan siendo las más afectadas por la discriminación estructural que limita su acceso a la atención médica, incluidos los servicios de aborto.
Las mujeres y las niñas en situaciones de crisis, ya sea debido a conflictos, desastres naturales o medidas de austeridad económica, también enfrentan un mayor riesgo de daños.
En este contexto, acogemos con beneplácito la adopción por parte de la Asamblea General de la ONU de una histórica ‘Declaración política sobre la cobertura universal de salud’ el 23 de septiembre de 2019, que reitera la necesidad de garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos.
En los últimos años, hemos observado una tendencia positiva en varias partes del mundo hacia la eliminación de barreras para acceder al aborto legal y seguro, que esperamos sea seguido por otros países también. Se eliminaron las prohibiciones constitucionales, los tribunales constitucionales derogaron las disposiciones penales, se aprobaron leyes que eliminaban el aborto de los códigos penales y regulaban el servicio en la legislación de salud, y algunos tribunales nacionales reafirmaron el derecho al aborto seguro como un derecho protegido constitucionalmente. En otros países, las mujeres que habían sido detenidas y condenadas a largos encarcelamientos después de la muerte fetal o aborto involuntario fueron liberadas.
Sin embargo, también hay intentos, en varias partes del mundo, de restringir el acceso a este servicio esencial de salud para las mujeres. Los movimientos conservadores religiosos politizados están haciendo un esfuerzo concertado para revertir los derechos de las mujeres y las niñas presionando por la criminalización del procedimiento, con castigos severos para quienes buscan y proporcionan abortos.
En algunos países, la introducción de restricciones legales sobre el acceso al financiamiento estatal y la cobertura universal de los servicios sexuales y reproductivos afecta la capacidad de las mujeres, en particular las más pobres y marginadas, para acceder al aborto, con graves consecuencias para los derechos humanos. Estas medidas son regresivas y perpetúan el estigma del aborto que es perjudicial para la capacidad de las mujeres y las niñas de tomar decisiones importantes sobre su salud.
Veinticinco años después de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, donde los gobiernos se comprometieron a poner fin al aborto inseguro en todo el mundo, que se volvió a confirmar en la Cuarta Conferencia Mundial de Mujeres, no podemos retroceder. Las devastadoras consecuencias sobre la vida y la salud de las mujeres y las niñas causadas por los abortos inseguros no dejan espacio para el retroceso.
Todos los Estados deben reconocer que el aborto es parte de la atención médica y es una cuestión de derechos humanos, integralmente vinculado a la dignidad de las mujeres y las niñas y los derechos a la vida, la salud, la igualdad y la privacidad.
SEM/sj
