Emergencia Sanitaria COVID-19

Exigen respetar el derecho a la salud de la población y de migrantes en Chiapas

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  • Se debe garantizar las condiciones óptimas para el personal de salud, reconocer la partería tradicional, señalan un pronunciamiento emitido por organizaciones civiles y colectivos.
  • Sustitución del secretario de Salud estatal por expertos en epidemiología.

Elda Montiel

SemMéxico. Chiapas. 21 de abril 2020.- Las organizaciones sociales, civiles, y colectivos de Chiapas exigen al gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, la sustitución inmediata del Secretario de Salud por expertos en epidemiología, tras considerar que la emergencia sanitaria del COVID-19 pone en evidencia el desmantelamiento de los sistemas de salud pública, que han privilegiado al mercado en lugar del derecho a la vida y a los derechos humanos de las personas.

Al gobierno federal le solicitan observe con especial atención la forma de implementación de la estrategia sanitaria por el gobierno local chiapaneco.

En el “Pronunciamiento Conjunto por la Vida” exigen el cumplimiento de medidas, entre las que destacan garantizar las condiciones apropiadas para el personal de salud, reconocer la partería tradicional para el registro civil de nacimientos, y el acceso a estrategias de apoyo para mujeres, niñas, y niños víctimas de violencia intrafamiliar como resultado de las medidas tomadas por la fase 2 y 3 de la emergencia sanitaria.

Así como implementar medidas eficientes de vigilancia epidemiológica en general, y similar para las 9,950 víctimas de desplazamiento forzado, y una respuesta efectiva ante la violencia generalizada ocasionada por los grupos de corte paramilitar.

En un diagnóstico claro de las necesidades del territorio chiapaneco, las diversas organizaciones sociales demandan atender a la población migrante, niñas y niños trabajadores y en situación de calle, pobladoras/es de periferias urbanas, personas en situación de detención, trabajadoras/es precarizadas como sectores con mayor vulnerabilidad al contagio y al acceso al tratamiento.

Difundir de manera amplia las medidas estatales de atención y acompañamiento para niñas, niños y mujeres que vivan violencia intrafamiliar. Que la atención sea de fácil acceso y con enfoque de derechos humanos.

En el caso de pueblos originarios y reconociendo las estrategias históricas de salud comunitaria, respetar plenamente el ejercicio de su derecho a la autonomía y a sus propios modelos de atención a la salud en sus territorios. En el marco de los Acuerdos de San Andrés, el artículo segundo de la Constitución, y los instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Reconocer la complejidad de la movilidad humana en Chiapas por ser estado de origen, tránsito, destino y retorno.

Afirman que migrar no es un delito, por lo que insta a las autoridades federales a suspender las detenciones migratorias, evitar el hacinamiento en los centros de detención, la liberación inmediata a todas las personas y que se garanticen sus derechos humanos.

A lo anterior se suman a la exigencia de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, que desconocen un liderazgo efectivo en el Estado para enfrentar esta contingencia, ya que no representa los intereses de la salud pública, y al mismo tiempo los trabajadores se comprometen a organizarse para hacer frente a la pandemia.

Exigen garantizar condiciones apropiadas para los y las trabajadoras de la salud en todos los niveles. Abasto de insumos, equipo y capacitación suficientes para el fortalecimiento de servicios de salud de primer nivel para la atención No COVID y COVID -19, incluyendo el reforzamiento de los espacios de atención y colaboración horizontal con agentes comunitarios de salud: parteras, promotores/as, médicas/os y pasantes.

En el caso de parteras que el Estado facilite y acelere el reconocimiento de la partería en el registro civil y extienda los certificados de nacimiento sin condición alguna. Que se les respete para seguir ejerciendo atención y cuidado, que sea suficiente con el reconocimiento comunitario, y en el caso de que ellas lo soliciten aprovisionar con suficiencia materiales e insumos necesarios para la atención de partos.

Que el proceso de reconversión hospitalaria, sea transparente a nivel estatal y distrital con promoción y difusión clara y precisa de la ruta crítica de atención urbana, periurbana y rural de cobertura. Sin descuidar la atención hospitalaria y consulta externa a pacientes NO COVID-19

Garantizar servicios básicos en las redes de suministro de agua potable, alcantarillado, luz eléctrica y saneamiento para la población en general y con particular atención a los hospitales, casas de salud, casas de personas adultas mayores, centros de detención a migrantes, prisiones y estancias infantiles.

Y garantizar y regular el abasto de alimentos que eviten la especulación en los precios de artículos de primera necesidad. Para las/los pequeños productores de excedentes mantener precios de garantía y facilitar la distribución de sus productos agroecológicos, en transición agroecológica y mercados campesinos de distribución local.

Generar planes económicos oportunos, sin condicionamiento alguno, para acompañar de forma digna a las familias que no cuentan con salarios y trabajos asegurados y que estos subsidios no se conviertan en objeto de clientela y corrupción.

Finalmente piden que bajo ninguna circunstancia se apliquen medidas de fuerza desde los cuerpos policiacos y militares para efectos de contención de la población que puedan incurrir en acciones ilegales y violaciones a los derechos humanos de las personas.

SEM/em/IL

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