Claudia AlmaguerLa Opinión

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Claudia Almaguer

SemMéxico. 29 de marzo 2020.- En el año 2015 a propósito de la conmemoración del 25 de noviembre escribí en esta columna  acerca de las acciones que podían llevar a cabo los familiares y las amistades de una víctima de violencia en consideración al perfil que caracteriza estos casos en México conformado por mujeres que son agredidas por sus parejas y ex parejas en el contexto de relaciones abusivas y desiguales.

En los datos más recientes dicha representación sigue vigente, la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 del INEGI reportó que a nivel nacional 64 de cada 100 mujeres con violencia de pareja a lo largo de su relación, sufrieron violencia severa y muy severa y 13 estados se hallaban desde entonces por encima de la media nacional en la proporción de mujeres en situación de violencia severa y muy severa: Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila de Zaragoza, Estado de México, Tabasco, Jalisco, Chiapas, Querétaro, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

De ahí que en la actualidad al tomar en cuenta que las medidas sanitarias bajo las que nos encontramos pueden ser un factor de riesgo para las víctimas dichas entidades federativas al igual que el resto del país deberán tomar decisiones eficaces para prevenir la ocurrencia de la violencia feminicida y es de suma importancia que se produzca un ejercicio de vigilancia por parte de actoras externas como las periodistas feministas en cada territorio, las políticas, las organizaciones y la ciudadanía.

Porque precisamente el jueves 26 de marzo habló de esto la titular del Instituto Nacional de las Mujeres en la conferencia diaria que está dando el gobierno federal para situación del COVID – 19 pero el tema pasó sin pena ni gloria, sin ningún cuestionamiento por parte de la prensa, eso en un país en el que asesinan brutalmente a 10 mujeres todos los días.

Bien pudieron preguntarle a Nadine Gasman su posición y su gestión en relación a la carta abierta dirigida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por parte de la Red Nacional de Refugios para solicitar la liberación inmediata del presupuesto federal etiquetado para estos espacios especializados en la atención a mujeres que padecen violencia extrema y que está en riesgo su vida. Cabe mencionar que ese escrito refiere que diversos organismos nacionales e internacionales han hecho un llamado para que los Estados adopten políticas feministas para abordar el COVID19.

Y efectivamente, ya dentro de las cinco acciones que recomienda la Directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres Anita Bhatia se encuentra:

 “Garantizar que las líneas de atención telefónica y los servicios para todas las víctimas de abuso doméstico se consideren “servicios básicos” y que se mantengan siempre a disposición. Además, es necesario que el ejercicio de la ley sea sensible a las necesidades y dé respuestas ante las llamadas de las víctimas. Sigan el ejemplo de Quebec y Ontario, que han incluido refugios para mujeres sobrevivientes en la lista de servicios básicos. Así se garantiza que la pandemia no lleve inadvertidamente a situaciones de más trauma, lesiones y muerte durante el período de cuarentena, dada la alta proporción de muertes violentas de mujeres ocasionadas por sus parejas.”

Previo a la crisis sanitaria México ya tenía grandes dificultades para brindar apoyo a las víctimas no sólo a nivel institucional sino también a partir de la comunidad, de los estereotipos y prejuicios que cotidianamente se asumen respecto de lo que una mujer que está siendo maltratada debería o no hacer y el cómo se le culpa a ella en lugar de a su agresor, por lo que está viviendo.

Así que ahora hay que añadir a esa ceguera la que materialmente produce el aislamiento dentro de los hogares y considerar que esta crisis es una oportunidad para renunciar de manera voluntaria a seguir mirando a las víctimas desde arriba en una posición desde la cual se les sigue adjetivando de “pobrecitas” de “incapaces” de “afectadas” para tomar decisiones en tanto que el Estado, la institución o la persona que les brinda algún apoyo se enarbola como el agente salvador y sabedor de lo que es mejor para ellas.

Estos no son los años ochenta, para ningún grupo que padece discriminación se debe partir de políticas asistencialistas que conciban a sus receptores como disminuidos en su posibilidad de decidir y mucho menos debería suceder con el único que porta características únicas, siendo las mujeres más de la mitad de la población en México en palabras de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación: la explicación es cultural, es decir, la percepción del país en el que vivimos minimiza constantemente el valor que tiene nuestra participación, nuestro trabajo, nuestra integridad y nuestra vida.

Debido a ello, cuando se hace algo para proteger a quienes han sido víctimas de violencia, pareciera que se les hace un favor y no como lo es, que desde los gobiernos se cumple con unas obligaciones de ley para garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir una vida en libertad y en paz.

Y también debido a ello cuando se retiene dolosamente el dinero destinado a los refugios para las mujeres víctimas pareciera que no es una ofensa desde el Poder para con esos derechos, tan no lo es que a Gasman nadie le preguntó nada.

A más ver. 

Twitter: @Almagzur

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