* La iniciativa busca evitar que la violencia sexual quede en la impunidad
* La prescripción inicia cuando los agresores cumplan la mayoría de edad
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 23 de marzo 2020.- Para que los delitos sexuales y la trata de personas cometidos por adolescentes en contra de menores de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el hecho deben ser imprescriptibles para que no queden impunes, propuso el senador de Acción Nacional, José Erandi Bermúdez.
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 109 de la Ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, fue turnada directamente a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.
El legislador panista explicó que la prescripción es el vencimiento del tiempo determinado para ejercer acción penal y castigar un ilícito. El tiempo que debe transcurrir para que opere dicha figura, depende del delito del cual se trate: un año los que se sancionan con multa y se persiguen por querella y dos años si merece destitución, suspensión, privación de derecho o inhabilitación.
En el caso de crímenes que perjudiquen el libre desarrollo de la personalidad de menores de edad, la prescripción inicia cuando éstos cumplan la mayoría de edad. Esta decisión suele ocasionar problemas, pues cuando se conoce el hecho delictivo, este ya está prescrito.
Cuando se habla de abuso infantil, lo primero que se suele pensar es que el abusador es un adulto, sin embargo, el texto afirma que en algunos casos es un menor de edad y son los que menos salen a la luz por el silencio de la víctima, el ocultismo de muchas familias y la dificultad del diagnóstico.
El legislador sostiene que “el aumento de la violencia, la corrupción e impunidad han dejado en evidencia que México aún cuenta con un Sistema Judicial arcaico, adultocéntrico y patriarcal que perpetua la impunidad en los delitos cometidos contra la infancia y la adolescencia”.
Se afirma que los delitos sexuales constituyen un problema de salud pública y de derechos humanos de proporciones incalculables, con consecuencias emocionales y psicológicas devastadoras para quienes lo sufren, lo cual trae secuelas a corto y largo plazo que afecta la salud mental de las víctimas.
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