* Necesario construir un Código Penal único para erradicar los feminicidios, dice la diputada Lorena Villavicencio
* Este país ocupa el primer lugar en AL con casi 11 asesinatos cada día; la mayoría quedan en la impunidad
Redacción
SemMéxico, Cd. de México, 30 de enero 2020.- Patricia Olamendi, de la Red de Seguridad, Justicia y Paz, afirmó hoy que no existe un programa de gobierno dirigido a detener la impunidad, lo cual es inaceptable porque este flagelo tiene rostro y se evidencia cuando la víctima acude a denunciar y no se le toma su declaración ni se le dan medidas de protección.
Afirmó que el Legislativo necesita vigilar los recursos destinados a la lucha contra el feminicidio y que se ejerzan debidamente. “En México las mujeres tenemos que sumarnos para que existan más centros de atención, refugios, fiscalías y lograr juzgados especializados, políticas públicas de cuidado y atención”.
Esto durante la inauguración del foro “El derecho a la vida de las mujeres y su protección”, en el que la diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) señaló que es importante que el Congreso construya puentes con la sociedad civil y establecer un Código Penal único para todo el país, con el objetivo de erradicar las diferentes formas de violencia de género y los feminicidios.
La legisladora refirió que 2019 cerró con la cifra oficial preliminar de 35 mil 588 víctimas, de la cuales 34 mil corresponden a homicidios dolosos y el resto a crímenes tipificados como feminicidios. México es el primer lugar en América Latina con casi once asesinatos cada día; la mayoría quedan en la impunidad.
“Es muy grave que se pretenda eliminar el delito de feminicidio, porque sería una manera de esconder un fenómeno que se ha convertido en una pandemia. Vamos a impulsar las propuestas que nos proponen para lograr el derecho a una vida libre de violencia y lo convertiremos en una parte del artículo cuarto de la Constitución”, aseveró.
La diputada integrante de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que trabajarán a fin de generar condiciones para que las políticas públicas pongan en el centro la vida de las mujeres y su protección. “Nosotras no sólo contribuimos a la economía, sino también a la paz de este país y no somos lo suficientemente visibilizadas”.
Roxana Aguilar, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México informó que se diseñó el programa de Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, con el que se fortalece la respuesta de las instituciones policiales al atender a una víctima de violencia de género.
La creadora del Mapa de Feminicidios en México, María Salguero, mencionó que las entidades que ocupan los primeros lugares en feminicidios son el estado de México, con 443; Guanajuato, 340; Jalisco, 295; Chihuahua, 274 y Baja California, 263.
Dijo que un nuevo patrón que se está dando y no es visto como feminicidio: las mujeres asesinadas en contextos de violencia armada, cuyos cuerpos se utilizan para mandar mensajes entre grupos criminales.
La académica, defensora de derechos humanos, e integrante de Las Constituyentes CdMx Feministas, Pilar Alberti, mencionó que el feminismo propone la despatriarcalización de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, el cual consiste en un proceso en el que las masculinidades patriarcales transitan hacia la igualdad de género.
Martha González Rentería, titular del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, consideró que con el fin de erradicar la impunidad y el feminicidio urge un mejor sistema de procuración e impartición de justicia. Pidió esclarecer los homicidios de Isabel Cabaniñas, integrante del colectivo “Hijas de su maquilera madre”, y de Homero Gómez, defensor del territorio de la Mariposa Monarca.
La titular del Instituto de Investigación y Estudios de la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes Rehilete AC, Mónica Herrerías Domínguez, consideró que las procuradurías deben establecer un área enfocada al delito, al delincuente, el fenómeno delincuencial y a la geo-referenciación delictiva, porque es importante realizar estudios que evidencien el perfil de las víctimas para instrumentar una política criminal.
En el acto se abordaron temas como los esfuerzos de la sociedad civil y de las víctimas indirectas en el combate a la impunidad; las experiencias de El Salvador y España para la investigación de estos delitos; Órganos Jurisdiccionales y Ciudad de la Mujer, así como la respuesta del Estado mexicano a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH).
SEM/sj
