* OSC señalan que hay incapacidad para salvaguardar la vida de las oaxaqueñas
* Las fiestas son la prioridad, no la seguridad de las personas
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 19 noviembre 2019.- El recuento real de la violencia contra las mujeres y las acciones que habría emprendido el gobierno estatal para contrarrestar la impunidad, son los grandes ausentes en el III informe de Gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, esto de acuerdo con representantes de organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos de Oaxaca, quienes sostienen que el silencio es contundente si se trata de las 371 mujeres asesinadas en los tres años del actual gobierno.
Erika Lilí Díaz Cruz 
Angélica Ayala Ortiz 
Elizabeth Pérez Castro
Erika Lilí Díaz Cruz, presidenta de Luna del Sur; la activista Elizabeth Pérez Castro y la presidenta del Grupo de Estudios de la “Mujer Rosario Castellanos”, Angélica Ayala Ortiz, refieren por separado que las supuestas acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres no han dado resultados, hay incapacidad y congruencia, así como falta de voluntad para reconocer errores, exponen y hacen un recuento del viacrucis que pasan las víctimas para, en su caso, obtener justicia, contraviniendo la normatividad internacional que existe al respecto.
La impunidad
Díaz Cruz sostiene que el III Informe de Gobierno deja entrever la impunidad.
La presidenta de la organización que da acompañamiento jurídico a víctimas de violencia feminicida indica que acudir con una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, como a la Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, es descubrir que todavía es peor, porque aunque llegan a denunciar salen criminalizadas, pues los Ministerios Públicos en lugar de investigar a los victimarios y sus delitos, investigan a las víctimas.
Se les cuestiona de “conductas reprochables”, que han “inventado las cosas” y que en realidad necesitan atención psiquiátrica porque tienen “doble personalidad y están engañando a la autoridad”, prejuicios – basado en roles y estereotipos de género-, siguen siendo lineamientos no escritos en la atención a mujeres, que se quedan dentro de las cadenas de custodia.
Esto representa una terrible amenaza, ya que, si el caso llega a judicializarse, se va con toda esa información y como dicen a quiénes son señalados por delitos: «todo lo que digas será usado en tu contra».
Díaz Cruz refiere que el III Informe de Gobierno omite cuántos procesos son iniciados por delitos por violencia de género, ya que no existe tal categoría en los tipos penales; tampoco informa cuántos casos de violencia familiar llegan a ser «suspendidos condicionalmente a favor de los agresores». Y, por otra parte, tampoco indica que acciones se implementan para detener los asesinatos de mujeres, “ni una sola mención”.
Y es que, acusó, no hay inversión en herramientas de investigación contra este grave delito y esto se puede comprobar en los resultados. Esta condición y otras, añade, abonan a la imposibilidad de para la violencia de género, provoca que los agresores salgan riéndose de las audiencias de control, en donde les conceden planes para reeducarse, así como irrisorios pagos de reparaciones del daño.
Todo ello, le resta valor a las leyes y tratados internacionales en materia de víctimas, mujeres, niñas y niños, aduciendo «las bondades» del nuevo sistema de justicia que permite «exitosamente» el arreglo entre las partes, sin llegar a la reparación integral del daño ni condiciones que garanticen la no repetición de actos de violencia.
Ferias y guelaguetzas
Elizabeth Pérez Castro consideró que el tercer informe es subjetivo, omiso, carente de resultados tangibles y reales; además abona a la desinformación y exhibe las carencias de un gobierno que prefiere negar lo evidente, y lo evidente es que las oaxaqueñas viven en la indefensión ante un Estado omiso que prefiere hacer ferias y guelaguetzas, antes que reconocer la inseguridad en que las y los oaxaqueños viven.
Calificó como grave la omisión de los asesinatos de mujeres en Oaxaca en la primera mitad del gobierno de Murat Hinojosa. “Ni el Gobernador ni la Secretaria Ana Vázquez Colmenares han sido capaces de implementar acciones que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres, la Alerta de Violencia de Género es prácticamente inoperante y los nueve millones 945 mil 616 pesos que recibió el estado a través de CONAVIM, tienen el efecto esperado”.
Pérez Castro, quien ha realizado publicado diversos análisis sobre la violencia política en Oaxaca, se refirió a los procesos de elección de gobernantes por el sistema normativo interno que se llevan a cabo actualmente, en los que podremos observar si realmente existe voluntad política para impulsar el respeto a los derechos políticos de las mujeres.
Señaló que para el gobernante es mejor hablar de “inversiones rimbombantes”, que a detalle revelan, como en el caso de Crédito para Mujeres, que son una burla, insuficientes para abatir el rezago y la pobreza, pero lo que es peor aún, agregó, es que a eso le llaman “empoderamiento económico”.
Incapacidad y falta de incidencia real
Por su parte, la presidenta del GES Mujer, Angélica Ayala Ortiz sostuvo que con 371 mujeres y niñas asesinadas de manera violenta en primeros tres años del gobernador Alejandro Murat revelan que en Oaxaca lo que persiste es una gran deuda con las oaxaqueñas.
Recordó en esta administración se declaró la Alerta por Violencia de Género, en agosto de 2018, desde entonces se contabilizan 156 mujeres y niñas a quienes se les violentaron los derechos fundamentales a la seguridad, la libertad y su derecho a la vida.
Cada año esa cifra se incrementa: en 2017 el registro fue de 117 casos, en el 2018 se incrementó a 123 y a más de un mes de concluir este año ya se contabilizan 122 casos, lo que significa que existe el riesgo de que el 2019 sea el más violento en lo que va de su administración.
Eso nos deja claro que las acciones de gobierno emprendidas en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres no han dado resultados.
Sin embargo, abundó Ayala Ortiz, lo más preocupante es la apropiación de un discurso con enfoque de género, pero vacío de contenidos, estrategias, recursos, monitoreo y evaluación de resultados.
“No basta que en cada instancia de la administración estatal se hayan definido unidades de género, áreas especializadas de género y que casi 400 instancias municipales de las mujeres estén operando, porque la realidad muestra que no hay una incidencia”.
La presidenta del GES Mujer afirmó que una política pública que es incapaz de salvaguardar el derecho a la vida de las niñas y mujeres oaxaqueñas, requiere por principio, mostrar voluntad para reconocer sus errores y disposición para actuar en consecuencia, más allá de los discursos, se requieren acciones de gobierno que protejan el derecho a una vida libre de todas las formas de violencia para las niñas y las mujeres, incluyendo la violencia feminicida.
SEM/sj
