- Misma intención, mismo proceso, misma redacción y mismo objetivo que en 2016
- En boletín llaman “nuevo”, ahora herramientas inexistentes y el “primera vez”.
Sara Lovera
SemMéxico. Ciudad de México. 19 de febrero 2020.- Al fin entró protocolo contra acoso y hostigamiento sexual en el Gobierno Federal, así un medio digital encabezó la noticia sobre un comunicado oficial de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de las Mujeres que circuló el lunes 17 por la noche.
Se trata de El Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en toda la administración Pública 2020, un instrumento rector que se creó en 2016 y que ahora reedita el gobierno federal, contiene las mismas disposiciones y está construido con la misma lógica para 2020. Sólo tiene cambios de redacción y en la introducción. Desglosa y ajusta los mecanismos de denuncia y comprime algunos párrafos, hace una revisión de estilo, cambia el orden de algunos párrafos y para mejor comprensión introduce incisos en sus disposiciones.
De la lectura cuidadosa de ambos documentos, se deduce que era necesario relanzarlo, frente a la problemática actual y los compromisos internacionales para rendir cuentas sobre los avances que en igualdad y empoderamiento obliga Naciones Unidas.
El “nuevo” y aparentemente primero, porque antes “no existía”, lo firman Olga María Sánchez Cordero de García Villegas, secretaria de gobernación, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la función pública, y Nadine Flora Gasman Zylbermann, presidenta de Inmujeres. En 2016 lo firmó el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, Javier Vargas Zempoaltecatl, subsecretario de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas, en ausencia del secretario de la función pública, y Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Inmujeres.
Sólo agrega en los considerandos que responde a las observaciones que el 25 de julio de 2018 hizo el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órgano de vigilancia de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) tratado internacional adoptado en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y firmado por México en 1981. Este tratado se introdujo en la Constitución de la República en 2011, y hoy forma parte de nuestra legislación obligatoria. Todos los demás son idénticos, hasta en redacción.
Ese julio el Comité de la CDAW “recomendó al Estado mexicano, en sus Observaciones Finales sobre el Noveno Informe Periódico de México, alentar a las mujeres a denunciar los incidentes de violencia de género, y asegurarse de que las mujeres víctimas de violencia tengan acceso a recursos efectivos y oportunos, y se garanticen que todos los casos de violencia de género se investiguen eficazmente, así como que los autores sean enjuiciados y castigados como corresponda”.
Su reedición será parte del informe de México que presentará en la ONU y otras reuniones con motivo del 25 aniversario de la IV Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Begin, China, en 1995, cuyos compromisos para 183 países se evaluarán a 25 años de esa conferencia. México prepara el informe sobre los avances para eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres. Las organizaciones civiles preparan un informe alterno.
El protocolo, presentado como nuevo y extraordinario, seguramente debería ser aplicado desde hace casi 4 años, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 2016.
El “nuevo” también cambia denominaciones. En 2016 había oficialías mayores hoy Unidades de Administración y Finanzas; en 2016 avalaron el Protocolo, Inmujeres y la Secretaría de Gobernación y Secretaría de la Función Pública, las mismas.
El boletín, señala que el lunes por la noche fue INMUJERES quien dio a conocer que por primera vez, los Órganos Internos de Control, que dependen de la Secretaría de la Función Pública tendrán una herramienta efectiva para investigar casos de hostigamiento y acoso sexual en las dependencias y entidades federales, es decir desde hace 4 años.
Se busca, dice el comunicado,
“prevenir, atender y sancionar con eficacia la violencia sexual dentro de las
instituciones de gobierno y con ello fomentar climas laborales respetuosos y
libres de discriminación y violencia.
Entró en vigor este lunes 17 de febrero y es como el antes vigente una herramienta indispensable que busca erradicar esas conductas en la Administración Pública Federal (APF) y fomentar climas laborales libres de discriminación y violencia.
Dice a la letra que “ahora basado en criterios nacionales e internacionales de derechos humanos”. Antes decía igual. Se publicó hace en el Diario Oficial de la Federación desde el 3 de enero, y establece procedimientos uniformes para disuadir y castigar el hostigamiento y el acoso sexuales en las dependencias del Gobierno Federal.
El boletín enviado por la Secretaría de Cultura, señala que la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros resaltó la relevancia del nuevo protocolo como herramienta efectiva para resolver problemáticas que se venían perpetuando desde hace varias administraciones y que, “con un verdadero compromiso, serán atendidas con efectividad por los Órganos Internos de Control (OIC), los cuales dependen de la Secretaría de la Función Pública, y a los que ahora se les dota de rutas a seguir en la materia. “Desde la Función Pública hay cero tolerancia al acoso y el hostigamiento sexuales”, frase “cero tolerancia” que está igualito en el texto de hace 4 años.
El comunicado también refiere comentarios de Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Inmujeres, quien señaló que la actualización del Protocolo fue posible gracias al trabajo coordinado con casi 60 dependencias y entidades de la APF, con el fin de evitar, desde la perspectiva de género, prejuicios y estereotipos que entorpezcan el proceso de atención a casos.
Agrega que a través de la nueva herramienta normativa se garantizan los derechos humanos de las personas cuando sean víctimas de hostigamiento sexual y acoso sexual en el desempeño de su empleo en el servicio público federal, o al acudir a solicitar un trámite o recibir un servicio en la APF.
Para ello, el protocolo instaura mecanismos para orientar y brindar acompañamiento especializado –también lo establece el Protocolo de 2016- a quienes denuncian para evitar su re victimización y garantizar su acceso a la justicia. Asimismo, señala las instancias encargadas, en cada dependencia, de conocer, investigar o sancionar esas conductas de violencia sexual.
De esta manera, se fortalecen las funciones y el perfil de las personas consejeras y se definen acciones concretas para los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses y los OIC, lo que antes también existía.
El protocolo de actuación, explicó la secretaria Sandoval Ballesteros, obliga a verificar las quejas y denuncias y examinar la relación entre denunciante y persona denunciada, para identificar asimetrías de poder. Así, se establecen principios como el de exhaustividad, para asegurar a los OIC y personal encargado un papel activo, objetivo e imparcial en la obtención de evidencia.
De acuerdo con el Protocolo, cada dependencia y entidad de la APF deberá contar con un registro de los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual para facilitar el seguimiento e identificación de patrones (igual el de 2016) y, de esa manera, implementar acciones que los inhiban y erradiquen, esto, con el fin de acabar con la impunidad. Entre las acciones está la creación del sitio cerotolerancia.inmujeres.gob.mx, en donde el personal del servicio público y la ciudadanía se podrán informar y capacitarse para sumarse a la construcción de una cultura libre de hostigamiento sexual y acoso sexual.
Aunque no hay cambios de fondo en las definiciones, ni en las responsabilidades para la Secretaría de la Función Pública y el Inmujeres, el nuevo Protocolo constituye un cambio de fondo, porque no sólo prohíbe la violencia sexual, sino que incluye medios efectivos, a cargo de los OIC, para combatirla y castigarla en las dependencias y entes públicos federales, al definir claramente los conceptos de las conductas y permite a las víctimas decidir qué instancia llevará su caso.
