- OSC advierten que de no hacerse a tiempo se corre el riesgo de judicializar los casos
- Legislatura tiene menos de 24 horas
Analy S. Nuño
SemMéxico, Guadalajara, Jal., 29 de junio de 2020.- Colectivas de Jalisco advirtieron que comenzó la cuenta regresiva para que venza el plazo de la aprobación de la armonización de la Reforma Federal de Violencia Política en Razón de Género. En caso de que el Congreso del Estado no armonice en tiempo, se corre el riesgo de judicialización de procesos.
Organizaciones civiles como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, Parité Observatorio Ciudadano, G10 x Jalisco, Atala Apodaca y Mujeres por la Justicia Social, entre otras, exigieron a los diputados estatales armonizar la ley de manera integral para eliminar la violencia política contra las mujeres acorde a la reforma nacional que garantice una participación política libre de violencia en concordancia con los más altos estándares nacionales e internacionales de protección y garantía de los derechos políticos electorales de las mujeres.
Las colectivas se pronunciaron por una reforma política que considere cómo estándar mínimo 11 puntos:
– La conceptualización de la violencia política contra las mujeres en razón de género, acorde con la reforma nacional, en la cual adoptan el concepto amplio de vida pública y política;
– Establecer sanciones ejemplares cometidas por partidos políticos, aspirantes, precandidatos, candidato y ciudadanos en materia de violencia política en razón de género;
– Establecer como causal de nulidad de la elección el que se cometa violencia política contra mujeres en razón de género
– Otorgar facultades al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) para iniciar procedimientos sancionadores en contra de quienes cometan actos u omisiones constitutivas de violencia política así como que en conjunto con el tribunal puedan solicitar órdenes de protección y medidas cautelares, incluida la dotación de escoltas;
– Se pueda sancionar a los servidores públicos del estado y sus municipio por incurrir en actos de violencia política contra las mujeres en razón de género;
– Establecer como requisito de elegibilidad para ser gobernador, diputado y presidente municipal no estar condenado por violencia política contra las mujeres y no ser deudor alimentario;
– Fomente la inclusión de la participación política de las mujeres indígenas en términos de paridad de género;
8 Establezcan medidas de reparación integral, tales como indemnización a la víctima, restitución del cargo, disculpa pública y medida de no repetición;
– Que la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres diseñe y proponga políticas públicas, programas y acciones en la materia en términos de las recomendaciones internacionales;
– Se desarrolle la creación de una base estadística de delitos y casos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género con la finalidad de realizar estudios y diagnósticos para fortalecer la prevención y atención de los casos;
– Se realice la implicación de los partidos políticos en las acciones de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política contra mujeres en razón de género mediante la aplicación de protocolos.
Diana Arredondo, integrante del G10 por Jalisco, enfatizó la importancia de que está reforma se realice de forma oportuna a fin de que se pueda aplicar en el proceso electoral 2020-2021 y advirtió que de no cumplir con el plazo, durante el proceso electoral -que inicia en Jalisco en octubre- las mujeres deberán acudir a los tribunales lo cual complicará los procesos.
“Es importante que tengamos en cuenta en caso de que el Congreso de Jalisco sea omiso en cumplir con está responsabilidad además de incurrir en omisión y el incumplimiento grave de sus funciones legislativas, estará dejando en un cierto grado de desprotección a las mujeres porque les va a dificultar para acceder a los mecanismos previstos para acceder, defenderse y ser atendidas por las violaciones que sufran durante las contiendas en los procesos electorales”.
Bajo este mismo tenor, la activista e integrante de Cladem, Laura Plascencia insistió en que en caso de que el Congreso de Jalisco no armonice la reforma se aplicarán las leyes generales lo cual va a derivar en judicializar los procesos “y se van a ver exhibidos no solamente como que no legislan bien en su estado, si no que además van a ser exhibidos a nivel nacional como quienes no garantizaron el ejercicio y goce de los derechos políticos de todas las mujeres en Jalisco”.
“Qué implica que no la aprobarán, en primer lugar incumplen con una de sus funciones que es legislar y garantizar los derechos del pueblo de Jalisco, en este caso de las mujeres a la participación democrática y el derecho a que sea una participación libre de violencia y paritaria, eso es lo fundamental”, señaló.
Paola Lazo, investigadora del ITESO, señaló que hay una resistencia política a la armonización de la reforma que “tiene que ver con la normalización cultural y comunitaria a la aceptación de las violencias”.
Guadalupe Ramos Ponce, de Cladem, señaló que las organizaciones exigen los mínimos estándares que debe incluir la reforma no obstante se espera que se apruebe una reforma que sea de avanzada como se han aprobado en estados como Oaxaca. En este sentido lamento que los trabajos para la armonización de la reforma no se hayan hecho públicos ni se haya convocado a expertas.
“Desconocemos cuales son las iniciativas que se van a discutir y nos parece muy desafortunado que lo hagan sin ir de la mano de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de las propias instituciones como el Observatorio de la Participación Política del Estado. Es decir, hemos estado fuera de la discusión de este proceso y por eso estamos aquí haciendo un llamado y señalando preocupaciones esperando que las tomen en cuenta las y los legisladores para que las incluyan y finalmente se apruebe”.
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