Los feminicidios que no se nombran no existen
Yaneth Angélica Tamayo
SemMéxico. 12 de febrero de 2020.- Hace aproximadamente un año, me solicitaron realizar una investigación sobre cifras reales de feminicidios ocurridos en la entidad donde resido; esta encomienda se derivó de un caso donde una joven mujer fue ultimada por su pareja, en donde para no variar, existieron denuncias previas por violencia y la Fiscalía Estatal lo calificó como un suicidio a pesar de que era evidente el delito de feminicidio.
Cuando decidí realizar el trabajo, tenía en mente tres factores que complicarían la investigación; el primero, era la postura de las autoridades estatales en negar la existencia de feminicidios en el Estado -argumento que, es recurrente cada vez que se pide la activación de la alerta de género-; el segundo, consistía en la falta de datos reales que tuvieran registrados los feminicidios.
Y tercero, el famoso mito judicial que reza que se debe evitar judicializar los casos de feminicidio, por aquello de que las estadísticas perjudiquen al Estado.
Una vez, que fui consiente de ello, supe que seria casi imposible contabilizarlos y no porque no existieran, sino porque la mayoría han sido calificados por otro delito o no han sido judicializados; así que la pregunta fue ¿Quién me podría dar datos reales para comprobar mi hipótesis? O al menos ¿Quién me podría decir porque no existe un número real?
Así que lo primero fue contactar a un juez de juicio oral con quien tengo amistad de hace varios años y quién decidió participar conmigo, aunque en el anonimato; lo cual me sugirió la sospecha de que las respuestas no serian muy alentadoras.
Lo primero que le solicité fue el registro que se tenían de los casos de feminicidios, toda vez que cada juzgador debe emitir una estadística que se envía a la judicatura del estado y esta al INEGI; a lo que me respondió que no contaba con dichos datos en razón de que el nuevo sistema judicial se encargaba de concentrar los datos quitándole dicha carga a los operadores judiciales.
La anterior respuesta fue acompañada de un argumento que jamás olvidaré ¨no encontraras feminicidios registrados, en los años que tengo como juzgador y que son bastantes, solo se han reconocido seis¨, mi cara fue de sorpresa, porque tan solo en un año (2019) al menos yo tenía de conocimiento cuatro y tres erróneamente tipificados.
Él me argumentó, que existía una deficiencia en la Fiscalía debido a que no judicializaban los casos denunciados por feminicidio y esto se debía a dos razones; la primera, a que no investigaban lo necesario para poder realizar una vinculación a proceso y; la segunda, por la falta de pericia o voluntad de calificar los casos por feminicidio (les resulta más fácil argumentar un homicidio).
Pero, además refirió que se tenia de conocimiento la existencia de casos que debieron ser calificados por la Fiscalía como feminicidios y no como homicidios; sin embargo, al estar impedidos para pronunciarse sobre un delito que no es solicitado o no existe, no podían hacer nada. Esto me recordó el mito.
Pues el sistema judicial les impedía conocer, ya que solo podían intervenir a petición de parte (solo lo que la Fiscalía solicita) y que la perspectiva de género solo funcionaba para salvaguardar el respeto de la víctima u ofendido durante las audiencias, pues en todo momento se debe proteger los derechos del imputado.
Esta anécdota es mucho más larga y frustrante, pero quise traerla a colación para mostrar como es que el sistema de justicia ha contaminado todas las instituciones y como es que a través de ellas los operadores revictimizan y violentan a un grupo en situación de vulnerabilidad, en donde prefieren la impunidad que la justicia.
Y esto lo vemos reflejado, tan sólo con la absurda propuesta de un Fiscal General al cual se le ocurrió la brillante idea de eliminar el delito de feminicidio por considerar que se trata de un tipo penal difícil de probar.
Quien, no ha observado el número real de mujeres asesinadas por razones de género, el cual no solo ha ido al alza, sino que además el grado de violencia en su perpetración se ha recrudecido.
Y que muchos de esos crímenes tienen que ver con el grado de ineficiencia e ineficacia que a mostrado la Fiscalía en su actuar, en donde sus omisiones y negligencias han ocasionado no solo la impunidad de los delitos sino la invisibilización de los crímenes por odio en contra de mujeres.
Proponer la desaparición del delito de feminicidio, solo contribuye a que se perpetre con más frecuencia y se normalice, pues al no haber castigo se envía el mensaje de que se pueden cometer sin que exista una consecuencia.
Tal propuesta resulta absurda y más sabiendo que las complicaciones de la acreditación del feminicidio no esta en los elementos del tipo penal, sino en la ignorancia, en la falta de pericia y en la falta de perspectiva de género con la que actúan los fiscales y los operadores en todas las entidades.
En todo caso seria más eficiente si se propone la destitución de todos aquellos operadores de la Fiscalía que comenten omisiones y negligencias en el desempeño de las funciones de investigación y la actuación en la defensa de las víctimas y ofendidos.
Sin dejar de lado, los contubernios con los gobernadores, en donde parece que la Fiscalías están sometidas a los designios de otras autoridades y no de un Fiscal, pues parte de la impunidad e invisibilización de los feminicidios tienen su origen en el ocultamiento que se hace de los casos y con la alteración de cifras sobre seguridad, que solo busca encubrir a los poderosos en turno.
