- Gobierno de Aristóteles dejó rezago de 4 mil órdenes de protección.
Analy S. Nuño
SemMéxico, Guadalajara, Jalisco. 19 de noviembre de 2019.- El fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, pidió la intervención del Congreso del Estado ante la federación para concretar una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales para permitir la colocación de brazaletes a agresores de mujeres.
Durante su comparecencia en la glosa correspondiente al primer Informe de Gobierno, el Fiscal del Jalisco fue cuestionado por la diputada priísta Sofía García Mosqueda sobre los avances para la aplicación de un sistema electrónico de monitoreo de agresores de mujeres, pues en febrero se aprobaron las reformas a la ley estatal para permitir la colocación de estos dispositivos.
Al respecto, aunque mostró cierto desconocimiento del orden estatal aprobado, Solís dijo que requieren de algunas modificaciones en ordenamientos legales “al menos probablemente del orden estatal, pero ayudaría mucho uno del orden federal” debido a que las ordenes de protección están reguladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el que un artículo que establece al menos 12 medidas de protección, de las cuales las primeras 4 son medidas de protección que se otorgan bajo control judicial y las otras son bajo responsabilidad del Ministerio Público ordenarlas.
“Aquí lo que necesitaríamos es la voluntad de los legisladores federales, cosa que ustedes tienen buen contacto con ellos y seguramente encontrarían buena recepción y acogida, en este sentido si pudiéramos lograr que se integre al Código Nacional de Procedimientos Penales está formula como medida de protección dentro de las primeras que establecen control judicial equivaldría a que cuando realmente haya un peligro por demás evidente, patente, latente, que sea entre otras cosas palpable, el Ministerio Público interpondría la medida y tendría 3 o 5 días para acudir a control judicial para que el juez la confirme y entonces ya permanezca por un tiempo indeterminado”.
Aseguró que el uso de estos dispositivos la ven “bien” en la medida que se puedan aprovechar todos los avances tecnológicos para no solo proteger a las mujeres sino anticiparse al acercamiento de cualquier hombre violento a una mujer que goza de una medida de protección.
“Lo vemos bien, nada más con las modificaciones legislativas para que no lleguemos ante un juez y la medida vaya para abajo”.
De acuerdo con el Fiscal General de Jalisco, de concretarse esa medida junto con la obtención de una bolsa de recursos se podría reforzar el uso del botón de pánico a fin de que las autoridades correspondientes acudan de inmediato en caso de que una mujer este en riesgo.
Respecto al incremento en los feminicidios, reconoció que la cifra ha ido a la alza: “en efecto está subiendo la cifra, estamos aplicando rigurosamente el protocolo en todos y cada uno de los casos donde pierde la vida una mujer, y en ese sentido también estamos empeñados no solo en eso sino en modificar las cifras cuando así sucede, tenemos algunos delitos que nos tardamos a veces un mes, dos o tres meses en confirmar que se trata de un feminicidio, modificamos la cifra y así lo informamos”.
Heredan rezago de 4 mil órdenes de protección
Más de 4 mil órdenes de protección no fueron notificadas en tiempo durante la administración pasada en Jalisco, aseguró el Fiscal General, Gerardo Octavio Solís quién refirió el rezago en los procedimientos imposibilitó la entrega del 50 por ciento de las notificaciones.
Durante su comparecencia en la glosa correspondiente al primer Informe de Gobierno, el funcionario estatal explicó que ante el rezago se puso en marcha un programa emergente para notificar a los agresores sobre el procedimiento, no obstante no fue posible localizarlos por la temporalidad del mismo.
“Fueron visitados los domicilios y en más o menos el 50 por ciento lograron notificarse, en el otro 50 por ciento no se logró la notificación porque el agresor cambio de domicilio o en su defecto fue ocultado por algunos familiares, sin embargo, estás ordenes se siguen trabajando de manera metódica y permanente. Se llevó a cabo un programa emergente más o menos de 2 meses para tratar de combatir el rezago y ahora estamos trabajando con un poco de menos rezago ya con una dirección específica para el tema de órdenes de protección”.
El funcionario estatal aprovechó su comparecencia ante los legisladores para exhortarlos a impulsar una propuesta para incrementar la pena de cárcel aquellos agresores que no respeten la orden de protección.
“Que aquel que violente eso tenga una pena no de dos meses, no de tres meses, sino un poco más severo que nos permita a nosotros llevar a cabo la integración de una carpeta de manera rápida con dos o tres elementos de prueba para poder judicializar”.
Al respecto, la diputada Sofía García Mosqueda le informó que ya se trabaja una propuesta en ese sentido.
En números:
Unidad Especializada en Investigación de Feminicidio
36 carpetas iniciadas (37 víctimas) con 20 judicializadas (56%)
29 presuntos feminicidas detenidos de enero a septiembre de 2019
Centro de Justicia para las Mujeres
6,666 consejerías
5,270 acompañamientos para presentar denuncia
2,867 traslados a parte médico
13,235 atenciones médicas
1,880 aplicaciones de la Norma 046
1,725 orientaciones jurídicas externas
3,688 apoyos para atención psicológica y psiquiátrica
1,568 participantes en talleres de prevención
3.5 mdp para adecuaciones y remodelaciones
