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Bangladesh: la pandemia amenaza los derechos de las trabajadoras de la industria textil

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  • El séptimo aniversario del accidente más grave de la historia de la moda llega en mitad del confinamiento, los acuerdos en protección laboral se estancan y las industrias, ante la caída de la demanda, cancelan o postergan los pedidos, dejando a millones de personas en la miseria

Por Gloria López

SemMéxico/AmecoPress. Madrid, 19 mayo. 2020.- El séptimo aniversario del accidente más grave de la historia de la moda, que se produjo en la fábrica del Rana Plaza, Bangladesh, llegó en mitad del confinamiento por la crisis sanitaria del covid-19. En este contexto de pandemia, la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores textiles en el mundo es si cabe más importante que nunca, por los despidos y paralizaciones que está habiendo en las cadenas de producción deslocalizadas de textil. La crisis amenaza los logros que tanto costó alcanzar tras el derrumbe que acabó con la vida de 1134 personas, la mayoría mujeres, y dejó heridas a más de 2500. El mismo concepto de deslocalización que realizan las empresas, buscando abaratar los costes de producción, debería ser cuestionado en su raíz.

El 24 de abril de 2013 al menos 1134 personas murieron atrapadas por el derrumbe del edificio donde se confeccionaban las prendas de las principales marcas de ropa de todo el mundo. Sin que todavía se hayan paliado las consecuencias del accidente en las vidas de las trabajadoras que quedaron con importantes secuelas, ni que se haya indemnizado a las familias, ni que se hayan tomado medidas suficientes para garantizar la seguridad y unas condiciones dignas de trabajo dentro de las fábricas, la pandemia que azota al mundo está socavando la lucha por unos salarios dignos, la libertad de asociación y el derecho a un lugar de trabajo seguro en Bangladesh.

En las últimas semanas, se han producido numerosos cierres de fábricas, sin previo aviso, dejando salarios e indemnizaciones sin pagar. Estas trabajadoras son personas para las que no trabajar un día significa no comer. Según organizaciones como Campaña Ropa Limpia, que realizan una importante labor de diagnóstico, denuncia, propuesta y apoyo a las trabajadoras de las fábricas textiles, frente a los abusos de las grandes corporaciones y Gobiernos, las industrias, ante la caída de la demanda, cancelaron o postergaron los pedidos y por ello millones de personas trabajadoras se enfrentan a la miseria. La investigación realizada por el Penn State Center for Global Workers’ Rights indicó que a finales de marzo casi el 50% de las fábricas habían sufrido la cancelación de la mayoría de los pedidos casi completados.

A raíz de las protestas públicas y el eco mediático, algunos compradores han cambiado de opinión y han acordado pagar sus pedidos en vías de producción. Sin embargo, un número significativo de compradores importantes de Bangladesh, en particular C&A, Primark, Arcadia, Gap, Walmart, Tesco y más, siguen manteniéndose firmes en su decisión y se niegan a pagar y a recibir sus pedidos terminados. “Este comportamiento, que en muchos casos viola sus propios contratos, garantiza que finalmente serán las trabajadoras quienes asuman los costos”, enfatizan desde esta organización.

Después del 25 de marzo, cuando el gobierno de Bangladesh anunció el confinamiento del país hasta el 4 de abril, muchas fábricas de ropa cerraron y miles de trabajadoras regresaron a sus aldeas para pasar el período de cierre con sus familias. Después de este parón obligatorio, muchas trabajadoras regresaron a sus fábricas para volver a trabajar y cobrar sus salarios de marzo. Las trabajadoras recorrieron gran parte del camino de regreso a las ciudades a pie o en medios de transporte no convencionales, porque el transporte público todavía estaba bajo medidas del cierre. A su llegada al trabajo, a muchas trabajadoras se les notificó que el periodo de baja se prolongaba o incluso que estaban despedidas, y en su mayoría, se quedaron sin los salarios de marzo.

“Las trabajadoras regresaron a sus puestos de trabajo, arriesgando su seguridad y gastando mucho dinero por las elevadas tarifas de transporte”, dijo Kalpona Akter, presidenta de Bangladesh Garments and Industrial Workers Federation: “Esta decisión irracional de los propietarios de las fábricas no solo pone en riesgo la vida de las trabajadoras sino también la de todos los bangladeshíes. Solo cuando el tema de las trabajadoras que regresan a trabajar bajo gran riesgo fue criticado a nivel nacional, las organizaciones de empleadores BGMEA y BKMEA emitieron un permiso general para sus fábricas miembro”.

Gracias al periodista Sheikh Arif, que durante años ha formado parte del sindicato Dhaka Reporters Unity, hemos entrevistado a Sabrina, una trabajadora de la industria textil, que regresó a su ciudad natal, Gazipur, cercana a Dhaka, cuando el Gobierno anunció el confinamiento. Tiene 29 años, dos hijas, y desde hace 9 años, dedica 12 horas al día, seis días a la semana, a coser en una fábrica de ropa en Dhaka. Actualmente vive en el distrito de Mirpur. Su familia depende de su sueldo, que apenas llega a los 60 dólares mensuales. Volver de su pueblo y saber que ha perdido el empleo, fue la peor noticia que le podían dar. “¿Qué vamos a hacer ahora?”, lamenta.

La vecina de Sabrina en el barrio de Mirpur, Alma, trabajó en el edificio Rana Plaza. Desde el accidente no ha vuelto a ser la misma. Además de lesiones graves en un brazo y en el pie izquierdo, las secuelas psicológicas le impiden dormir. El 24 de abril de 2013 las trabajadoras no querían entrar en la fábrica porque las grietas del edificio eran muy visibles. Pero les ordenaron que lo hicieran o perderían el trabajo. El derrumbe, el incendio, el estallido, los cuerpos sangrando bajo los escombros, los cadáveres, el terror, todo se ha quedado detenido en la memoria de Alma y se impone a su futuro. Sabrina le ayuda, le consigue pedidos de zapatos que Alma cose en casa: por cada par de zapatos le pagan 0,16 euros.

Es vital que no se revierta la protección laboral conseguida

Desde la Campaña Ropa Limpia insisten en que es de vital importancia que no se revierta la protección laboral conseguida en estos años en Bangladesh. “Cuando las cadenas de suministro vuelvan a arrancar después de la pandemia, deberán hacerlo con las lecciones aprendidas tanto después del desplome del Rana Plaza como de la crisis actual. Estas lecciones deben conducir a una industria más segura y más justa, regida por un mecanismo vinculante y exigible en lugar del business as usual, vigente hasta ahora”.

Desde mayo de 2013, el Acuerdo sobre Incendios y Seguridad en la Construcción en Bangladesh, establecido en directa respuesta al desastre del Rana Plaza, ha supuesto un trabajo ingente para hacer las fábricas más seguras para más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras. El Acuerdo cubre a más de 1600 fábricas que han corregido el 91% de los fallos de seguridad detectados durante las inspecciones periódicas del programa. En mayo de 2019 consiguió resolverse un prolongado conflicto legal sobre el derecho del Acuerdo a continuar su presencia en Bangladesh, dando por hecho que en el curso de un año la actuación de las operaciones del Acuerdo serían reemplazadas por un Consejo de Sostenibilidad Nacional (RSC por sus siglas en inglés), con la partición de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Ropa de Bangladesh (BGMEA), que representa a los propietarios de fábricas.

Con la crisis sanitaria global, las negociaciones están estancadas y el Acuerdo de Bangladesh ha tenido que suspender sus operaciones. “Es de máxima importancia ultimar el proceso que lleve a un acuerdo internacional legalmente vinculante que incluya este compromiso, y completar el trabajo del Acuerdo”, insisten las organizaciones.

Según estas entidades, la crisis actual debería llevar a la creación de estructuras de protección social fuertes, acordes con los estándares de la OIT relativos a prestaciones por enfermedad, desempleo y seguros médicos. El Gobierno de Bangladesh ha de jugar un papel principal para su consecución, pero se hacen necesarias unas cadenas de suministro que asuman también parte del coste.

Hasta ahora las marcas y los minoristas se han abstenido de asumir la responsabilidad de garantizar los medios de vida de las trabajadoras o de mitigar el comportamiento irresponsable de los propietarios de las fábricas. Por el contrario, la negativa de marcas y minoristas de pagar los pedidos y los intentos de algunas de negociar descuentos han colocado a muchas fábricas en posiciones financieras precarias y sin los medios económicos suficientes para pagar a sus trabajadoras los salarios de marzo y los próximos meses. Las marcas de ropa deben, junto con los dueños de las fábricas, asumir la responsabilidad de pagar sus pedidos y establecer sistemas financieros para garantizar el pago total a las trabajadoras durante la crisis; de no ser así las trabajadoras quedarán aún más sumidas en la pobreza y sin seguridad laboral. Pero las soluciones van más allá de la emergencia.

Amin Amirul Haque, presidente del National Garment Workers Federation, declara: “Las desigualdades en las cadenas de suministro mundiales que ahora se han magnificado por la crisis del Covid-19 siempre han estado ahí. Sería incomprensible que la industria siga haciendo las cosas como hasta ahora después de la recuperación. Ya es hora de que las marcas y los minoristas comiencen a reformar radicalmente sus cadenas de suministro y prioricen los derechos de las trabajadoras, facilitando medios para garantizar la seguridad social y los salarios dignos a través de sistemas obligatorios y transparentes”.

Sueldos dignos solo sobre el papel

Desde principios de este siglo, las marcas globales que se abastecen de ropa procedente de países de bajos salarios de todo el mundo reconocen sobre el papel que los sueldos deben cubrir las necesidades básicas de las trabajadoras -mujeres en un 80%- de las fábricas. Sin embargo, tras dos décadas de compromisos vacíos en materia de Responsabilidad Social Corporativa, estas mujeres y sus familias continúan viviendo en la pobreza extrema. Durante todos estos años la industria de la confección ha seguido empleando mano de obra barata para obtener gigantescos beneficios. Los compromisos teóricos para garantizar que los salarios que perciben las obreras sean suficientes para llevar una vida digna han tenido un impacto pequeño o más bien nulo.

Ninguna marca de ropa importante puede demostrar que las trabajadoras que fabrican su ropa en Asia, África, América Central o Europa del Este perciben un pago suficiente para escapar de la explotación de la pobreza.

El triste episodio del Rana Plaza dejó un rastro de tremendo dolor en el país asiático y supuso un revulsivo para las conciencias occidentales. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y algunos la llevaron al seno de sus debates y centro de artículos de opinión. Pero el análisis y tratamiento no pudo deshacerse de la superficialidad y la inmediatez propias de la época.

El mundo es hoy más propiedad que nunca de las grandes multinacionales. Echan mano de ingenierías económicas permitidas por la ley, utilizan paraísos fiscales para exportar, producen donde los salarios son más bajos o declaran sus ganancias allá donde los impuestos menores. Es legal, sabido e incluso promovido desde los centros políticos de poder. De vez en cuando hay grandes declaraciones de intenciones pero la política parece haberse rendido definitivamente al mercadeo y sus grandes gestores. Y las mujeres, seguimos siendo víctimas.

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