* Por ser mujer, indígena y sin saber leer fue condenada sin debido proceso
*13 años en la cárcel por un delito que no cometió, recuperó su libertad condicionada
Argelia Guevara
SemMéxico, Cd. de México, 3 de febrero 2020.- Blanca recuperó su libertad este 21 de enero después de 13 años de reclusión en una cárcel de Baja California.
Fue acusada en 2007 de ser responsable de la muerte de su hija. Logró su libertad condicionada tras el apoyo jurídico de AsiLEGAL, Asistencia Legal por los Derechos Humanos. Se la juzgó sin el debido proceso, sin perspectiva de género, sin tomar en cuenta su condición física disminuida.
No se analizó su situación de violencia permanente en su matrimonio y no se investigó a fondo. Además del hecho de no manejar bien castellano y no tuvo interprete. Así se convirtió en una víctima de la violencia contra las mujeres en la familia y en lo institucional.
Dice Blanca, al recuperar su libertad, que tras los años en prisión, buscará crear su proyecto de vida fuera del sistema que la señaló como culpable de un delito del que no fue responsable, agravado por ser mujer, joven e indígena.
AsiLEGAL afirma que el ojo punitivo de las autoridades del Estado, es un claro ejemplo de cómo los operadores del sistema de justicia se resisten a comprender las características que componen la violencia contra las mujeres.
AsiLEGAL tomó el caso de Blanca a mediados de septiembre de 2019 a través de una serie de asesorías con la población privada de libertad en un CERESO de Baja California. Referida por otras mujeres recluidas que se solidarizaron con ella. Al final su libertad se dio condicionada, es decir, no podrá salir de la entidad y sin documentos de identidad.
Blanca dijo a la asesoría que es originaria de una comunidad indígena de Michoacán. Explicó que estaba cumpliendo una pena por el delito de homicidio en razón de parentesco, explicó algunos temores por lo que no había buscado ayuda, además de que aún estaba aprendiendo español.
Los hechos
Pasó primero por un proceso donde quien juzgó lo hizo sin perspectiva de género y plagado por prejuicios misóginos, lo que determinó la culpa de Blanca.
Días antes de su detención y encarcelamiento inmediato, su hija de casi dos años de edad fue hospitalizada por su padre. En el hospital se diagnosticó ya que había sido golpeada, mostraba una serie de secuelas evidentes de maltrato, había recibido golpes en diversas partes del cuerpo.
Se consideró una situación de mucha gravedad. Fue el padre quien la llevó al hospital debido a que Blanca vive con secuelas de poliomielitis que limitan su motricidad, y eso impidió acompañar al padre y su esposo.
El hombre declaró a los doctores que la niña se había caído pues comenzaba a caminar. Los médicos no tardaron en darse cuenta de que era mentira, por la gravedad de las diversas lesiones determinaron que esas lesiones eran el resultado de la violencia física a la que fue sometida.
Blanca fue llamada a testificar en marzo de 2007, “me dijeron que fuera a declarar, que nada más iba a tomar un ratito, pero no: nunca me soltaron hasta ahorita, que ustedes hicieron algo por mí” los de AsiLEGAL, dijo horas después de salir del CERESO.
La carpeta de investigación, abierta por el Ministerio Público, la señala desde el inicio como la responsable de los golpes del bebé. Ella de origen indígena es incapaz de comprender el proceso que comienza en su contra y, sin un intérprete que le permitiera defenderse termina por declarar su culpabilidad, coaccionada por su esposo. Declara que accidentalmente se había caído de sus brazos, razón por la que la bebé mostraba traumas en la cabeza.
A los pocos días, la bebé fallece y se le dicta una sentencia de 21 años con 3 meses de privación de libertad y a pagar al ofendido – su esposo – una “reparación del daño” por 39 mil 950 pesos.
Para AsiLEGAL de esta forma se cumple un ciclo de violencia de género al que Blanca fue sometida por el mero hecho de ser mujer, indígena y con pocas posibilidades económicas. Desde el ámbito doméstico, hasta el institucional, todas las piezas se jugaron en su contra para que formara parte de la estadística de mujeres privadas de libertad por la falta sistémica de atender los conflictos penales con perspectiva de género.
En su condición de género no se pudo comprender que el caso de los golpes de la bebé no era aislado; ni se pudo visualizar que Blanca fue sustraída, por medio del matrimonio, de los círculos de apoyo que la rodeaban; nunca pudo leer con la suficiente atención el sentido de la declaración de su esposo que relataba -sin pena alguna- que Blanca ni siquiera podía salir de su casa sin permiso a coste de una reprimenda; menos los juzgadores podría entender el funcionamiento de relaciones asimétricas de poder en las que vivía.
Víctima de violencia: el marido pudo ser culpable
Es conducida al CERESO para cumplir su pena, estaba a cuatro horas de la comunidad donde vivía con su esposo –en Baja California- y en menos de un año ella decide cancelar sus visitas y llamadas. Él declaró que no habría podido visitarla la última vez porque “estaba lloviendo”.
La ampliación de la declaración de Blanca, hecha un año después, en cambio, señala que, por el hartazgo ante las amenazas, abusos y ataques, decidió cortar comunicación de manera definitiva. Entonces ella explicó que en las visitas de él se sucedían constantes abusos verbales y amenazas para mantener la fachada de su culpabilidad. Poco a poco quedó claro cómo vivió violencia doméstica de la que fue víctima, además que eso es lo que habían terminado con la vida de su hija.
Entonces decide contar la verdad.
La ampliación de la declaración de Blanca narra con detalle el abuso que sufría, los intentos que hacía por defender a su hija y la violencia con la que era recibida. Incluso, estuvo apoyada por declaraciones de un amigo de ambos que señalaba la falta de cariño y empatía que demostraba el padre de la niña. Sin embargo, fue sentenciarla a 21 años privada de libertad. El cónyuge obtuvo para culparla dos declaraciones. Testimonios coaccionados por el cónyuge.
Lo que esta mujer sufrió, como acusada, juzgada y encarcelad, dice AsiLEGAL la hace víctima de violencia doméstica e institucional y su hija, también.
Hubo una serie de faltas al debido proceso, y la flagrante ineptitud de las autoridades por investigar un caso que a todas luces señalaba violencia de género, y estuvo lejos de encontrar una defensa ante su situación. Blanca habló de la conducta de su marido: “Yo le pedía que no tomara”, “y a veces me hacía caso, pero luego no. Todo cambió cuando nació la bebé, ahí fue cuando él se empezó a poner más y más agresivo”.
Para sus defensores por los pocos círculos de apoyo, es posible que la recuperación de Blanca sea complicada, además de las limitantes que supone una liberación condicionada, donde está sujeta a no salir de Baja California y no contar con documentos de identidad, los que se suma a la escalada de vulnerabilidad social que ya cargaba. Y, además, por su discapacidad motriz.
Sin embargo, dice AsiLEGAL su resiliencia es indómita: “Tengo ganas de ir a ver a mi papá, cuidarlo, arreglar otros asuntos y, tal vez, volver a embarazarme, pero no creo que con él”, dice.
En resumen, la defensa señala que la impartición de justicia diferenciada a razón de estereotipos de género, posibilidades económicas y ser una persona de origen indígena ha creado, como en el caso de Blanca, un reflejo de la descomposición del tejido social mexicano.
Blanca agradece su salida del CERESO, 13 años después, sin persecución del culpable, pero la arcana posibilidad de que su caso se esté replicando en este momento, con las mismas características y terribles injusticias, deja poco espacio para la esperanza. Su historia no funde como un recordatorio, ni como una representación de hacer consciencia, sino como un espejo que nos está señalando y pregunta con impaciencia: ¿cuándo lo detendremos?
SEM/ag/sj
