- La SCJN no entró al fondo del asunto al desechar el proyecto
- La diputada Lorena Villavicencio dice que están fuera de la Constitución
- La negativa a interrumpir el embarazo: mal mensaje a la mujeres
Por Argelia Guevara
SemMéxico. Cd. de México. 29 de julio de 2020.- La diputada morenista Lorena Villavicencio inicia con una pregunta ¿Dónde quedó la tutela de los derechos humanos, la Constitución y los tratados internacionales? Luego de conocer cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN desechó el resolutivo sobre el amparo de mujeres veracruzanos para acceder a su derecho a interrumpir su embarazo.
Lanzó un extrañamiento, porque en el desarrollo de la sesión, dijo no se diera cuenta de los escritos de amicus curiae o amigos de la corte o del tribunal, que promovieron diversas diputadas, diversas autoridades y organizaciones.
Ahí se expuso desde el ámbito del derecho internacional, una opinión técnica del caso, donde se aportaron elementos jurídicos trascendentes a los juzgadores para que fueran tomados en cuenta, al momento de dictar la resolución en comento.
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Enseguida convocó a todas las feministas y mujeres del país, a organizarse y articularse, en defensa del derecho a decidir.
Luego agregó que le parece lamentable que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia no haya valorado el fondo del proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Carrancá, lo que garantizaría un derecho humano inherente de las mujeres, como es el Derecho a Decidir sobre su propio cuerpo, el cual está reconocido en los convenios internacionales suscritos por el gobierno mexicano que hoy está en la Constitución, cuya reforma de 2011 incluyó los derechos pro persona.
Consideró, que el alegato de omisión, no tenga su origen en la presión que ejercieron los grupos anti derechos.
Para la diputada Villavicencio, la decisión que tomó el máximo tribunal constitucional es una clara omisión a su responsabilidad de hacer valer los derechos humanos consignados en nuestro marco legal y el Bloque Convencional, en lugar de cuidar la formas o los procedimientos.
Advirtió que ello será utilizado indebidamente por quienes se oponen a que las mujeres ejerzan sus derechos, y comparó a los ministros con verdaderos representantes de la derecha medieval, rancia y patriarcal.
Dijo que se trata de una embestida, frente a la cual las diputadas feministas de la Legislatura de la Paridad, si legislaran sobre los derechos sexuales y reproductivos que incluyen la interrupción del embarazo y velarán por cumplir con los Tratados Internacionales y de Derechos Humanos.
Se trata, explicó, de evitar la muerte y la cárcel a las mujeres, cosa que proponen grupos misóginos.
Si la decisión de declarar la improcedencia del amparo en cuestión, se basa en que no existió omisión legislativa porque consideran que sí existe la norma y que, no fue impugnada en su momento mediante una acción de inconstitucionalidad, entonces “seremos las diputadas y diputados federales del Congreso de la Unión quienes haremos las adecuaciones constitucionales correspondientes para la protección y defensa de las mujeres, y no habrá pretextos para que la Corte se pronuncie.”.
Respecto de Veracruz, dijo que hoy dejan, estos y estas ministras en estado de indefensión a miles de niñas y adolescentes en el Estado de Veracruz, a quienes se les obliga y se les obligue a ser madres. Recordó que se puede sustentar que muchas de ellas fueron violadas. En México nacen muchas criaturas de madres menores de 15 años, recordó.
Las quejosas promotoras del amparo cuentan con el interés legítimo como defensoras de derechos humanos y representantes de estas mujeres, adolescentes y niñas.
En ese contexto, “nos corresponde ahora al Poder Legislativo enfocar nuestros esfuerzos para legislar para superar las omisiones de las entidades de la Federación y garantizar un derecho humano fundamental de las mujeres. Vamos a eliminar la penalización del aborto, para que en los códigos penales de los estados se elimine cualquier tipo de pena o sanción relacionada con la interrupción legal del embarazo”.
Es evidente, dijo, que está claro el artículo Primero de la Constitución de la República que obliga a la Suprema Corte de Justicia a garantizar el cumplimiento de los derechos contenidos en las convenciones internacionales que firmó el Estado Mexicano, tanto como su fuerza vinculatoria, cómo son fuente de obligaciones para todos los poderes y niveles de gobierno, lo mismo que el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres AVGM.
