PIN Parental, un retroceso a los derechos de la infancia
Yaneth Angélica Tamayo Ávalos
SemMéxico, 4 de junio, 2020.- Hace pocos días, grupos conservadores de varios Congresos, entre ellos el de Nuevo León, Aguascalientes y Querétaro, sorprendieron a la ciudadanía con su pretensión de implementar una restricción al sistema educativo, bajo la justificación de que las familias o tutores deben tener el derecho a elegir el tipo de educación que se quiere para sus hijos e hijas.
Tal restricción esta cimentada en el rechazo que se tiene a los contenidos básicos de educación sexual, perspectiva de género e inclusión social, por considerar que son contrarios a las creencias morales o religiosas.
Pero, de dónde proviene esta figura denominada PIN Parental; qué es y cuál es su impacto en el sistema educativo y social de nuestro país.
Lo primero que se debe saber es qué, dicha figura es una importación que la clase política mexicana conservadora hizo de una disposición legal creada por un partido político de ultraderecha llamado VOX que existe en España.
Y la cual impide a las instituciones de educación básica impartan temas educativos que aborden contenidos relacionados con perspectiva de género, educación sexual y reproductiva; salvo autorización expresa de los progenitores o tutores de las y los menores de edad.
Hay que mencionar que, tal normativa española ha sido muy cuestionada en su país de origen ya que, si bien fue aprobada, el Gobierno Español interpuso una controversia judicial contra el PIN Parental, ya que violenta la Constitución Española, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el Memorándum de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia y la normativa educativa.
De ahí que, se pueda observar que dicha disposición no es un acierto que pueda ser replicado en las entidades de nuestro país.
Ahora bien, para conocer los impactos que puede producir esta disposición en México, se deben conocer los siguientes datos para estar en condiciones de emitir un posicionamiento.
Primero, datos emitidos por ENADI, ENAPEA e INMUJERES han establecido que, de 11,323,689 millones de adolescentes ubicados entre los 15 a los 19 años, el 23.5 % han tenido relaciones sexuales entre los 12 y 19 años, de los cuales solo el 60.4 % utilizó algún método anticonceptivo en su primera relación sexual; sin embargo, la prevalencia del uso de métodos anticonceptivo en adolescentes es del 59.9 %.
El 36.5 % de las adolescentes que no utilizó algún método anticonceptivo en su primera relación sexual lo hizo porque “no planeaba tener relaciones sexuales”. Al momento de la encuesta, el 31.7 % de adolescentes encuestadas se encontraba cursando un embarazo no planeado, mientras que el 15.1 % un embarazo no deseado.
En el 2016, se estimó que ocurrieron 11 mil 808 nacimientos en niñas de 10 a 14 años, lo que implica 32 nacimientos diarios. Un porcentaje importante (aproximadamente 30 %) de las niñas que tuvieron un hijo entre estas edades, mencionaron que desconocían o no deseaban dar la información del padre, lo cual es un indicio de que esos casos se traten de violencia sexual.
Se debe agregar que, la CONAPO ha advertido que los embarazos en adolescentes de entre 15 y 18 años han disminuido gracias a la educación sexual que estos reciben en los centros educativos; no obstante, los embarazos infantiles han aumentado, hasta antes del 2018 existía una prevalencia de infantes embarazadas entre 13 y 14 años; empero, el rango de edades se ha visto modificado.
Resultando un aumento de embarazos en menores de 9 a 14 años, donde el 80 % son menores entre 13 y 14 años y el 20% de 9 a 12 años (debido a razones de fecundidad temprana), por ello organismos internacionales de derechos humanos, han establecido que los embarazos en niñas menores de 14 años deben presumirse como resultados de violencia sexual.
Por otra parte, la UNESCO, el FPNU y ONU Mujeres han informado que cada año, unos 246 millones de niños y niñas son víctimas de alguna forma de violencia por razones de género, fundamentalmente de maltrato, violencia psicológica, acoso sexual en la escuela o de camino a ésta y matrimonio forzado.
Si bien las incidencias en embarazos no deseados, la violencia infantil y los abusos sexuales muestran prevalencia en los datos, se debe tener en cuenta que estos se deben a circunstancias multifactoriales en donde los usos y costumbres, los roles y estereotipos de género, el entorno adultocentrista y las causas estructurales como la desigualdad y la discriminación son causas que complican su erradicación.
Pero no su prevención, sí es que existe una adecuada educación integral en sexualidad, que además abarque igualdad de género e inclusión.
Ya que, la educación integral en estos temas, ayuda a que infantes y adolescentes alcancen una actitud y un comportamiento más responsable en materia de salud sexual y reproductiva, lo cual es esencial para combatir el abandono escolar de las niñas y adolescentes, debido a los matrimonios forzosos o precoces, los embarazos adolescentes u otros motivos relacionados con la sexualidad y la salud reproductiva.
Informar y orientar a las y los jóvenes respecto a la transición de la infancia a la edad adulta y los cambios físicos, sociales y emocionales que esta conlleva, los ayuda a afrontar aspectos que son especialmente complicados durante la pubertad. Entre esos retos figuran la violencia de género, el embarazo precoz, la anticoncepción, las enfermedades de transmisión sexual, el VIH y el SIDA.
Así mismo, aprenden a reconocer toda forma de violencia por razones de género y renunciar a ella, a identificarla y a prevenirla de tal manera que puedan protegerse.
Es por lo anterior que, la educación de las y los infantes y jóvenes es la única solución sostenible y verdadera para prevenir y erradicar la violencia por razones de género, el abuso sexual infantil, el embarazo a temprana edad, la transmisión de enfermedades sexuales, el acoso y la discriminación.
De ahí que, considerar la implementación de una restricción a los contenidos de educación básicos que son fundamentales para el desarrollo de las personas, anteponiendo creencias religiosas y morales, es un factor que colocará en riesgo la vida, la salud y el bienestar de la infancia y adolescencia mexicana; sin olvidar que son violatorios a la Ley Suprema, a la Ley General de Educación y al Sistema Jurídico Internacional.
Es por esto que, el Estado mexicano está obligado a ser garante y progresista en tratándose de derechos humanos, por lo que debe promover la educación sexual integral de calidad, fomentar la salud y el bienestar, el respeto a los derechos humanos, a la igualdad de género y empoderar tanto a infantes como adolescentes para que ejerzan una vida sana, segura y reproductiva.
