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Despliegue militar en México

Yaneth Angelica Tamayo 

SemMéxico. 15 de mayo de 2020.- Uno de los problemas por los que históricamente ha transitado México, tiene que ver con su pasado represor y con la implementación de modelos de seguridad nacional que se han ejecutado, los cuales han puesto en peligro la democracia y los derechos humanos de la ciudadanía.

Desde principios de los años sesenta, México ha estado sometido a procesos parciales de militarización que se han adoptado como modelos de seguridad nacional o estrategias de seguridad que, en tiempos pasados ocasionaron enfrentamientos motivados por la búsqueda de la democracia y el cambio del gobierno autoritario. 

Ocasionando desapariciones forzadas, torturas, abusos sexuales, matanzas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones clandestinas, represión a la libertad de expresión, pero sobre todo el impedimento al acceso a la justicia y el esclarecimiento de la verdad. 

Acciones que, si se recuerdan bien, fueron propiciadas por la intervención violenta y represiva del ejército mexicano y de autoridades pertenecientes directamente del Ejecutivo. 

Situaciones que generaron que México fuera condenado por múltiples violaciones a derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien, dichas sentencias exhibieron al Estado como un régimen autoritario, fue gracias a estas que se logró delimitar la competencia de las fuerzas militares para que dejaran de intervenir en asuntos de seguridad pública donde se veían involucrados civiles. 

Pero, este logro que costó múltiples vidas y sufrimiento a las personas que en carne propia vivieron la represión militar, fue arrebatado por el Ejecutivo en la administración de Felipe Calderón, quien a forma de legitimación ante la ciudadanía después de un cuestionado triunfo electoral, otorgó nuevamente el poder a las fuerzas armadas para intervenir en asuntos de seguridad pública.

Bajo una supuesta guerra contra las drogas, en donde se empecinó en una declaratoria de guerra contra el narcotráfico; desplazando al ejército mexicano por las calles de todo el país e implementando retenes militares y estados de excepción, así como la presencia de mandos militares en las direcciones de seguridad pública de los Estados. 

Ocasionando nuevamente, levantones, agresiones sexuales contra mujeres, el asesinato de inocentes, ataques directos contra periodistas, tortura, criminalización contra las y los jóvenes y demás atropellos, lo que representó violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la ciudadanía. 

Tan es así que la CNDH del 2006 a 2009, emitió más de 40 recomendaciones que, de acuerdo con sus investigaciones, confirmaban esos ilícitos. 

Pero, además informó que a principios de 2011 había recibido cerca de 1 500 quejas por violaciones a derechos humanos de civiles contra la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 500 contra la Marina y mil contra la Policía Federal Preventiva, indicando que las quejas contra estas instituciones militares y de seguridad habían aumentado entre 10 y 15% en losúltimos tres años.

Luego entonces, resulta incomprensible como es que después de un pasado de represión ciudadana y de sentencias internacionales por violaciones a derechos humanos que aun no se terminan de cumplimentar, el Presidente de la República decida emitir un acuerdo por el que se dispone la militarización de la seguridad pública de forma permanente. 

Acuerdo que, para no variar carece de información y disposiciones que permitan evaluar si existen las condiciones o modalidades que permitan establecer que se cumple con un principio de estricta necesidad y excepcionalidad de la medida, o en su caso si cumple con los estándares constitucionales e internacionales.

La imposición de las fuerzas como modelo de seguridad pública, es una incorrecta estrategia que deja en la indefensión a la ciudadanía y la posiciona en un estado de guerra no dictada en donde las víctimas son la población civil.

El titular del Ejecutivo Federal debe tomar en cuenta que, con la implementación de la militarización de la seguridad pública, no logrará disminuir la inseguridad en el país. Por el contrario, propiciará que las autoridades se deslinden de sus responsabilidades acusando de todo mal y de todo crimen, a la delincuencia organizada o al narcotráfico.

América Latina y en especial México nos ha mostrado que la mayoría de los despliegues militares han culminado en la imposición de regímenes militares, cuyos resultados han sido: violaciones sistemáticas a los derechos humanos en contra de la población civil, asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, generación de pánico en la sociedad y la criminalización de la protesta social; todos estos crímenes documentados.

México no se puede permitir políticas duras que promuevan el retroceso de derechos humanos bajo la idea de lucha contra el crimen. 

Como dijo el filósofo español Santayana: “Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”.

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