- Para atender la emergencia sanitaria en países con violencia armada
- 70 millones de personas —la mitad de ellas mujeres— viven en situación de riesgo
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 20 de abril, 2020.- Una convocatoria dirigida a las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres para presentar propuestas para Mecanismos de financiamiento para la emergencia del COVID-19 para países que viven violencia armada con poblaciones de refugiados y personas desplazadas, lanzó el Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción Humanitaria (WPHF, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas.
En América Latina, Colombia destaca como el único en la región, donde la pandemia podría tener no sólo impactos significativos en todos los contextos, sino además amplificarlos frente a sistemas sociales y de gobernanza, incluyendo los sistemas de cuidados a la salud, han sufrido daños sustanciales en su infraestructura y servicios.
La doctora Esperanza Martínez, directora de la unidad de Salud del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC), dijo que este virus podría derribar sistemas médicos completos en ciertos países.
Además, si se considera que más de 70 millones de personas —la mitad de ellas mujeres— corren una situación particular de riesgo, al estar obligadas a huir de sus hogares debido a la persecución, el conflicto, la violencia y las violaciones de derechos humanos.
Las poblaciones de refugiados y personas desplazadas en campos y asentamientos informales están especialmente expuestas. Debido a la concentración tan alta de personas, muchas de las cuales viven en condiciones de hacinamiento (y con un acceso sumamente limitado a la atención médica), hay una gran preocupación por que se intensifique la propagación del virus.
El doctor Mike Ryan, director del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, advirtió que los estados más afectados por el conflicto tienen la estructura sanitaria más débil, y que las poblaciones desplazadas son especialmente vulnerables debido a los ambientes físicos en los que viven como resultado de la violencia armada.
La convocatoria de propuestas para que accedan a este financiamiento cierra el próximo 28 de abril, tiene una duración de hasta 12 meses. El propósito de los fondos del WPHF es beneficiar a las organizaciones de la sociedad civil nacionales y locales con personalidad jurídica ante las autoridades nacionales competentes, y se divide en dos vías:
Un financiamiento institucional que va de 2,500 a 30,000 dólares para organizaciones civiles locales que trabajan en lo relacionado con las mujeres, la paz y la seguridad y cuestiones humanitarias, para asegurarse de que puedan sostenerse durante la crisis.
Y un financiamiento programático que va de 30,000 a 200,000 dólares que financiará proyectos dirigidos específicamente a proporcionar respuestas a la crisis de la COVID19 que sean sensibles al género.
Los proyectos de financiamiento programático pueden ser para fortalecer el liderazgo y la participación significativa de mujeres y niñas en todos los procesos de toma de decisiones al abordar el brote de COVID-19.
O bien, para apoyar la prevención y respuesta a la violencia de género, como los refugios seguros, pero también mediante campañas sobre normas sociales, dirigidas a la participación masculina en el trabajo doméstico y a combatir la violencia doméstica, entre otros.
En los análisis e informaciones periodísticas confirman que la COVID-19 afecta desproporcionalmente a las mujeres, y de muchas maneras. Los retos más notables en función del género que se han identificado en los contextos de crisis, en particular a partir de las primeras lecciones aprendidas en Asia, son seis:
Primero, responder a las necesidades de las mujeres trabajadoras de la salud, ya que globalmente, las mujeres constituyen el 70% de los trabajadores del sector de la salud y social, y están en la primera línea de respuesta. Más allá del equipo de protección personal, las mujeres trabajadoras de la salud han llamado la atención sobre sus necesidades específicas, como responder a sus necesidades de higiene menstrual. También se debe proporcionar apoyo psicosocial al personal de primera respuesta.
En segundo lugar, el impacto sobre las necesidades económicas de las mujeres, ya que como se observó en el caso del brote del ébola, las crisis presentan una amenaza seria para la participación de las mujeres en las actividades económicas, en particular en los sectores informales, y pueden aumentar la brecha de género en los medios de subsistencia.
Tercero, mujeres desplazadas por la fuerza. Las mujeres refugiadas y desplazadas, en especial (aunque no únicamente) las que están en campos y asentamientos informales, corren un riesgo mayor.
Cuarto, el acceso interrumpido a la salud sexual y reproductiva, pues la información disponible de epidemias pasadas, entre ellas la del ébola y el zika, indican que es frecuente que los esfuerzos por contener los brotes desvíen los recursos de los servicios rutinarios de salud, incluyendo los cuidados prenatales y posnatales y anticonceptivos, y a menudo complican el acceso, de por sí limitado, a los servicios de salud sexual y reproductiva.
Quinto, el aumento de la violencia de género y riesgos de protección, ya que en donde las mujeres son las responsables primarias de procurar y cocinar alimentos para la familia, el aumento de la inseguridad alimentaria como resultado de las crisis podría volverlas más vulnerables a, por ejemplo, la violencia doméstica por parte de la pareja y a otros tipos de violencia doméstica, debido a mayores tensiones en el hogar.
Además, los cuidados de socorro y apoyo para las sobrevivientes de la violencia de género (por ejemplo, gestión clínica de la violación y apoyo de salud mental y psicosocial) pueden interrumpirse cuando los proveedores de servicios a la salud están abrumados y concentrados en el manejo de casos de COVID-19.
Y, por último, el trabajo no remunerado de cuidados que recae en exceso sobre las mujeres y niñas, en donde los sistemas de cuidados de la salud están bajo presión debido a los esfuerzos por contener los brotes, las responsabilidades de cuidado a menudo recaen sobre las mujeres y niñas, quienes usualmente ya tienen la carga de cuidar a los mayores o miembros de la familia enfermos. El cierre de las escuelas agrava aún más el peso del trabajo de cuidados sin remuneración sobre las mujeres y niñas, quienes absorben el trabajo adicional de cuidar a las y los niños.
SEM/em/sj
