Mujeres al poder
Parte I
Yaneth Angélica Tamayo
SemMéxico. 10 de junio de 2020.- El 17 de octubre de 1953, en la primera plana del periódico Excélsior se leía: la mujer mexicana alcanzó ayer la plenitud de sus derechos ciudadanos, que rompen los lazos de la discriminación política que la ataban, al aprobar en la Cámara de Diputados, la declaratoria de reformas de los artículos 34 y 115 de la Constitución General de la República.
Desde ese entonces las mujeres mexicanas, han tenido que enfrentar múltiples y novedosas prácticas que han disminuido sus logros y han obstaculizado su acceso a la vía del espacio público, al reconocimiento de la pertenencia a la sociedad civil y a la participación de la vida política.
La resistencia de los individuos a los cambios sociales y políticos, se ha transformado en una brecha que ha propiciado la diferencia entre mujeres y hombres, la cual se ha reflejado en una desigualdad intrínsecamente injusta; no obstante, las mujeres han luchado por hacer valer sus derechos y asegurarse que el discurso inicial se materialice y se pase de lo formal a lo sustantivo.
Logros como la implementación de medidas especiales de carácter temporal conocidas como acciones afirmativas, han permitido que se les compense lo padecido a lo largo de la historia y que a través de normas jurídicas se les permita generar condiciones igualitarias, equitativas y justas, en especial en la toma y ejercicio de poder.
Pero, no todo les ha sido fácil, sentar precedentes y romper paradigmas les ha ocasionado ser consideradas transgresoras y disruptivas de un sistema considerado masculino, convirtiéndolas en víctimas de las peores formas de simulación y violencia.
Baste como muestra, la idea tergiversada que los actores políticos hicieron de la paridad de género, creando simulaciones ante los institutos electorales para evadir las cuotas de representación por género.
La resistencia por parte de los hombres integrantes de los diversos partidos políticos en México, los llevó a poner en práctica el fenómeno popularmente conocido como “las Juanitas”, el cual consistía en que los partidos políticos nominaran candidatas del sexo femenino a puestos públicos de elección popular, con el objetivo oculto de hacer que esas candidatas se hicieran reemplazar lo antes posible por un suplente varón, predispuesto por el mismo partido.
La discriminación y las relaciones de poder que históricamente se venían ejerciendo en contra de las mujeres que pretendían participar y contender en los procesos electorales, fueron justificadas bajo el argumento de que las mujeres no gozaban de méritos ni aptitudes para ser postuladas por una organización política.
Si bien, las mujeres salieron avante de estas malas prácticas políticas, los hombres asumiéndose como despojados de lo que consideran les correspondía por cultura y practicas partidistas, habilidosamente las postularon a competir en entidades donde el partido político o coalición tenía pocas o nulas posibilidades de ganar. Con ello minimizaron los alcances de participación que las mujeres tenían en la vida política del país.
No conformes con lo anterior, sumaron prácticas más estratégicas ya que, al estar vigilados por las mujeres interesadas en que se cumpliera adecuadamente la ley, éstos empezaron a aprovechar las relaciones filiales con mujeres para asegurar la subsistencia y el control del poder.
Como lo ha señalado María Marván en la obra Contigo Aprendí, “en varios partidos las candidaturas por género eran consideradas como un reparto patrimonialista y familiar donde los puestos eran para las hijas, esposas, madres y amigas”.
La anterior práctica se convirtió en algo recurrente entre los partidos políticos, quienes además de afectar de manera directa a las mujeres, afectaron la designación de éstas a puestos de la administración pública una vez que se ganaba la contienda electoral.
No conforme con las anteriores prácticas políticas, los hombres al frente de los partidos, furiosos con las capacidades y el ímpetu de las mujeres por defender sus derechos, empezaron a expresar con múltiples formas violentas su rechazo a compartir el poder con mujeres brillantes.
Es así que, tales prácticas se empezaron ha sustentar bajo la base de la violencia por razones de género, las cuales se recrudecieron durante las elecciones de 2015 en contra de las mujeres, con la finalidad de que éstas desistieran de sus aspiraciones para contender en los procesos electorales, las cuales se derivaron en:
Registrar a mujeres exclusivamente en distritos perdedores; registros simulados de candidatas que renuncian a favor de varones; inequidad en los tiempos de radio y televisión; inequidad en la distribución de recursos para campañas; amenazas a mujeres que han sido electas para ocupar cargos públicos, ataques físicos y violencia sexual.
Siendo las últimas tres modalidades las más extremas para intimidar a las mujeres y que desistan de su intención de participar en los procesos electorales o declinen a favor de un candidato hombre.
La inclusión de las mujeres en el espacio político, ha generado que los artífices de los organismos políticos recurran a prácticas fraudulentas y violentas que, encuentran su origen en patrones socio-culturales basados en estereotipos de género; con la finalidad de impedir el acceso de las mujeres al poder, aun y cuando existen normas a favor de la inclusión e igualdad en el ámbito político.
Este trayecto intrincado que han caminado varias mujeres para conseguir una mejor calidad de vida para todas, no ha sido una labor fácil; sin embargo, ha quedado demostrado que el caminar juntas es lo que ha transformado cualquier adversidad que les han impuesto.
Y un ejemplo de ello, es haber conseguido ante el Congreso de la Unión que todas las mujeres puedan ocupar y desarrollar sus habilidades en todos los puestos estratégicos del poder público; el logro de poder votar y ser votada a la posibilidad de ocupar los espacios de tomas de decisiones públicas de forma igualitaria, es un precedente que históricamente se verá materializado en las elecciones del 2021, por fin la paridad en todo tomara cuerpo.
Siempre y cuando, los congresos locales muestren su compromiso y progresividad con la reforma electoral que se avecina previo a las elecciones.
