Mujeres al poder
Parte II
Yaneth Angélica Tamayo
SemMéxico. 17 de junio de 2020.- El camino desde el logro de poder votar, y ser votada, a la posibilidad de ocupar los espacios en la toma de decisiones públicas de forma igualitaria, es un precedente que se verá materializado históricamente en las elecciones del 2021. Por fin la paridad en todo tomará sentido.
Esto, siempre y cuando, los congresos locales muestren su compromiso y progresividad con la reforma constitucional y electoral que se avecina previo a las elecciones.
Desde hace un año (6 de junio de 2019) entró en vigor la reforma a 10 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la cual se aseguró que la mitad de los cargos de decisión en los 3 poderes del Estado, así como en los 3 órdenes de gobierno, en los organismos autónomos y en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, estén ocupados por mujeres incluyendo a la población indígena.
No obstante, como lo refiriera María Elena Chapa, parece que los congresos locales padecen de amnesia legislativa cuando se trata de asegurar los derechos de las mujeres, pues hasta ahora las armonizaciones legislativas han sido olvidadas en algunas entidades federativas.
Lo que hace suponer una resistencia prevaleciente en los grupos de poder. Lo anterior resulta absurdo porque, a un año de haberse aprobado la reforma por unanimidad ante el Congreso de la Unión, las legislaturas locales no trabajan en una armonización que les es obligatoria. Situación que sumerge a las mujeres en la exclusión de la vida democrática y participativa de México, pues desde 1979 en México sólo 9 mujeres han sido gobernadoras; y en más de 40 años, de 236 integrantes, el total de los gabinetes del gobierno federal, sólo 23 mujeres han ocupado cargo de Secretarías de Estado.
Por ejemplo, en el 2017, sólo el 17% de las Secretarías de Estado tuvieron como titular a una mujer, mientras que un 83% de las Secretarías el titular era un hombre, repitiéndose la misma situación en los demás poderes y órdenes de gobierno; situación que continuó en el 2018, ya que de 48 candidaturas a la gubernatura únicamente 11 fueron para mujeres.
Hay que mencionar, además, que previo a las próximas elecciones aún están pendientes las armonizaciones a la ley electoral local de cada entidad federativa, en las cuáles se debe asegurar de forma inmediata las reformas sobre violencia política por razón de género, con las cuáles se dará un paso importante en favor de la protección de los derechos político-electorales de las mujeres.
Se debe tener en cuenta que uno de los factores que ha impedido el desarrollo de las mujeres tiene que ver con todas aquellas acciones u omisiones que personas, servidoras o servidores públicos han dirigido a una mujer por ser mujer, afectándolas desproporcionadamente, con el objetivo o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.
La violencia política contra las mujeres ha incluido, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica y feminicida, la cual ha constituido una de las peores manifestaciones de la discriminación que éstas han enfrentado. Al manifestarse en actos como el impedimento al voto, el uso de la violencia sexual contra candidatas, la destrucción de sus materiales de campaña, las presiones para que renuncien a su cargo, los juicios continuos en los medios de comunicación basados en estereotipos sexistas, los mensajes violentos y las amenazas que reciben muchas mujeres que ocupan cargos públicos a través de las redes sociales, las calumnias y descalificaciones constantes a su desempeño, entre muchos otros. Factores que han ocasionado una proporción tan baja de mujeres participando en la adopción de toma de decisiones económicas y políticas a nivel local, nacional, regional e internacional, circunstancia que ha implicado su exclusión en la participación de la vida pública, impidiendo que decidan directamente el ejercicio efectivo de sus derechos, produciendo con ello un desequilibrio en la distribución de recursos y poder entre mujeres y hombres.
Pero a partir de este año, las cosas deberán ser diferentes; como ya se mencionó en la entrega pasada las mujeres han demostrado que unidas logran cosas grandes y está no será la excepción.
Ellas, agrupadas en una Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, volverán a crear un precedente histórico ante la necesidad urgente e impostergable, de erradicar la omisión de los Tribunales Electorales del País, de contar con defensorías públicas de los derechos político-electorales y de garantizar los derechos humanos y sociales inherentes de las mujeres.
100 mujeres de distintas entidades federativas y de distintas filiaciones partidistas, de la sociedad civil, feministas y defensoras de derechos humanos; así como periodistas, lideresas sindicales, rurales e indígenas y mujeres que ocupan cargos de representación popular y en la administración pública han centrado su objetivo en la firma de un Pacto Nacional para la atención, sanción y eventual erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género; convocando a todas las instituciones involucradas en el proceso electoral como son partidos políticos nacionales y estatales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del la Federación y sus Salas Regionales y Especializadas. Incluyendo al INE y sus vocalías ejecutivas, el INMUJERES, la CONAVIM, la Secretaría de Gobernación, los medios de comunicación nacionales, los organismos públicos locales, los observatorios de participación política nacional y locales; así como la FEPADE, AMMEL, AMCE y ATERM.
Quienes en conjunto articularán esfuerzos para acompañar, representar, encausar, canalizar, atender y representar a las mujeres que, por el ejercicio de sus derechos político-electorales, enfrenten violencia política por razón de género, lo cual contribuirá ampliamente en enfrentar situaciones complejas que, incluso, pongan en peligro la vida de las mujeres en campaña.
Para concluir, es necesario estar al pendiente de las acciones que todas las mujeres realizarán para la consolidación de la paridad sustantiva en la política y en todos los puestos estratégicos de poder; pero también se debe reconocer las acciones y el amplio alcance que su trabajo y esfuerzo darán en la defensa de los derechos político-electorales que les asegure a las mujeres lo que por derecho les corresponde.
