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Reforma Judicial al Parlamento Abierto

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  • Momento de lograr la justicia para las mujeres
  • La impartición de justicia no  es factor de felicidad como debiera: Mónica Fernández Balboa

Sara Lovera

SemMéxico. Cd. de México. 12 de febrero de 2020.- La  senadora  Mónica Fernández Balboa, aseguró que la iniciativa de la Reforma Judicial se discutirá en Parlamento Abierto para que la sociedad forme parte del proceso y “abonemos a la legitimidad de las nuevas normas”. La también morenista, prometió que la reforma sería con perspectiva de género o no sería.

Al participar en la presentación de la iniciativa, en un salón de la Suprema Corte de Justicia dijo que los cambios al sistema judicial son una prioridad pues se trata de una de las principales demandas de la sociedad mexicana ante los problemas de criminalidad y violencia que nos afectan.

Dijo que el Senado no permitirá ningún retroceso en materia de derechos humanos, como “tampoco permitiremos una vulneración de la autonomía del Poder Judicial”.

Luego dijo que  en México la justicia, lejos de ser un factor de felicidad, es una causa de malestar social, debido a la impunidad e injusticias que vemos todos los días.

El senador Ricardo Monreal, destacó la importancia de atender al pueblo y se refirió a la injusticia histórica para las mujeres, ahora gozando de la ley para paridad total, enfrentan la violencia política y sexual, dijo.

En la reunión –todas las personas que hablaron- dijeron que las reformas fueron resultado de un  trabajo conjunto de la SCJN autora de la iniciativa, pero desde octubre último se discutió con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila; el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scheler Ibarra; y con Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

La presidenta del Senado informó que se han presentado distintas iniciativas en materia de justicia, las cuales se sumarán a las que envíe el Poder Ejecutivo.

MONREAL ÁVILA: JUSTICIA PARA LAS MUJERES

Por su parte el senador y coordinador del Senado, Ricardo Monreal Ávila, hizo un discurso destacando la vieja necesidad de esta reforma y punteó los cambios propuestos.

Luego afirmó vehemente que se debe reconocer  que, en junio del 2019, apenas hace unos meses, se logró consolidar, por medio de un acuerdo histórico y unánime, después de más de seis décadas, el anhelo constitucional postulado en 1953: garantizar la plena participación de las mujeres en todos los espacios en la toma de decisiones.

Esto se consiguió mediante la incorporación en el Texto Constitucional del Principio de Paridad de Género, como eje rector para la integración de todos los órganos del Estado Mexicano.

Lo anterior se explica, dijo,  a partir de reconocer la desventaja histórica femenina, la discriminación por razón de género en el ejercicio de sus derechos y la enorme desigualdad que han provocado esas circunstancias.

El Consejo de la Judicatura Federal reportó que, hasta el 15 de junio del 2019, contaba con un universo de 864 personas como magistrados de Circuito y 583 jueces de Distrito, de los cuales, las mujeres, con el cargo de juezas, representaban únicamente el 23 por ciento y las mujeres magistradas constituían el 18 por ciento.

Para romper estas asimetrías y materializar en el Mandato Constitucional en la integración de todos los eslabones que deben conformar la cadena de la carrera judicial, se debe partir de la base de que la paridad de género es una medida de aplicación permanente y que su teleología atiende a combatir las relaciones asimétricas de poder y los esquemas de desigualdad que determinan el diseño y la ejecución del sistema, lo cual permitirá vencer una visión patriarcal de la justicia que hasta ahora ha imperado.

Recordó que durante  muchos años se ha discutido o sobre las necesarias reformas al Poder Judicial de la Federación, y es la fecha en que “no hemos podido lograr consensos para una reforma integral y sistemática; esta es nuestra oportunidad”.

Los conflictos y desacuerdos entre quienes integran la sociedad y los abusos en la actuación de las autoridades frente a los particulares, han generado un problema de expansión de la judicialización. Hasta ahora  las transformaciones legales y reglamentarias que se han realizado han sido insuficientes para satisfacer a cabalidad el derecho humano a la tutela judicial efectiva, la insatisfacción social con la injusticia no deja dudas.

Entonces destacó que es indispensable la adecuación integral del marco constitucional y legal que dote de mayor eficacia a las competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los Juzgados de Circuito y de los Tribunales Colegiados, como lo plantea la iniciativa.

Dijo que  la transformación exige el paso decisivo para que la Corte se consolide como Tribunal Constitucional. Así se vuelve necesario reflexionar sobre las competencias amplias en materia de legalidad, que todavía detenta nuestro Tribunal Constitucional, cuya instrumentación era explicable en el contexto de hace cinco lustros, pero que hoy se encuentra desfasada a la luz de la expansión de la demanda de justicia, sensible, pronta y expedita.

El número de asuntos que recibió la Corte Suprema, sólo en el 2018, fue de 17 mil 220 asuntos, dato que es revelador.

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