Donde habita el olvido
Claudia Almaguer
SemMéxico. 07 de marzo 2020.- Ante la proximidad de las marchas del 8 de marzo y el paro del día 9 aumenta el volumen de las voces feministas que desde cada región de México llaman a todas las mujeres a sumarse para exigir un alto a todas las violencias, un acceso digno a la justicia, un cambio cultural profundo, porque definitivamente seguir en el “aquí no pasa nada” es la peor decisión que puede tomar el país.
Las mujeres feministas llevamos décadas escribiendo y denunciando al respecto, por ejemplo, en una entrevista de la revista FEM realizada en 1997 por Guadalupe Díaz a Patricia Olamendi, por aquel entonces Directora General de Atención a Víctimas del Delito en la Procuraduría del Distrito Federal daba ya algunas características de estas prácticas. Decía Olamendi que la creación de las primeras agencias especializadas en delitos sexuales en 1988 permitió dar cuenta de que apenas en el año anterior las cifras daban un porcentaje mucho mayor de mujeres víctimas, diez mil casos contra seis denuncias iniciadas por hombres. Y un comentario fundamental:
“El hecho de que las mujeres tengan que seguir ciertos patrones y reglas de conducta ya establecidos, violentos para su persona y anacrónicos para nuestra cultura; constituye una forma de agresión. Basta decir que si una mujer se sale de ellos automáticamente se convierte en sujeto de corrección.”
Esto en clara alusión a los prejuicios que permean en la sociedad y justifican las prácticas de violencia. A pesar de ello, de la denuncia y de los avances que hoy se ven plasmados en la ley gracias a la concienciación que han producido los movimientos feministas; la falta de voluntad política, la falta de recursos, la persistencia de los estereotipos de género y la indiferencia gubernamental actualmente son el caldo de cultivo de la violencia feminicida.
Pero ¿de qué tamaño es la violencia machista?
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1% (30.7 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida. Aunque quienes más agreden a las mujeres en México son sus parejas, es allí donde se produce lo que el INEGI denomina como violencia severa, esto es: agresiones físicas y sexuales recurrentes y sistemáticas que van desde los jalones o empujones hasta golpes, patadas, intentos de asfixia o estrangulamiento, agresiones con armas de fuego y abusos sexuales que van acompañados de violencia económica, chantajes, degradación y amenazas. Las consecuencias de todo esto también se han medido:
“Casi la mitad de las mujeres (46.0%) que han enfrentado violencia, reportaron problemas de alimentación, problemas nerviosos y del sueño, angustia, tristeza, aflicción, depresión y pensamientos suicidas. En cuanto a los daños físicos de los 19.0 millones de mujeres que enfrentaron violencia por parte de su pareja, 18.0% (3.3 millones) sufrió como moretones o hinchazón, ardor o sangrado vaginal, desmayos, cortadas, quemaduras o pérdida de dientes, hemorragias o sangrado, hospitalización u operación, fracturas, aborto o parto prematuro, alguna enfermedad de transmisión sexual, incapacidad para mover alguna parte de su cuerpo, lesión a algún familiar, fallecimiento de algún integrante del hogar, intento de suicidio u otro daño físico similar.”
Sin embargo, ante semejantes dimensiones México todavía no consigue poner atención y pasan las administraciones inventando nuevos modelos para recibir a las víctimas, sin antes construir estrategias para mejorar las capacidades institucionales lo que se devela claramente de la situación en que se encuentran las áreas del ministerio público responsables de atender los delitos en agravio de las mujeres. Justo este viernes Animal Político ha publicado que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas creada en 2008 tuvo un recorte de presupuesto del 25 %, que no tiene titular y que las cabezas visibles allí son todos hombres siendo que siempre habían liderado abogadas especializadas con perspectiva de género.
Esto significa que el espacio ex profeso creado para la aplicación de la política criminal que investiga y sanciona las prácticas de violencia contra las mujeres que son constitutivas de delitos permanece en el olvido, condición que incide directamente en la calidad y cantidad de trabajo que se realiza y que puede constituir un factor de impunidad. Desafortunadamente, la indiferencia hacía la FEVIMTRA es circunstancia compartida con sus homologas en el país.
Sin ir más lejos aquí, desde donde le escribo en San Luis Potosí, la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer la Familia y Delitos Sexuales sencillamente no puede parar y ese es parte del problema.
Para la entidad, el INEGI señala que la violencia que ejercen las parejas, esposos, novios, ex-novios, exparejas o exesposos contra las mujeres es severa y muy severa en el 67.2% de los casos. Esto equivale a 252 mil mujeres, de las cuales 158 mil se encuentran en situación de violencia severa y 94 mil en situación de violencia muy severa y, en consecuencia, la vida de estas mujeres ha estado o sigue estando en riesgo inminente.
Aunado a ello las cifras de la incidencia delictiva no han dejado de aumentar, tomando en cuenta que hay un perfil de víctimas conformado por mujeres que denuncian violencia familiar y delitos sexuales, en 2017 hubo 6163 carpetas de investigación, en 2018 fueron 6445 y en 2019 cerramos en 7592 tan sólo en la capital y los municipios aledaños. A este punto las cifras ayudan a resumir, pero no sirven para plantear la travesía que hacen las víctimas por muy cerca o muy lejos que se encuentren para salir a la calle y venir a denunciar, ni la frustración que se siente cuando no se alcanza a cubrir la inminente demanda del acceso a la justicia.
Debido a ello nuestro no parar no es en sumisión a nadie, sino por respeto a ellas.
Así, al igual que en otras fiscalías de México nos negamos a ser política simbólica, pugnamos porque se reconozca que la labor en estos espacios es fundamental para la contención y evitación de la violencia feminicida, pero, además, que la infraestructura con la que cuente y la preparación de su recurso humano es la materialización de la garantía del Estado del derecho a una vida libre de violencia que tienen las mujeres en los ordenamientos jurídicos de México.
Creo que es un pensamiento común para algunas de las mujeres que somos servidoras públicas, pero también ciudadanas, sabemos las legítimas razones para las protestas porque las vemos todos los días.
A más ver.
