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Comité de Derechos Humanos de la ONU emite observaciones para frenar violencia feminicida en México

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Redacción

SemMéxico. Cd. de México. 8 de noviembre de 2019.- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), saluda las Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de México ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU (CCPR) para la supervisión de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

El Comité examinó el sexto informe periódico de México en sus sesiones celebradas en Ginebra, Suiza, los días 16, 17 y el 31 de octubre de 2019, aprobando las observaciones finales el  1 de noviembre de 2019, las cuales fueron hechas públicas ayer 7 de noviembre.

En un comunicado de prensa  OCNF  saluda las observaciones realizadas a México para que los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes sean garantizados y que de realizarse podrían disminuir y contribuir a la erradicación de la violencia feminicida en nuestro país.

Si bien el Comité reconoce los esfuerzos institucionales adoptados por México para hacer frente a la violencia en su contra, continúa preocupado ante el aumento progresivo de este tipo de violencia. De manera particular al Comité le preocupa:

a) La falta de armonización de la tipificación del delito de feminicidio entre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y los códigos penales estatales, así como sus protocolos de actuación para la investigación criminal del feminicidio.

b) Los desafíos en la implementación del Mecanismo de Alerta de Violencia de Género, incluyendo la falta de recursos financieros y la falta de información por parte de las autoridades encargadas de su coordinación.

c) El reducido número de enjuiciamientos y condenas en casos de violencia contra la mujer y niñas y en virtud del delito de feminicidio.

Ante ello, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, advierte que México debe intensificar sus esfuerzos para prevenir y combatir los actos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. En particular:

1.-Armonizar la tipificación del delito de feminicidio en todo el territorio mexicano, de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los protocolos de actuación para la investigación criminal del feminicidio, y establecer sin demoras mecanismos efectivos encargados de procesar e implementar las órdenes de protección establecidas en la LGAMVLV en todo el territorio.

2.-Dotar a todas las instituciones encargadas de implementar la LGAMVLV, incluyendo aquellas encargadas de implementar el Mecanismo de Alerta y las Órdenes de Protección, de recursos financieros y humanos suficientes y debidamente capacitados.

3.-Facilitar la presentación de denuncias por parte de las víctimas, asegurar que todos los hechos violentos en contra de mujeres y niñas sean investigados con perspectiva de género y de manera diligente, pronta, exhaustiva e imparcial, que los autores sean enjuiciados y sancionados y que las víctimas puedan obtener asistencia, medios de protección y una reparación integral.

4.-Proseguir sus esfuerzos de formación para el personal de las instituciones judiciales, de la policía y expertos forenses (peritos), destinados a eliminar los estereotipos de género y a evitar la doble victimización de las víctimas.

5.-Fomentar la participación y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las mujeres y niñas víctimas y supervivientes.

Por otra parte, si bien “el Comité acoge con satisfacción las medidas legislativas e institucionales adoptadas por el Estado parte durante el período en estudio en materia de derechos civiles y políticos, incluyendo la Ley General de Víctimas, el Reglamento de la Ley General de Víctimas y la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, preocupa al Comité que, pese la adopción de la Ley General de Víctimas, su implementación ha sido insuficiente”. 

En concreto, le preocupa que varias entidades federativas aún no cuentan con un organismo garante de la aplicación de dicha Ley; la mayor parte de los organismos locales carecen de los recursos necesarios y del personal calificado para brindar las medidas previstas en la Ley; las medidas de reparación se enfocan casi que exclusivamente en la indemnización; y los trámites administrativos para lograr el reconocimiento de la calidad de víctima son complejos y, a menudo, revictimizantes. Le preocupa también, la falta de accesibilidad de parte de la población, particularmente la población indígena, a los mecanismos establecidos por dicha Ley y la falta de atención especializada a las mujeres víctimas de violaciones de derechos humanos.

En ese sentido, el Comité insta a México a que provea a los organismos encargados de aplicar la Ley General de Víctimas de los recursos necesarios, de la capacitación adecuada y de los mecanismos de control eficaces para que las víctimas de violaciones de derechos humanos reciban con prontitud una reparación integral, que sea sensible a aspectos culturales y cuestiones de género. 

”Como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, red conformada por 43 organizaciones de la sociedad civil, ubicadas en 23 estados del país, instamos al Gobierno de México a cumplir con las recomendaciones emitidas por el Comité, el cual advierte que el Estado “debe difundir ampliamente el Pacto y sus dos Protocolos Facultativos, su sexto informe periódico y las recientes observaciones finales a fin de dar a conocer los derechos consagrados en el Pacto a las autoridades judiciales, legislativas y administrativas, a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales que actúan en el país, así como a la población en general, incluyendo a las comunidades minoritarias y pueblos indígenas”.

Las defensoras de derechos humanos y organizaciones que conformamos el OCNF darán seguimiento e impulsaremos la implementación de las observaciones realizadas por el Comité.

Cabe mencionar que de conformidad con el calendario para la presentación de informes del Comité, se espera que México presente dentro de un año sus respuestas a la lista de cuestiones, que constituirá su séptimo informe periódico. El Comité también solicita al Gobierno de México que, al preparar el informe, consulte ampliamente a la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que actúan en el país. 

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