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La verdadera cara de los agresores

  • Aumentan las llamadas de auxilio

Yaneth Angélica Tamayo Ávalos

SemMéxico, 13 de abril 2020.- En México el 66.1 % de las mujeres han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor.

De este porcentaje el 49 % es por violencia emocional, el 41.3 % por violencia sexual, el 34 % por violencia física y el 29 % restante por violencia económica o patrimonial o discriminación en el trabajo, según datos de la ENDIREH 2016.

Ahora bien, estas cifras sin duda han cambiado a lo largo de los años ya que tan solo los casos por feminicidios y los cuales no aparecen en la encuesta han aumentado, por lo que es muy posible que en la actualización de la ENDIREH se eleven significativamente estos datos.

Especialmente con el aislamiento provocado por la pandemia, en donde incluso sería interesante conocer, las causas que prevalecieron para que agresores pasivos -por así llamarlos-, detonaran los números por agresiones más intensas en contra de sus víctimas.

Tan solo en el periodo comprendido del 1 de enero al 5 de abril del presente año, se han cometido 550 feminicidios en el país, de los cuales 45 son feminicidios infantiles (registros de Frida Guerrera); y, de febrero a marzo según datos de la Fiscalía General, aumentó en un 25 % las llamadas de auxilio por violencia de género.

Lo cual significa que, en el corto periodo de febrero a marzo, la tasa antes registrada aproximadamente aumentó a un 99.1 % y solo por cuestiones de aislamiento por contingencia sanitaria.

Todo esto parece confirmar, que “nuevos agresores” por así llamarlos, han revelado sus reales intensiones y se han sumado a otros agresores constantes, elevado las incidencias por violencia intrafamiliar; como ejemplo se tienen reportes en donde las víctimas refieren que sus parejas jamás las habían agredido y que, a partir de la medida de aislamiento, sus vidas y las de sus infantes se han tornado violentas, entre humillaciones, gritos y golpes. 

Pero esto no es nuevo, si se toma en cuenta que la violencia de género es un fenómeno escalable y que en algunos casos es normalizado; que las incidencias sean más violentas o perceptibles no quiere decir que los agresores actúan de forma espontánea, es muy probable que previo a estas denuncias ya hubiese acciones violentas, pero de baja intensidad.

De manera que, las restricciones de movimiento, la incertidumbre generalizada, la ansiedad, el estrés, entre otros factores, han servido como estimulo para que los agresores respondan de forma un más violenta que de lo habitual. Situación que le es aplicable a los agresores constantes -refiriéndome a los que dé forma permanente ocasionan daño a sus víctimas-.

Aquí vale la pena decir, que en situaciones de emergencia existe una mayor presencia de violencia intrafamiliar y de género, que afecta principalmente a adolescentes, infantes y mujeres que se ven obligados a convivir con sus agresores, debido al aumento de tensiones en el hogar.

Dichas situaciones se sostienen por fuerzas económicas e instituciones sociales, que se expresan con la intimidación, la coerción y la violencia física, pero también por la dominación que se ejerce sobre la víctima con su consentimiento o su complicidad, lo que impide que las personas violentadas se reconozcan como tal y esto último es lo que genera que la violencia de género escale.

Para finalizar, se debe mencionar que las acciones impuestas en fases de emergencia aumentan el aislamiento de mujeres víctimas; en el caso que nos ocupa, no solo es un aislamiento como medida restrictiva, sino que los agresores imponen un aislamiento aún más interno, porque una vez que las víctimas se encuentran encerradas con sus agresores se favorece el control que se tiene sobre ellas y eso les obstaculiza el contacto con redes de apoyo, que les impiden denunciar y resguardarse en lugares más seguros.

Por ello es importante, que en momentos de crisis como la que hoy se vive, existan planes emergentes de apoyo que favorezcan entornos seguros y garanticen medidas de protección a víctimas durante la crisis. De tal forma que la población tenga la certeza de que ninguna persona que sufra violencia de género e intrafamiliar se le va negar la protección y el acceso a la justicia.

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