- La cuarentena, riesgo de violencia doméstica.
- Directrices de la ONU ante la pandemia.
Elda Montiel
SemMéxico. Cd. de México. 14 de abril de 2020.- Para los gobiernos los servicios de apoyo y los albergues para las víctimas de violencia de género deben seguir siendo una prioridad, así como la orientación eficaz y la disponibilidad y accesibilidad de medios para llevar a las víctimas a lugares seguros, señala en sus directrices para reducir la repercusión de la crisis sobre las mujeres por el COVID 19, la Organización de las Naciones Unidas.
Así como los servicios de salud sexual y reproductiva también se señalan que deben considerarse como una prioridad que salva vidas y que forma parte integral de la respuesta a la pandemia.
Deben abarcar el acceso a los anticonceptivos, la atención a las madres y los recién nacidos, el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, la posibilidad de obtener un aborto seguro y la orientación eficaz de las usuarias.
Y advierte que deben realizarse los esfuerzos necesarios para no sustraer recursos de los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, ya que eso repercutiría especialmente en los derechos y las vidas de las niñas y las mujeres.
De acuerdo a lo expresado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, los esfuerzos para combatir el virus no darán resultados a menos que apliquemos un enfoque holístico, lo que significa que debemos proteger cuidadosamente a los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, tanto en términos médicos como económicos.
En el documento “Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de Derechos Humanos en la atención a la pandemia por COVID19”, se destaca la situación de las mujeres ante las restricciones relacionadas con la salud pública, tales como las cuarentenas, que pueden aumentar la exposición de la mujer a la violencia de género, sobre todo a la violencia de pareja y a la que acontece en el ámbito doméstico.
El organismo internacional considera que el riesgo de violencia doméstica se agrava en un momento en que no hay o quedan menos refugios y servicios de ayuda disponibles para las víctimas; cuando es difícil acceder a aquellos que aún están abiertos; y cuando hay menos apoyo de la comunidad.
Por lo que hace énfasis en que se deben seguir una serie de medidas como el que los mensajes relativos al COVID-19 deben incluir información sobre los teléfonos y servicios de emergencia.
Sin embargo, advierte que hacer llamadas telefónicas puede ser peligroso en un contexto de confinamiento en el hogar, las líneas de ayuda pueden facilitar el acceso al proporcionar chats en línea y servicios de mensajes de texto para las víctimas, por lo que instan a los Estados a encontrar soluciones nuevas y creativas para apoyarlas.
Respecto a las mujeres de edad avanzada tienen más probabilidades de vivir en la pobreza, lo que a su vez puede agravar la repercusión del virus y limitar su acceso a los bienes, los alimentos, el agua, la información y los servicios sanitarios.
Considera la oficina del Alto Comisionado de la ONU que se necesitan medidas específicas para reducir la repercusión de la crisis sobre las mujeres, dado que, en el hogar, las niñas y las mujeres desempeñan la mayor parte de las tareas domésticas, lo que implica un estrés adicional sobre su vida profesional, y además constituyen la mayoría de la fuerza de trabajo en el sector sanitario, por lo que corren un mayor riesgo de infección.
En muchos países, las mujeres afrontan riesgos desproporcionados en la esfera laboral, ya que muchas de ellas trabajan en el sector informal (por ejemplo, como empleadas domésticas, niñeras, trabajadoras agrícolas o ayudantes en empresas familiares) y pueden ser las primeras en perder sus empleos o en padecer las consecuencias de la crisis, puesto que carecen de seguridad social, seguro de salud o permisos retribuidos.
Destaca en las directrices que las medidas deben ser tomadas por objetivos legítimos de salud pública, no negar el servicio médico por discriminación y tomar medidas adicionales de protección social para que su apoyo alcance a aquellas personas en mayor riesgo de ser afectadas de manera desproporcional por la crisis.
Los Estados deben proporcionar apoyo específico, incluyendo apoyo financiero, social y fiscal, a las personas particularmente afectadas como las que no tienen seguro médico o seguridad social. Así como a tomar medidas activas para garantizar que prevalezca un sentido de solidaridad.
Cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria. Los gobiernos deben informar a la población afectada sobre el significado del estado de emergencia, dónde se aplica y por cuánto tiempo se supone que estará en vigor.
El uso de poderes extraordinarios en situaciones de emergencia debe ser declarado públicamente y debería ser notificado a los órganos de tratado correspondientes cuando derechos fundamentales, que incluyen el movimiento, la vida en familia y la asamblea, se vean significativamente limitados.
En los países que hayan adoptado medidas de restricción de movimiento y libre circulación, los gobiernos deben utilizar todos los medios disponibles, incluyendo el aprendizaje a distancia, para continuar el acceso a la educación, especialmente para niños y adolescentes, y en las mismas condiciones a los estudiantes con discapacidades.
Las declaraciones de emergencia basadas en el brote de Covid-19 no deberían ser usadas como base para atacar grupos particulares, minorías o individuos, ni funcionar como acción represiva bajo la apariencia de proteger la salud ni debería ser utilizado para silenciar el trabajo de quienes defienden derechos humanos.
Señala la ONU que las directrices se irán enriqueciendo conforme a la experiencia de los expertos y expertas de derechos humanos de la ONU y la propia ONU-DH.
