* En la mayoría de los casos no es efectiva la reparación del daño
* Pese a todo, las mujeres mueven las instituciones
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 7 noviembre 2019.- En México la política pública a favor de los derechos políticos de las mujeres no está completa, aún faltan mecanismos para aplicar las sanciones a quienes cometen violaciones contra los derechos políticos de las mujeres y para la reparación del daño de las víctimas, lo que ha generado impunidad en la mayoría de los casos, señaló Claudia Ramírez Izúcar, representante del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres.
En entrevista para SemMéxico, explicó que aun cuando los tribunales electorales sancionan los casos de violencia política en razón de género muchas veces las sanciones no se cumplen ni tampoco se repara el daño a las víctimas, una de las razones son las omisiones que cometen las instituciones y que llegan al punto de no ser aplicables porque termina el periodo de gobierno para el cual fueron electas, lo que genera impunidad.
Afirma que el problema es grave, sin información las mujeres no pueden apropiarse de sus derechos y si eso no cambia seguiremos conociendo casos de violencia política contra mujeres porque “un solo hombre, llámese presidente municipal, síndico o quien quiera que sea, decide destituir a una mujer previamente electa en una asamblea comunitaria o por el voto, violentando con ello el derecho de quienes la eligieron.
En ese sentido, plantea que un reto fundamental en materia electoral es considerar procedimientos jurídicos o juicios de protección de los derechos de la ciudadanía como terceros afectados, por la destitución –decisión de un solo hombre- de una mujer que ha sido electa por la asamblea o mediante el voto de una mayoría.
Y es que, plantea, cuando las mujeres cuando alzan la mano ponen a temblar a quienes han estado históricamente en una situación de comodidad y de confort y eso les pega mucho.
Sin embargo, afirmó que las mujeres que participan en los procesos políticos en contexto como los sistemas normativos internos, no solo deben ser sujetas del reconocimiento de sus derechos como ciudadanas, sino también se les reconozca como sujetas sociales constructoras de nuevos espacios en sus comunidades, son ellas las que hacen posible que las instituciones se muevan y busquen cómo resolver los problemas y aunque en la gran mayoría de los casos no se resuelven, están haciendo política pública.
La integrante del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres agregó que al no resolverse los problemas tampoco se repara el daño, es necesario que se les reconozca como víctimas y puedan tener el apoyo del Estado.
La impunidad, el signo
Como ejemplo citó el caso de Yareli Cariño, quien fue electa como síndica en 2016 y destituida en la primera sesión de Cabildo por el presidente municipal, finalmente a golpe de sentencias ganó, pero nunca fue restituida en el cargo.
Por ello Ramírez Izúcar dijo que, aunque los tribunales reconocieron que hubo violencia política en su contra, no se pudo reparar el daño ante la falta de mecanismos.
Otro ejemplo es el de Herminia Quiroz, ex síndica de San Juan Colorado, donde el entonces presidente municipal Juan García Arias fue quien violentó los derechos políticos, busca hoy ser nuevamente presidente municipal, pese a que existe una sentencia en su contra. Esto demuestra que se necesitan mecanismos concretos para impedir que quienes ejercen violencia política contra las mujeres puedan aspirar a ocupar un cargo de elección popular.
De lo contario, afirmó Ramírez Izúcar, el Estado estará enviado un mensaje de que la violencia política no se castiga en México, estamos ante un Estado permisivo, un estado al que no le importa lo que le suceda a las mujeres.
En ambos casos no hubo reparación del daño porque el plazo de su mandato terminó.
Eso no es otra cosa que impunidad, “los hombres tejen muy fino, tienden redes, son amigos o compadres de representantes de partidos políticos o funcionarios, son los caciques del pueblo y ejercen violencia porque saben que nada les pasará”.
En cambio, dijo la especialista, las mujeres llegan solas sin redes que las protejan, por la voluntad de la asamblea o del voto popular y al romper la estructura social construida por los hombres ponen en riesgo el confort del que ellos han gozado históricamente.
La paridad, sin información
La integrante del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres sostuvo que una cosa es lo que está escrito en las leyes -que son un gran avance para las mujeres- y otra su implementación y en esa tarea las mujeres de las comunidades están haciendo su propio ejercicio. Tenemos que escucharlas, trabajar con ellas y respetar lo que hacen. Sin embargo, no todas están convencidas de participar en política, sobre todo por el contexto desigual en el que viven, señala.
Sin embargo, reconoce que falta información y recursos para el empoderamiento político de las mujeres, tarea que le corresponde a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, los Organismos Públicos locales electorales y el propio Instituto Nacional Electoral, quienes deben cumplir con las recomendaciones de la CEDAW y de la Belém Do Pará.
El principal problema, reitera, es la falta de mecanismos aplicables en las comunidades, “se piensa que todo viene desde arriba”, dejan solas a las mujeres que muchas veces se ponen en riesgo.
Lo que sucede es que el discurso de la autonomía de los pueblos echa absolutamente todo de lado, así las instituciones utilizan ese discurso como pretexto, engrandeciendo con las omisiones la postura patriarcal de los municipios, cuando tienen que sentarse y dialogar para explicar que las mujeres tienen derecho a participar en los procesos de elección de las autoridades. Es necesario que la estructura social de una comunidad no violente los derechos de las mujeres.
Sin embargo, lo hemos visto todo, dice Ramírez Izúcar con una sonrisa irónica. Han llegado al límite al hacerse pasar por mujeres trangénero cuando no lo eran a fin de postularse en cargos de elección popular, como sucedió en el proceso electoral de 2017-2018, cuando fueron canceladas 17 candidaturas, gracias a la denuncia pública de la ciudadanía.
Dijo que incluso, los actores de este engaño fueron sancionados, pero como en la mayoría de los casos de la violencia política contra las mujeres la falta de mecanismos no fue posible llevar a cabo dichas sanciones.
Por ello, reitera, no podrá ser política pública si no hay mecanismos, instrumentos para que la ley se aplique, para que los perpetradores de la violencia no se queden sin cumplir su castigo, es decir, existe un vacío. ¿Quién sanciona? ¿La Fiscalía? ¿Qué parte de la fiscalía?
Cabe señalar que en Oaxaca 417 municipios se rigen por sistemas normativos internos, actualmente en procesos de elección de sus autoridades mediante diversos tipos de asambleas, donde se espera participen las mujeres.
SEM/sj
