- El FFN propone contralorías ciudadanas para el cumplimiento del uso de recursos públicos.
- Piden que se deje deslegitimar la labor de las OSC, y se restablezcan los programas concursables.
- Mujeres rurales e indígenas se ven como beneficiarias y no como sujetos de derechos.
Elda Montiel
SemMéxico. Cd. de México. 20 de marzo de 2020.- Los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, suscritos por el estado mexicano, no se concretan en la vida de las mujeres; especialmente, los gobiernos estatales y municipales ignoran e incumplen su obligación de destinar recursos públicos e instrumentar políticas y acciones con enfoque de género.
Se observa, que, en muchos casos, hay una simulación en el cumplimiento del programa Proequidad o en los planes locales en la materia, por lo que el Frente Feminista Nacional (FFN) ha propuesto el establecimiento de contralorías ciudadanas que den seguimiento y revisen los resultados de las políticas y uso de los recursos públicos en los tres órdenes de gobierno.
Convencidas de que sin la participación de las mujeres no habrá gobernabilidad democrática, las mujeres como ciudadanas e integrantes de colectivos sociales y organizaciones no gubernamentales, hacen un llamado al más alto nivel de autoridad para que cesen los discursos que descalifican a los legítimos movimientos y al trabajo militante y honesto de las organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, exigen que se restablezcan los presupuestos de programas concursables que permiten el trabajo local y constante de personas organizadas que realizan actividades que los gobiernos no hacen.
Así lo dan a conocer en el “Informe Nacional Alterno Beijing+25” elaborado de manera colectiva por integrantes del Frente Femenino Nacional, (FFN) sobre los avances, los pendientes y los desafíos en el cumplimiento de la Plataforma de Acción Beijing (PAB), en el marco de la conmemoración de los 25 años de la IV Conferencia Mundial de la Mujer.
El FFN está integrado por feministas de 25 entidades del país: activistas, académicas, estudiantes, trabajadoras, sindicalistas, mujeres urbanas y rurales; jóvenes, mujeres de mediana edad y mayores que se han articulado desde el año de 2009.
En el Informe aportan diagnósticos en seis ejes de acuerdo a la metodología marcada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL): Desarrollo inclusivo, prosperidad compartida y trabajo decente; Erradicación de la pobreza, protección social y servicios sociales; Erradicación de la violencia, los estigmas y los estereotipos; Participación, responsabilidad e instituciones con perspectiva de género; Sociedades pacíficas e inclusivas; Conservación, protección y rehabilitación del medio ambiente.
Al mostrar las brechas de desigualdad de género, clase, etnia, violencias e inequidades que viven las mujeres, a 25 años que se suscribió la Plataforma de Acción de Beijing, se incluyen propuestas dirigidas tanto a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y a los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, con el fin de que las autoridades cumplan lo suscrito en materia de derechos humanos de las mujeres.
Destacan la importancia de presentar la visión propositiva desde la sociedad civil, toda vez que lo expresado en el informe oficial no muestra los grandes pendientes que tiene el Estado mexicano para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres.
Una preocupación latente es la actuación de grupos religiosos conservadores en labores de gobierno que atentan contra el mandato constitucional de respeto al Estado laico, el cual establece claramente la separación entre la Iglesia y el Estado, y otro aspecto importante es la situación de conflicto armando que vive el país en los últimos sexenios, cuestión no reconocida por el Estado mexicano, y que genera una espiral de violencias y desplazamientos forzados que impactan la seguridad y la vida de la ciudadanía, en especial de las mujeres.
En el informe también destacan la falta de reconocimiento al trabajo de las mujeres rurales e indígenas en la producción de alimentos y en la reproducción de la cultura (conocimientos agrícolas, cuidado de los bienes naturales y la diversidad, la lengua, la medicina indígena, etcétera).
Esto se puede constatar en los programas asistenciales, donde subyace la cultura patriarcal que las concibe como beneficiarias y no como sujetas de derechos. Se requiere de políticas dirigidas a fortalecer la autonomía económica y la participación de las mujeres en las decisiones, y que incorporen los enfoques de género, interculturalidad y de derechos humanos.
