- Senado aprueba dictámenes a favor del interés superior de la niñez
Elda Montiel
SemMéxico. Cd. de México. 11 de diciembre de 2019.- El abuso sexual de menores es un delito con incidencia principalmente en los espacios escolares de educación básica, donde los profesores, agresores, incurren en conductas que violentan sus cuerpos y su estabilidad emocional desde una posición de autoridad.
Por lo que senadores aprobaron por unanimidad un dictamen para imponer, además de la pena de prisión que establece el Código Penal Federal, la inhabilitación de forma definitiva para ejercer su profesión a quienes atiendan a niñas, niños y adolescentes y cometan el delito de abuso sexual en contra de estos menores. El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
Tan solo de enero del 2012 al 15 de agosto de 2018 se presentaron un total de 637 denuncias por abuso sexual en las escuelas de la Ciudad de México.
El proyecto también modifica la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que autoridades de los tres niveles de gobierno conformen una instancia multidisciplinaria para la prevención, atención y canalización de los casos de cualquier forma de violencia y abuso sexual en contra de los infantes que se suscite o detecte en los centros educativos.
Señalaron que el texto vigente que contiene el Código Penal Federal contempla inhabilitar al profesionista solo por cinco años, pero esta “no es una pena suficiente”.
La senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, dijo que se requiere un protocolo para que los agresores sexuales no sean contratados en lugares donde se atiende a los menores como en las escuelas, centros deportivos o iglesias, ya que se ha demostrado que un agresor sexual no lo hace una sola vez, por lo menos en 60 ocasiones y son especialistas en moverse de un lado al otro para detectar a los niños.
Mientras que la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, subrayó que el Estado tiene una obligación para proteger, respetar y promover los derechos de la infancia.
Por su parte, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, declaró que “está en nuestro camino hacer algo por nuestras niñas, niños y adolescentes”, pues durante muchos años, el abuso infantil fue un tema tabú; sin embargo, esta Legislatura ha destapado este problema y ha sumado esfuerzos para prevenirlo y castigarlo.
Armonizar las leyes en beneficio de las niñas y niños que viven en reclusión con su madre
Niñas y niños dentro de los Centros Penitenciarios tendrán derecho a recibir los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en condiciones de calidad, calidez, seguridad, protección y respeto a sus derechos, identidad e individualidad con el fin de garantizar el interés superior de la niñez y podrán estar con su madre hasta los tres años y su separación se hará en forma gradual bajo la supervisión de un especialista en psicología.
Al aprobar la Cámara de Senadores avaló una reforma para armonizar la Ley Nacional de Ejecución Penal con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, puesto que este último ordenamiento es omiso sobre la problemática que viven las niñas y niños que se encuentran al interior de un centro penitenciario con su madre.
Al respecto la senadora de Morena, Nestora Salgado García, señaló que aún existen serios rezagos en el sistema penal, especialmente en materia de maternidad y protección de infantes. “Es indispensable que se privilegie el interés superior de la niñez en el sistema penitenciario”.
Mientras que Manuel Añorve Baños, senador del PRI, destacó que se trata de “un problema que pocos ven, que se mantiene y se ha mantenido invisible por muchos años”. En todo el territorio nacional, agregó, existen 16 centro penitenciarios femeniles, que en su mayoría carecen de espacios para el desarrollo de la maternidad.
