Emergencia Sanitaria COVID-19

El coronavirus no puede ser una «excusa» para no respetar el derecho de asilo

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  • La crisis del COVID-19 ha afectado también a las personas refugiadas, uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad, en el que las mujeres están expuestas a la trata y explotación sexual

Por Nora Fernández Fernández

SemMéxico/AmecoPress. Madrid, 23 jun. 20.- La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) presentaba el viernes pasado su informe anual ‘Las personas refugiadas en España y Europa’ con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se celebra el 20 de junio. En la rueda de prensa, ha reclamado a las autoridades europeas y españolas que no utilicen la pandemia del COVID-19 como “excusa” para no respetar el derecho al asilo “y aplicar políticas de control migratorio más restrictivas”.

CEAR ha avisado de que la emergencia sanitaria causada por el virus plantea “numerosos retos en materia de acceso al derecho de asilo”. Los confinamientos, el cierre de fronteras generalizado, precarias condiciones higiénicas en los campos de refugiados, problemas económicos que agravan sus condiciones de vida, son algunos de los retos que destaca la entidad.

Durante la presentación del informe, el presidente de la organización, Carlos Berzosa, ha valorado el “comportamiento cívico” de las personas refugiadas durante la crisis sanitaria, destacando que han seguido las normas “a rajatabla”. “Inmigrantes y refugiados están facilitando que podamos comer, llevando a cabo actividades esenciales. Pedimos que no se queden marginados con las nuevas medidas”, ha dicho. Por su parte, Estrella Galán, directora de CEAR, ha declarado que “es necesario que los Estados no pongan en cuarentena sus obligaciones con las personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares”.

Europa y las personas refugiadas

El informe anual de CEAR ha reflejado que, un año más, se han alcanzado cifras sin precedentes a nivel global de personas refugiadas. Según ACNUR, más de 79 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares en busca de una vida mejor, superando las 70,8 millones de personas que se contabilizaron en el año 2018.

Justamente a finales de ese año, Venezuela protagonizaba el mayor éxodo en América y una de las mayores crisis de desplazamiento a escala mundial, con 4 millones de personas desplazadas a mediados de 2019, convirtiéndose así en el primer país de origen de nuevas solicitudes de asilo a escala global.

Según los datos recogidos por CEAR, el año pasado se interrumpió la constante decreciente del número de solicitantes de asilo en la Unión Europea, que tuvo su mayor número en 2015 con 1,3 millones de solicitudes. El año pasado, el 57% de las 721.090 personas solicitantes formalizaron su petición en solo tres países: Alemania (165.615), Francia (128.940) y España (118.264).

La nueva Comisión Europea, presidida por Úrsula Von der Leyen, atribuyó a la migración y el derecho de asilo un lugar preferente en su denominada “Agenda para Europa” y anunció, entre sus prioridades, la aprobación de un Pacto Europeo en estas materias, pero, más allá de la retórica habitual acerca del compromiso con las personas refugiadas, la realidad actual solo invita al pesimismo: en 2019 únicamente hubo consenso en una reforma ajena al SECA (Sociedad Española de Calidad Asistencial), la del reglamento del Frontex, centrada en el refuerzo de la vigilancia policial de las fronteras exteriores de la UE.

En 2019 las llegadas irregulares de migrantes a la Unión Europea, tanto por vía terrestre como marítima, se redujeron el 13% respecto a 2018, aunque en el caso de España este descenso fue ligeramente superior al 50%. Como ya sucedió en años anteriores tanto en España como en otros de la UE, la intensificación del control migratorio y de las relaciones de cooperación en esta materia con Marruecos llevó a la reactivación desde septiembre de 2019 de la ruta atlántica hacia Canarias desde el nordeste de África.

Mientras los países europeos blindan sus fronteras, la figura del reasentamiento es prácticamente la única vía legal y segura en marcha. A mediados de diciembre de 2019 ya se había cubierto en un 83% el compromiso asumido por veinte países europeos (España entre ellos) de acoger a un total de 50 000 personas en el marco de estos programas, aunque es preciso mejorar su implementación y corregir los defectos detectados, como la larga duración de los procesos, la falta de información durante los mismos, la carencia de criterios únicos y en algunos casos su falta de flexibilidad.

Las personas refugiadas en España

En 2019, con 118.264, España duplicó ampliamente su registro histórico de solicitantes de protección internacional alcanzado en 2018, siendo el tercer país de la Unión Europea que registró un mayor número de solicitantes de asilo. El 77% del total procedió de seis países americanos: Venezuela (40.906), Colombia (29.363), Honduras (6.792), Nicaragua (5.931), El Salvador (4.784) y Perú (3.989). Por el contrario, la exigencia de un visado de tránsito explica el acusado descenso de las personas originarias de Siria y Palestina que pidieron asilo.

De las 60.198 personas afectadas por expedientes resueltos en 2019, 1.653 (2,7%) lograron el estatuto de refugiada y 1.503 la protección subsidiaria (2,5%). Asimismo, de las 39.776 personas solicitantes, el 66% del total de las afectadas por resoluciones de expedientes, obtuvieron una autorización de residencia por razones humanitarias (en su inmensa mayoría originarias de Venezuela), mientras que 17.266 (28,7%) quedaron sin ningún tipo de protección. Muchas de estas proceden de países donde la situación es especialmente grave: por ejemplo, el 98,9% de las personas solicitantes de Colombia, el 90,6% de las originarias de Palestina, el 88,5% de las nacionales de El Salvador, el 84% de las de Nicaragua y el 79,5% de las de Honduras no recibieron protección internacional, ni obtuvieron una autorización de residencia por razones humanitarias.

Por otra parte, y a pesar del refuerzo importante de los medios y del personal de la Oficina de Asilo y Refugio, continuó la enorme acumulación de expedientes pendientes de resolución, que a finales de 2019 ya sumaban 133.020, la mitad de ellos de dos nacionalidades: Colombia (34.110) y Venezuela (33.960). En la Unión Europea, solo Alemania tiene más solicitudes en trámite.

Además, en Ceuta y Melilla persistieron las restricciones a la libertad de movimiento de las personas solicitantes de protección internacional, a pesar de que desde 2010 los tribunales han subrayado su ilegalidad en numeras ocasiones.

Más dificultades para solicitar las peticiones

En el informe 2020, CEAR recoge los obstáculos que se mantuvieron en 2019 para hacer efectivo el derecho de asilo, a pesar de registrarse un récord en el número de peticiones presentadas.

En este sentido, Estrella Galán ha explicado que tras la declaración del estado de alarma los flujos de entrada “se han reducido enormemente” en España y que “se suspendieron de facto” las solicitudes de asilo que, en sus palabras, “no se han considerado esenciales”.

Pese al aumento en solicitudes, disminuyó el porcentaje de personas que lograron protección internacional, según lamenta la entidad. España solo ofreció protección internacional al 5,2% de solicitantes, en contraste con el 24% del año anterior y el 31% de media en el conjunto de países de la Unión Europea en 2019.

La organización apunta también que en 2019 aumentaron las dificultades para acceder al procedimiento, con esperas para formalizar la solicitud en ocasiones superiores a un año. Además, sostiene que los avances en materia de acogida e inclusión “fueron insuficientes” para atender las necesidades del conjunto de personas solicitantes de protección internacional y refugiadas. También ha señalado que “España siguió poniendo numerosas trabas para que muchas personas puedan solicitar asilo en nuestro país, con la persistencia de las devoluciones en caliente, la exigencia de visado de tránsito a las personas originarias de Siria, Palestina o Yemen, o dificultando los procesos de reagrupación”.

Propuestas para la mejora de la protección de las personas refugiadas

En su informe, la entidad incluye 18 propuestas dirigidas a las autoridades españolas para que se garanticen los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Para la entidad, urge seguir adoptando medidas que protejan y garanticen los derechos de estas personas, especialmente ante la progresiva desescalada.

Entre muchas otras, CEAR pide asegurar unos estándares de calidad adecuados a lo largo de todo el procedimiento de protección internacional y garantizar el acceso al procedimiento para las personas refugiadas. Asimismo, insiste en reclamar la puesta en marcha de medidas de regularización extraordinaria, al tiempo que ve “urgente” concluir los más de 100.000 expedientes de asilo pendientes de resolución. Según Eurostat, a finales de abril de 2020 había 140.640 solicitudes pendientes en España.

Para la directora general de CEAR, el impacto del Covid-19 “ha convertido la poca movilidad en mucho más arriesgada y mucho más compleja para las personas que huyen”, por lo que han quedado “más vulnerables”. En la misma línea, ha incidido en que la pandemia “ha empeorado y recrudecido” las condiciones de vida de las personas cuyas situaciones “ya eran de por sí extremadamente vulnerables”.

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