* México ante la declaración sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto del COVID-19
María Trinidad Rojas Arreola*
SemMéxico, 25 de junio, 2020.- Sin duda, estamos viviendo un cambio radical en la vida que hasta antes del Covid-19 conocíamos; no estábamos preparados para ello. Los gobiernos de los diferentes países están a prueba. El gran reto, inicialmente pensaban, sería atender el tema de salud y lograr el menor número de muertes posibles. Qué lejos de la realidad estaban. Muchos son los frentes y, sin duda, la violencia contra las mujeres y las niñas es uno de los principales.
El pasado 26 de mayo, 26 embajadas e integrantes de la Mesa de cooperación internacional para la igualdad de género en México (MCIG), y la Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas, ONU Mujeres, manifestaron su preocupación por el incremento de la violencia contra las mujeres y las niñas en México por el impacto del COVID-19.
Entre otras cosas, manifestaron que “no es aceptable que las mujeres y las niñas sean más afectadas por la crisis de COVID-19. Por lo tanto, es urgente que resolvamos esta emergencia por medio de la implementación de los compromisos que hemos hecho a nivel nacional e internacional. Ni una más”.
Con ello, se le recordó al Estado Mexicano que hay instrumentos internacionales firmados y ratificados por México, que se deben cumplir para garantizar el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia, en atención a los compromisos internacionales suscritos a través de la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Belem do Para”, así como de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Prácticamente un mes después, el 24 de junio, derivado del llamamiento del Secretario General de la ONU, a todos los gobiernos a hacer de la prevención y la reparación de los actos de violencia contra las mujeres y las niñas una parte fundamental de sus planes nacionales de respuesta ante la COVID-19, 146 Estados miembros y observadores, en respuesta, emitieron La Declaración entre Organismos sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en el Contexto de la Covid-19.
En ella se consideran seis áreas de acción:
1. Poner a disposición de las organizaciones de derechos de las mujeres financiación urgente y flexible y reconocer su papel como socorristas.
2. Apoyar los servicios sanitarios y sociales para que continúen con sus obligaciones de atención a las sobrevivientes de violencia contra las mujeres y sigan estando disponibles, especialmente para aquellas personas que tienen más probabilidades de quedarse atrás.
3. Garantizar que los servicios para las sobrevivientes de violencia contra las mujeres y las niñas se consideren esenciales, que permanezcan abiertos y cuenten con recursos, y que sean accesibles, especialmente para aquellas personas que tienen más probabilidades de quedarse atrás.
4. Dar una alta prioridad a las respuestas policial y la judicial.
5. Poner en práctica medidas preventivas.
6. Recopilar datos solo si son absolutamente necesarios, que se utilizarán para mejorar los servicios y programas y para que se puedan cumplir los estándares éticos y de seguridad.
En el contexto actual de México, en donde las prioridades parecen ser minimizar y confundir a la sociedad con información contradictoria ante la etapa de mayor contagios del COVID-19, además de que el contexto político-electoral viene a ocupar gran parte de la agenda pública, la prioridad es crear pueblo y no ciudadanía, no hay un panorama alentador para atender esta reciente declaración, pues en México, para el Presidente de la Republica no existen ni se nombran -ya no digo la violencia de género- las mujeres en sí mismas, entonces hablar de recursos económicos para la Sociedad Civil Organizada, el reforzar los organismos públicos y privados que brindan atención a la mujer, se ve muy complicado.
* Maestra en Derecho Procesal Constitucional
