- Son 12 las Comunidades Autónomas que disponen de leyes autonómicas de Igualdad LGTBI, sin embargo, algunos gobiernos autonómicos se están saltando los plazos designados por sus propias leyes para implementar las normativas
Redacción AmecoPress
SemMéxico/ AmecoPress. Madrid, 28 noviembre 2019.- La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha presentado este martes una carta al Defensor del Pueblo para pedirle que inste a las Comunidades Autónomas a cumplir con su obligada responsabilidad de ofrecer educación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género, tal y como dicta la legislación vigente.
En la actualidad, son 12 las Comunidades Autónomas que disponen de leyes autonómicas de Igualdad LGTBI y/o leyes para garantizar los derechos de las personas trans que obligan a los centros educativos a impartir este tipo de formación, sin embargo, algunos gobiernos autonómicos se están saltando los plazos designados por sus propias leyes para implementar las normativas.
En este sentido, la coordinadora del grupo de Educación de FELGTB, Visi González, recuerda que la Ley Orgánica para la Mejora de la Educación (LOMCE), la Ley de Infancia y Adolescencia de 2015, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz, la Ley Orgánica de Educación e incluso la propia Constitución Española y la Convención de los Derechos del Niño, establecen la obligatoriedad de que el Estado adopte medidas educativas para combatir la discriminación y la violencia que sufre la infancia y garantizar el pleno desarrollo de la personalidad y la formación en valores.
Devolver sus derechos al alumnado
«De acuerdo a la legislación actual, las consejerías de Educación tienen la obligación de garantizar que todo el alumnado reciba formación en diversidad LGTBI, así como de proteger a los menores de la posible violencia familiar o de la negación de acceso a información motivada por LGTBIfobia», reivindica la coordinadora y añade que «por este motivo, pedimos al Defensor del Pueblo que interceda para devolver al alumnado este derecho del que se le está privando».
Además, González ha recordado que, «tanto en Murcia, como en Andalucía, las Leyes de Igualdad LGTBI no solo están lejos de ser implementadas, sino que los propios gobiernos autonómicos están dictando medidas contrarias a estas y a otras leyes que rigen el sistema educativo».
El gobierno de la Región de Murcia ha solicitado a sus centros educativos que pidan permiso a las familias de los menores para que éstos puedan asistir a las charlas de educación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género. Sin embargo, esta medida incurre en una ilegalidad al ir en contra de los Decretos 220/2015, del 2 de septiembre y 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el programa educativo de la Educación Secundaria y Primaria en la Comunidad Autónoma de Murcia. Andalucía ha aprobado recientemente la misma medida.
«Estas instrucciones vulneran, a sabiendas y sin la más mínima búsqueda de consenso con las instituciones educativas, las AMPAS, u otros agentes sociales, numerosas normas legales y ponen en riesgo derechos constitucionales fundamentales», ha alertado González. «El alumnado tiene derecho a recibir una educación que fomente el respeto a la diversidad y los menores LGTBI necesitan medidas que reduzcan el acoso escolar por LGTBIfobia, que sigue siendo la primera causa de violencia en las aulas», ha concluido la coordinadora.
