- La CNDH le otorgará el Premio Nacional de Derechos Humanos
- En el ejército también hay corrupción; los peligrosos son otros, no los pueblos
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Cd. de México, 11 noviembre 2019.- Obtilia Eugenio Manuel, indígena mepha´a no sabe cuándo pero pronto va a recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos 2019 que le otorgará la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien anunció dicho reconocimiento el pasado 1 de noviembre.
Aunque recibir el premio “no resuelve los problemas del pueblo Mepha´a, lo vive con orgullo, porque asegura que es para todas las mujeres que luchan por la justicia, por las asesinadas, por las que son violentadas sexualmente y por las comunidades indígenas que luchan sin rendirse por sus derechos humanos.
En entrevista para SemMéxico hace un recuento de su trabajo como defensora de los derechos humanos del pueblo Mepha´a, las incursiones del ejército y más tarde la irrupción de narcotráfico.
“Hoy el ejército mexicano está en las calles, pero primero se debió limpiar porque también ahí hay corrupción, lo que ha derivado en constantes ataques a los pueblos indígenas porque ellos no respetan los derechos humanos, nos ven como
delincuente cuando solo defendemos nuestros derechos y por eso somos peligrosos, pero los peligrosos son otros y a esos no les hacen nada”.
Desde niña conoció los problemas y aprendió pronto que debía sumarse a la defensa de los derechos humanos, tarea que se ha convertido en su vida, a pesar de los riesgos que le ha implicado al enfrentarse a los poderes fácticos que prevalecen en Guerrero.
A finales de los ochenta, en Barranca Guadalupe, una epidemia de sarampión provocó la muerte de más de 40 de sus habitantes, la mayoría de mujeres jóvenes y mujeres embarazadas, niñas y niños, entre ellas dos de sus hermanos. Personas que no fueron vacunadas porque ni siquiera llegaban los servicios de salud en las campañas de vacunación.
La población de escasos habitantes estaba aislada por falta de caminos, la gente tenía que caminar hasta seis horas para legar a la cabecera municipal de Ayutla de Los Libres y no había escuelas, recuerda.
La pobreza y la falta de oportunidades se agudiza con la violencia que al iniciar la década de los noventa genera la presencia del ejército mexicano, como la violación a cuatro mujeres que nunca se denunció por temor de la población.
Con 12 años su padre la envió a casa de unas personas conocidas para que ella pudiera estudiar la secundaria y la preparatoria, durante todo ese tiempo fue objeto de diferentes actos de discriminación por su condición de mujer indígena y fue su padre, quien insistió que debía tomar cursos alternativos, sus primeras lecciones sobre derechos humanos los aprendió en el entonces Instituto Nacional Indigenista.
Las tragedias
Años más tarde, la tragedia volvió a la zona, cuando 11 jóvenes de El Charco, fueron asesinados por miembros del ejército mexicano, otro hecho que también provocó reacciones en la población y ella no estuvo ajena, pues la zona prácticamente fue militarizada, con retenes en los caminos que provocan miedo y también indignación.
Aunado a eso, se cometen otros abusos que van desde la destrucción de las viviendas, la matanza de los animales domésticos y hostigamiento, y hasta la esterilización de 14 hombres de la población de Camalote, comunidad vecina de Barranca de Guadalupe, y otros tantos de la mixteca guerrerense.
Los engañaron, dice, les dijeron que les darían becas para sus hijos y otros apoyos, incluso aseguraron que construirían un hospital, cuando se dieron cuenta de lo que había pasado denunciaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien hizo tiempo después una recomendación.
Obtilia Eugenio Manuel, Marcelina Eugenio Neri, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez y otras personas de la zona decidieron en 1999 conformar la Organización de Pueblos Indígenas Mepha´a para denunciar los atropellos que sufría el pueblo, principalmente, por parte de los militares
Su primera misión, explica en entrevista para SemMéxico, fue informar a la población sobre los derechos humanos y la responsabilidad de los gobiernos, pronto la idea se había diseminado en la región, Inés Fernández y Valentina Rosendo, eran las representantes en las poblaciones de Barranca Tecuani y de Barranca Bejuco.
Obtilia Eugenio Manuel dice que en su caminar se encontraron también con hechos de violencia contra mujeres, ella les decía que no se dejarán que tenían derechos, al principio le hacían poco caso, después muchas denunciaron ante las autoridades a sus parejas.
Las represalias vinieron una tras otras. Su hermano fue denunciado por el supuesto asesinato de una persona. Él acababa de cumplir la mayoría de edad cuando fue detenido y tras demostrar su inocencia, salió libre dos años después.
En enero de 2002, la organización fue legalmente constituida, y fue en ese mismo año cuando, en hechos distintos, los soldados violaron de manera tumultuaria a Inés Fernández y Valentina Rosendo, y a diferencia de lo que años atrás había sucedió, esta vez decidieron denunciar los graves hechos.
Violencia sexual de militares
El 16 de febrero fue torturada sexualmente Valentina Rosendo, a quien los soldados le exigían que reconociera a una persona. “Bajaron a Ayutla, donde ya teníamos una oficina de la organización, fuimos ante el Ministerio Público, pero nadie quería recibir la denuncia. Tuvimos que hablar con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos y sólo así aceptaron la declaración”.
Un mes después fue violada Inés Fernández en Barranca Tecuani, “quien llegó a Ayutla con temperatura, muy enferma”, dice la entrevistada que recuerda aquellos días en los que el Ministerio Público de nueva cuenta se negaba a recibir la denuncia y tuvieron una confrontación ante la insistencia de un perito médico quería revisarla y Obdilia Eugenio Manuel, quien hacía las veces de traductora, se opuso.
Pasaron muchos años para que las dos mujeres tuvieran justicia, porque “en nuestro país no hay justicia, la respuesta vino a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque la realidad es que la justicia todavía no llega.
Un año después, la organización sufrió la pérdida de una de sus fundadoras, cuando fue asesinada Marcelina Eugenio Neri, junto con su mamá y sus dos hermanos. “Estaban trabajando en su milpa”, lo que llevó a Obdilia Manuel a emprender de nueva cuenta el tortuoso camino de la justicia, una tarea que se repite una y otra vez.
En 2008, representantes de comunidades mixtecas y mepha´a asistieron a una reunión en la cabecera municipal, Ayutla de Los Libres, cuando volvían a sus comunidades cinco fueron detenidos acusado de haber asesinado a quien servía de informante a las tropas militares. Incluso, dice, había otras 16 órdenes de aprehensión. Se trató, dice, de presos políticos.
Recuerda que ella había estado hablando con dos de los detenidos y 10 minutos después fue informada de la detención por una llamada anónima donde le advirtieron que si seguía denunciando también sería detenida. “Te estamos vigilando”, advirtieron.
En aquella ocasión sus compañeros decidieron sacarla del municipio en un vehículo, pero fueron alcanzados algunos minutos después por otro vehículo desde el cual les dispararon. Lograron esconderse y tuvieron que ser auxiliados por policías federales de caminos quienes los rescataron. Aunque pusieron una denuncia nunca se detuvo a los responsables.
El entonces gobernador Zeferino Torreblanca del PRD era enfático en asegurar que los detenidos eran responsables del asesinato del informante y fue abierto en brindarle protección al cacique Rogaciano Alba Álvarez. Obdilia Eugenio sostiene que Torreblanca siempre discriminó a la población indígena.
Para la dirigente Mepha´a las amenazas se recrudecieron. “Me decían que dejara de denunciar a los militares, que estaban enojados y que se querían vengar”. “Me encontraban en la calle, iban vestidos de civiles, y me señalaba: Tú eres Obdilia, deja de denunciar”, le decían. O le llamaban al teléfono de la oficina donde también le dejaban notas por debajo de la puerta citándola en un lugar, pero advirtiéndole que no debía avisarle a nadie.
12 años de vivir amenazada
Obdilia Manuel Eugenio, hoy Premio Nacional de Derechos Humanos, ha vivido bajo amenazas al menos los últimos 12 años. El 19 de febrero tras recibir una amenaza fue desaparecida por varios días, junto con un compañero de la organización.
En noviembre de 2018, Manuel Eugenio fue nombrada representante de su comunidad, inquieta, decidió junto con otros representantes realizar un recorrido para supervisar el destino final del dinero y las obras públicas, hasta que se toparon con una serie de irregularidades, como obras inconclusas lo que les valió el enojo del supervisor de las mismas y conocer la noticia que quien las ejecutaba era Antonio Castillo, “un narco” de la región.
Tan sólo un día después de aquella reunión de manera insistente empezaron las llamadas desde un teléfono celular con un número de Acapulco, Obdilia Manuel se negó a responder, finalmente respondió y volvieron a amenazarla: “Te vamos a romper tu madre”, otros regidores habían recibido mensajes semejantes, por lo que nuevamente presentaron otra denuncia ante el Ministerio Público.
Obdilia es beneficiaria de medidas cautelares desde 2009, por lo que es custodiada por policías estatales. Frente a las constantes amenazas en febrero pasado llamó al Mecanismo de Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la respuesta de Aarón Mastache fue “salte de la población”.
Decidió hacerlo sin avisar a sus custodios para que no anduvieran detrás de ella. Algunos compañeros la trasladaron a otro municipio, de donde siguió sola con Hilario Cornelio Castro, quien recién había sido nombrado en sustitución de ella como dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas Mepha´a. Un día después tomaría un taxi hacia Tierra Colorada y 10 minutos después un grupo de hombres hicieron que el chofer se detuviera, los bajaron a golpes. A ella le vendaron los ojos y la mantuvieron en cautiverio varios días, tiempo en el que fue golpeada repetidamente y amenazaban con cortarle un dedo para enviárselo a su familia.
Sus captores, dice con un dejo de angustia en su voz, le pidieron el teléfono de su esposo Cuauhtémoc y le advirtieron que si denunciaba le “iban a chingar a su familia”.
Varios días después, ella dice que como resultado de la presión hecha por diversas organizaciones nacionales e internacionales de defensores de derechos humanos fue puesta en libertad en un crucero cercano a Tierra Colorada. “Me querían matar y estoy viva gracias a las organizaciones”, reitera. Lamenta que algunas instancias pretendieran desprestigiarla, pretendiendo con declaraciones falsas ensuciar su trabajo.
Lejos de su casa, de su trabajo y de su pueblo, Obdilia Manuel Eugenio se siente triste en ocasiones, y esa condición la vive como si ella hubiera cometido un delito y no al contrario. Su delito, añade, fue denunciar la permanente injusticia contra los pueblos indígenas de Guerrero.
Desde entonces no ha regresado a su pueblo, donde está su trabajo y donde los abusos contra el pueblo Mepha´a, mujeres u hombres, continúan.
La zona, lamenta, pasó de la violencia ejercida por militares a la que hoy ejecuta la delincuencia organizada, esto permitido por el propio gobierno, dice segura y muy seria.
SEM/sj
