Mujeres

A mayor pobreza más riesgo de morir para mujeres que abortan

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* Presentan resultados de estudio realizado por el CIESAS Pacífico

* Estigmatización, la moral y falta de capacitación prevalecen en servicios de salud

Josefina Aguilar Pastor

SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 7 noviembre 2019.- Mientras más pobre es una mujer que se practica un aborto, más riesgo tiene de morir en esa intervención por la forma en que se produce.

Prevalecen la objeción de conciencia, cuestiones morales del personal de salud, falta de capacitación del personal médico para la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046; la falta de atención a la violencia sexual; la estigmatización social, incluso del sector educativo; no considerar al aborto como un problema de salud, así como la falta de estadísticas y registros, son algunos de los factores revelados en el estudio «La regulación de los Derechos Sexuales y Reproductivos en la Legislación Mexicana: Criterios para la prevención y atención de la Violencia contra las Mujeres, en los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca”.

Presentado aquí por Paloma Bonfil Sánchez, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a iniciativa de la organización Obvio–Guerrero, quien elaboró el informe junto con Lina Rosa Berrío, Paola Sesia, ambas del CIESAS-Pacifico Sur de Oaxaca, y Daniela Díaz Echeverría, consistió en verificar la aplicación de la NOM 046 que prevé la atención en servicios de salud, para el  aborto legal en caso de violación en los Estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde se concentra no solo la mayor densidad de población indígena en el país, sino también una serie de escenarios de violencia combinados. 

De los tres estados estudiados, la investigación encontró, que en Guerrero, está más restringida la aplicación de la NOM 046 y la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El aborto, de acuerdo con la investigación, no es visto como un problema de salud pública, como el ejercicio del derecho a una interrupción legal del embarazo en caso de violación o como una amenaza a la salud y vida de la madre, sino pasa primero por una serie de consideraciones personales y subjetivas de valoración y prejuicios morales y personales, no solo en el personal del sector salud, sino también de procuración de justicia, incluso educativo, antes de verse como un problema de salud.

Ridículas cifras de violencia sexual son reportados

Las tres entidades tienen legalizada la interrupción del embarazo en caso de violación, pero los casos reportados para el año 2017, son ridículamente bajos, calificó Bonfil Sánchez, lo que habla de varias cosas, como un sub registro, poca denuncia, así como de todo un problema paralelo a los servicios donde se atienden los casos de aborto, y, por consecuencia, las violaciones no se registran y desde luego que no se castigan.

Mencionó casos paradigmáticos. Dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que los servicios estatales de salud no habían cumplido con la obligación de aplicar esta norma.

Uno de ellos, es el caso de Fernanda en 2018, en el hospital de Oaxaca; el de Marimar en hospital general de Cuernavaca; el de Adriana en el 2014, en Guerrero, de una mujer indígena Mephaa, liberada luego de una primera condena de ocho años, quien enfrentó una condena de 27 años de encarcelamiento por un aborto espontaneo.

A partir de estos casos emblemáticos, constataron que en la aplicación de la norma 046, sí hay un impacto directo en aquellas legislaciones restrictivas, en las que el parámetro para los criterios personales y discrecionales se abre muchísimo y el ejercicio de ese derecho para una víctima de violación y embarazada se restringe sobremanera, dijo la investigadora.

Poca respuesta y vacío de información

De acuerdo a este estudio, encontraron que, en Guerrero, hay muy poca respuesta y un gran vacío en la información. Se aplicaron cuestionarios de 96 preguntas sobre infraestructura, personal, presupuesto, abasto de medicamentos, condiciones de infraestructura, conocimiento de la norma, cantidad de usuarias, tipo de medidas tomadas, vinculación con el sector de procuración de justicia, si había habido denuncia del sector salud al ministerio público por caso de violación, entre otras.

Nos contestaron muy poco, eso ya en si nos da la idea de cómo están operando los servicios, que no tienen el registro, no tienen quién responda esa información o que no saben. En donde encontramos menos información fue a la pregunta sobre el tratamiento que se dio en los casos de violencia sexual, así como en la ministración de anticoncepción de emergencia, la prestación del servicio de interrupción legal del embarazo y los presupuestos.

Ante esos cuestionamientos fue muy difícil encontrar información *por no decir que casi no tuvimos”, expuso Bonfil Sánchez.

En cuanto al personal de salud, a pesar que de que se ha dicho que ha habido mucha capacitación sobre la aplicación de la NOM 046, muchas personas que laboran en los servicios de salud no saben ni siquiera que existe, no saben cómo aplicarla y hay mucho temor en aplicarla, porque piensan que pueden ser sujetos de alguna sanción.

Confirmaron que donde sí se aplica, es en aquellos lugares donde hay presencia de la sociedad civil organizada, organizaciones de mujeres que están viendo que se aplique la norma, dan acompañamiento una víctima, es gracias a la intervención de estas organizaciones que se hacen valer estos mecanismos legales, afirmó la investigadora.

En los tres estados investigados encontraron una baja incidencia de episodios de violencia; en Oaxaca en un hospital general, de dos mil 200 mujeres que llegaron al área de cuidados de emergencia, solo tres se catalogaron como violencia sexual; en Guerrero fueron mil 110 atendidas en el Seguro Social, y en Chiapas, de 117 casos atendidos en el IMSS prospera. De ese total, en 2017, solo 285 fueron reportados como casos de violencia sexual.

Brecha de atención

La investigación también reveló la condición de las mujeres indígenas, en especial de mujeres adolescentes con embarazos tempranos. Encontraron que a mayor pobreza aumentan las complicaciones, lo que revela la necesidad potencial de la aplicación de la NOM 046.

Compararon que el porcentaje de abortos practicados entre mujeres que viven en medios urbanos –no pobres- es distinto al que enfrentas las mujeres que residen en ámbitos indígenas o rurales: en el primer caso es del 26 por ciento y el segundo de 45 por ciento.

Bonfil Sánchez dijo que ello muestra la brecha de atención que existe para la población menos informada, menos atendida y más vulnerable.

También constataron que hay una estrecha relación entre el riesgo por un aborto clandestino y los medios económicos, es decir, el aborto existe en México, las mujeres de todos los sectores en algún momento recurren a él, y mientras más pobre es una mujer que lo practica, más riesgo tiene de morir en esa intervención, por la forma en que se produce.

El hospital de Chilapa es el único que registró tener una traductora en tlapaneco, en el resto de los servicios de salud de los tres estados hay personal indígena que hablaba la lengua, pero no está capacitado en la norma 046, ni en las áreas de atención a víctimas de violencia.

En el hospital Raymundo Abarca en Chilpancingo se atendieron en 2017, mil 110 casos de violencia familiar y sexual, mil siete por violencia familiar y 103 de violencia sexual, ninguno de esos fue turnado a las instancias de procuración de justicia.

El estudio, concluyó Paloma Bonfil, reveló que en la delegación estatal del IMSS es donde más se administraban mecanismos de anticoncepción de emergencia, usuarias pidieron atención en enfermedades de transmisión sexual y de emergencia. El IMSS prospera declaró que desde el 2016 cuentan con un plan específico para aplicar la NOM 046, por ejemplo, en 2017, establecieron la meta de atención de 789 casos, de los cuales alcanzaron 577 usuarias.

SEM/jap/sj

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