- Madres de víctimas de feminicidio dicen que no se moverán de palacio nacional hasta que el presidente las escuche.
Soledad Jarquín
SemMéxico, Cd. de México, 8 de julio, 2020.- Lidia Florencio Guerrero es una de las víctimas secundarias de feminicidio que desde el lunes están en plantón en el zócalo de la capital mexicana y que, asegura, permanecerán ahí, hasta que sean atendidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora reunido en Washington, D.C. con Donald Trump.
Es tiempo que el presidente mexicano tome en cuenta a las madres de las víctimas de feminicidio, que hable con nosotras, que sepa de nuestro dolor, por eso estamos aquí, para verlo, aunque sabemos que por sus declaraciones “parece que no le importa, sabemos que ni siquiera se atreve a pronunciar la palabra”.
Lidia Florencio Guerrero es madre de Diana Velázquez Florencio, asesinada en 2017. Refiere que está preocupada porque las madres y familias “no sabemos si el presidente López Obrador está capacitado, o no tiene el conocimiento, o simplemente no le interesa, porque no hace nada por las mujeres”.
Aquí estaremos para exigir que los protocolos de investigación se mejoren, que haya justicia para nuestras hijas, que nos hagan caso, dice en tono de reclamo y también para recordarle que “a nuestras hijas no les dieron tiempo de contar hasta 10, como dice su campaña”.
La justicia para Dianita
Lidia Florencia tiene tres años de peregrinar por justicia para Diana, “Dianita”, como ella le dice, asesinada el 2 de julio de 2017 en el Estado de México, durante este tiempo ha desarrollado un sentido de sororidad y es una activa militante que asegura que este año “no se irán del zócalo capitalino hasta que nos hagan caso”.
“Hace un año tuvimos una reunión con la titular de Gobernación (Olga Sánchez Cordero) y recibimos puras promesas, ya nos cansamos de que nos den atole con el dedo”, dice citando esa muy mexicana frase que significa burla.
“No vemos que tengan voluntad de hacer algo por nuestras hijas asesinadas, por eso ahora estamos determinadas a no levantarnos de aquí hasta que de veras hagan algo”, dice en entrevista con SemMéxico.
Junto a Lidia Florencio están otras madres y hermanas: Malú García Andrade, hermana de Alejandra García Andrade, de Chihuahua; Silvia Vargas, mamá de Fernanda Catalina Rico Vargas, del Estado de México; Elizabeth Machuca Campos, hermana de Eugenia Machuca Campos, también del Estado de México; Mar Cruz, hermana de Lucrecia Esharto Cuerda, de Guanajuato; Paula Flores Bonilla, mamá de Sagrario González Flores, de Ciudad Juárez; y de Pachuca Hidalgo Cristina Márquez, mamá Valeria Márquez, entre otras.
A pesar de la lluvia, dice estaremos aquí y señala que hay varias familias procedentes del Estado de México, una de las entidades del país más golpeadas por la violencia machista, señala.
Desde el lunes 6 que llegaron, personal de la oficina de Atención Ciudadana de la presidencia recibió la petición donde, entre otras cosas, solicitan una reunión con el presidente mexicano, una petición que hacen además de las víctimas indirectas de feminicidio, las familias con hijas desaparecidas, víctimas de trata y de violencia de género.
Como previamente informó SemMéxico, la petición sostiene que la falta de castigo a los feminicidas genera “una especie de permiso para asesinar” y que éstos asesinatos se han elevado cada vez más.
La impunidad, dicen las madres y familiares, tiene una ruta:
• Resistencia a investigar por razones de género.
• Revictimización de las víctimas y las familias.
• Mal manejo del lugar del hallazgo y pérdida de evidencia.
• Inconsistencias graves en los dictámenes periciales.
• No se garantizan los derechos de las víctimas.
• No existe un mecanismo efectivo de seguimiento a la debida diligencia para evaluar y, si es necesario, sancionar a los servidores públicos.
• Falta de perspectiva de género en las sentencias.
De esa “ruta de impunidad” da cuenta Lidia Florencio Guerrero, madre de Diana, quien refiere que poco más de tres años después, la Fiscalía General del Estado de México no tiene “ni siquiera una línea de investigación”.
La indignación de la madre de Diana sigue sobre la piel. Explica que el mayor problema es la falta de capacitación del personal de las fiscalías encargadas de investigar, pero también de los policías.
Diana estuvo desaparecida entre el 2 de julio y el 6 de julio de 2017, “días de mucha angustia”, porque los policías que levantaron a la joven de 24 años de edad en la calle de Francisco I Madero, en el municipio de Chimalhuacán, la ingresaron como “un masculino”, lo que inicialmente provocó que se tardarán más en encontrarla y que la policía pretendió justificar como “un error de dedo”. Ella, la madre, dice que hasta hoy sigue pensando porque dijeron que era un masculino.
Para Lidia Florencio, las familias, como es su caso y otros que conoce, pasan por la sistemática negación de que las investigaciones se hagan desde la perspectiva de género, como –cita- lo establecen las normativas internacionales y, como en el caso de México, lo establecen diversas leyes, incluso la sentencia Mariana Lima Buendía.
En el caso de su hija la Fiscal, Irma Millán Velásquez, se ha negado a reconocer que fue un feminicidio, sostiene que no hay suficientes razones para ser tipificado como tal, sostiene con indignación y enseguida afirma que su hija fue violada, dejada tirada en la calle, privada de su libertad y asesinada ¿qué más elementos quiere? Cuestiona a la fiscal mexiquense encargada del caso.
Como ejemplo de las peticiones que hacen las madres y familiares de las víctimas, refiere que el caso de Diana, la Fiscalía acordó emitir un boletín de recompensa por 300 mil pesos para dar con el o los responsables del asesinato de su hija, lo que sucedió un año después en 2018, sin embargo, el boletín dio a conocer hasta 2019.
Hoy en el Zócalo no solo está la historia de Diana, están las historias de otras mujeres y niñas con otros nombres.
