- Diputadas de Morelos advierten la posibilidad de que partidos políticos se opongan a reformas electorales
- En Jalisco OSC exigen una reforma integral para eliminar la violencia política contra las mujeres
Estrella Pedroza y Lorena Vaniezcot
SemMéxico, Cuernavaca, Mor., 29 de junio, 2020.- En tanto en Morelos diputadas del Congreso local advirtieron el riesgo de que partidos políticos impugnen el decreto que armoniza leyes y normas electorales para frenar y prevenir la violencia política contra las mujeres, en Jalisco organizaciones de la sociedad civil señalaron que la cuenta regresiva ha iniciado, luego de que este 30 de junio vence el plazo para que el Congreso de esa entidad apruebe la armonización de la Reforma Federal de Violencia Política en Razón de Género.
En Morelos, diputadas señalan la posibilidad de que los partidos políticos impugnen el decreto número 690 fue publicado, el pasado 8 de abril en el periódico oficial “Tierra y Libertad” y reconocen que “hubo vicios de forma y fondo”.
La modificación legislativa se aplicó a diversos artículos, la adición de otros y la derogación de diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Morelos y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la entidad, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad.
Sin embargo, podría ser impugnadas, admitieron en entrevistas por separado, las diputadas por el Partido Nueva Alianza (PNA), Blanca Nieve Sánchez Arano, y la diputada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinosa.
La aliancista consideró que en el decreto integrado por el Poder Legislativo y publicado por Ejecutivo, hubo vicios de forma y de fondo.
“Tiene muchos vicios de falta al proceso legislativo y es fácil que lo impugnen los propios partidos políticos que así lo consideren porque tiene acciones de forma y de fondo con las que no se respetó el proceso legislativo”, destacó, la aliancista.
En tanto, la morenista y también presienta de la Junta Política y de Gobierno, reconoció que en caso de que los partidos políticos inicien un proceso legal no habrá garantía de poder defenderlo.
Ambas, criticaron que los diputados y diputadas se hubieran opuesto a votar esta armonización como un proyecto individual durante la sesión del pasado 20 de mayo y que se haya optado por incluirlo junto con la reforma política electoral, lo que obligó a sacarlo en decreto.
Por último, Sánchez Arano, lamentó que nuevamente quedaron vulnerados los derechos de las mujeres al tomarlos como moneda de cambio.
Jalisco contra reloj
En Jalisco, diversas organizaciones de la sociedad civil exigieron hoy una reforma integral para eliminar la violencia política contra las mujeres, mediante una conceptualización acorde con la reforma nacional, que adopte el concepto amplio de vida pública y política, es decir, que la protección se extienda a todas las mujeres que participan en el espacio público.
Entre las organizaciones demandantes destaca el PARITÉ Observatorio Ciudadano de la Participación Política de las Mujeres; CLADEM, Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las Mujeres; Mujeres por la Justicia Social: Átala Apodaca A.C., entre otras.
Como punto dos plantean el establecimiento de sanciones ejemplares a partidos políticos, aspirante, precandidatos o candidatos y ciudadanos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, y sanciones agravantes cuando esta violencia se cometa contra indígenas o mujeres en cualquier otra condición de vulnerabilidad.
También demandan el establecimiento como causal de nulidad de la elección el que se cometa violencia política contra las mujeres, señalan también la Red de Mujeres Insurgentes; Instituto de Gestión y Liderazgo Social para el Futuro INDESO A.C.; Colectivo Mujeres Puerto Vallarta; IDEA A.C.; Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Colectivo MAM.
Colectivos presentan propuestas
Señalan que es necesario dar facultades al Instituto Electoral de la entidad para iniciar procedimientos sancionadores en contra de quienes cometan actos u omisiones constitutivas de esta violencia contra las mujeres, además de puedan solicitar órdenes de protección y medidas cautelares, incluida la dotación de escoltas.
Las colectivas de mujeres también pidieron sean sancionados los servidores públicos de los gobiernos estatal y municipales por incurrir en violencia política contra las mujeres en razón de género. Piden también que como requisito de elegibilidad para ser gobernador, diputado y presidente municipal, el aspirante no esté condenado por violencia política contra mujeres o no ser deudor alimentario.
La petición también es firmada por la Colectiva Abuelas Brujas y Sabias; Redes de Paz y Derechos Humanos y la Igualdad A.C.; Liderazgos por la Paz y la Igualdad A.C.; Mujeres por la Seguridad, Justicia y Paz A.C.; entre otras redes y organizaciones feministas y sociales, así como mujeres y hombres a título individual.
Se demanda la participación en política de mujeres que pertenecen a grupos étnicos en términos de paridad, y que en aquellas poblaciones donde la presencia de personas indígenas sea mayoritaria, la mitad de las candidaturas sea para personas de los pueblos y comunidades indígenas.
La reforma, señalan las organizaciones, debe establecer medidas de reparación integral, tales como la indemnización a la víctima, la restitución en el cargo en caso de que hubiera sido obligada a renunciar por motivos de violencia, disculpa pública y medidas de no repetición.
Consideran necesario que la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres diseñe y proponga políticas públicas, programas y acciones en la materia, en términos de las recomendaciones internacionales.
Piden la creación de una base estadística de delitos y casos en materia de violencia política contra las mujeres; y, finalmente, que los partidos políticos apliquen protocolos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
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