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El aborto clandestino como promesa política

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Por: Claudia Almaguer

SemMéxico. 13 de diciembre 2019.- En septiembre del 2009 fue publicada en el Periódico Oficial una reforma al artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí votada por una mayoría de diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura que se ha establecido como infranqueable justificación para negar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el Estado.

Promovidos desde la iglesia católica y los movimientos de ultraderecha estos cambios legales se produjeron a la par de modificaciones en Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora y Yucatán para perpetuar la criminalización del aborto e impedir transformaciones jurídicas similares a la que tuvo Ciudad de México en 2007.

Hemos vuelto al tema a propósito de la declaración de improcedencia para con dos iniciativas a favor del derecho a decidir en la entidad, una que modificaría la Constitución y otra que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación promovida por algunas diputadas, investigadoras, activistas feministas y organizaciones de la sociedad civil reconocidas a nivel nacional como Género y Desarrollo A.C.

En las notas que dieron a conocer la negativa de la Comisión de Puntos Constitucionales no se encontraron razonamientos coherentes toda vez que conforme a lo declarado por su presidenta se parte de la utilización de prejuicios, de dogmas y de estereotipos personales para negar a las mujeres su derecho a decidir. No puede señalarse de otro modo cuando sólo se constriñen a decir: “en el caso de San Luis se debe escuchar lo que dicen los potosinos” ya que los derechos humanos de las mujeres como el de la salud misma no pueden ser sometidos a consulta ni el Estado es un territorio ajeno a los compromisos adquiridos por México en el tema a partir de la ratificación de instrumentos internacionales considerados hoy norma suprema e inclusive utilizados por esta y otras legislaturas para la fundamentación de iniciativas.

Sin ir más lejos las recientes observaciones hechas al país por parte del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer han reiterado las preocupaciones respecto a las disposiciones penales que restringen el acceso al aborto legal y que obligan a mujeres y niñas a someterse a abortos que ponen en riesgo su salud y su vida.

Por consiguiente, lo mínimo que puede señalarse respecto a las posiciones de los diputados en contra es que no se ajustan a la debida dimensión de lo que es legislar en un Estado laico, democrático y de derecho más allá de lo formal. Porque precisamente en la comprensión sustancial de la democracia los derechos de las mujeres en este caso no pueden estar supeditados a la opinión de la sociedad en la que viven.

Pero no nos sorprende ¿o sí? Sobran las historias de diputados potosinos que inclusive partiendo de posiciones políticas presuntamente de izquierda o que se afirman a favor de la igualdad sustantiva al momento de asumir una posición respecto al aborto optan por seguir negando el acceso a procedimientos seguros. Recién se dio la negativa ahora por parte de la Comisión de Justicia afirmando con toda seguridad que el aborto no es un derecho de las mujeres, que todo está ya legislado (si así fuera entonces ya no hay necesidad de seguir gastando en un poder que se dedique a eso formalmente).

Esta posición es francamente siniestra cuando sabemos que en el análisis de los derechos fundamentales de las mujeres, autores garantistas en cuyos trabajos se basan corrientes constitucionales como la de México, Luigi Ferrajoli por ejemplo, señalan que el único derecho que no compartimos con el resto de los seres humanos es justamente el de la autordeterminación en materia de maternidad, lo que no sólo no es reconocido sino que es regulado mediante otras normas como la penal forzando así un embarazo indeseado o peor a las condiciones actuales en las que se siguen dando los abortos en México.

Y señala el autor: “En efecto, el derecho a la maternidad voluntaria como autodeterminación de la mujer sobre el propio cuerpo le pertenece de manera exclusiva porque en materia de gestación los varones no son iguales a las mujeres, y es sólo desvalorizando a éstas como personas y reduciéndolas a instrumentos de procreación como los varones han podido expropiarlas de esa su personal potencia, sometiéndola al control penal.”

Hablemos entonces de lo que señala el título de esta columna, de prometer la permanencia de los abortos clandestinos como promesa política como ocurrió hace meses con la presentación de la película “Inesperado” producida por Eduardo Verástegui y presentada en San Luis Potosí con la diputada Sara Rocha del PRI o con la conferencia de Concepción Brandolino promovida por Josefina Salazar del PAN, en la que se aportaron diversas teorías conspirativas por parte de esta mujer del movimiento argentino de ultraderecha y declarada anti vacunas.

Y no nos engañemos, ningún diputado o diputada puede garantizar que los abortos no se produzcan ya desde la ceguera que se imponen y que venden a sus seguidores, no están evitando las circunstancias de pobreza, falta de información, violencia sexual y desigualdad que son permanentes y causantes de abortos que siguen sucediendo en todas partes todos los días, poniendo en riesgo principalmente la vida de mujeres en situaciones graves de vulnerabilidad.

Así, cuando se decide tirar propuestas jurídicas que tienen la finalidad de mirar la situación de los abortos como lo que son, un problema de salud pública al que el Estado no otorga respuesta más que encarcelar a las mujeres; entonces no es que se esté decidiendo “a favor de la vida” lo que se decide es seguir invisibilizando el problema y que por consecuencia las mujeres se sigan muriendo por abortos peligrosos. Cabe decir, quienes a lo largo de los años hemos buscado el acceso a interrupciones del embarazo legales, seguras y medibles, no es que estemos a favor del aborto, no es tan simple como eso porque no estamos ante actos caprichosos ni gozosos para ninguna mujer, pero si exigimos del Estado hacerse cargo desde un enfoque laico y de salud que evite los riesgos que se generan en condiciones de clandestinidad a raíz de una criminalización inútil. A más ver.

Twitter: @Almagzur

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