COLUMNASMujer y PoderNatalia Vidales

Regreso al Sistema Inquisitorial de Justicia en México

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*Natalia Vidales Rodriguez

SemMéxico. 31 de julio de 2020.- Aunque la votación se dividió  (aún entre los miembros de la fracción mayoritaria de MORENA en el Senado de la República)  la madrugada de este jueves,   finalmente se avalaron las reformas a diversas leyes penales que amplían  el catálogo de delitos que, en lo sucesivo, ameritarán la llamada prisión preventiva automática.   

Este asunto no es menor, en lo absoluto, porque  significa que el día menos pensado cualquier persona  en México  podría ser detenida,  y  permanecer años en prisión como presunto culpable de uno de esos delitos, sin mayores pruebas (tan solo con la imputación de la policía,  y con elementos mínimos de supuesta  responsabilidad).   

Con ello,  se regresa al concepto de primero encarcelar y luego averiguar (en vez de al revés) ; y, desde luego, se rompe con el principio de la presunción de inocencia, para sustituirlo por el de la suposición previa de culpabilidad. 

Estas reformas dan por concluido el Nuevo Sistema de Justica Penal que se intentó el 2008 ( con un lapso de adecuación hasta el 2016, y precisamente para sustituirlo por el inquisitorial de siempre),  en el cual, por el contrario,  se limitaba la prisión preventiva (sin derecho a fianza u otra caución) a unos cuantos delitos realmente graves, como la  delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos violentos cometidos con armas de fuego; pero  aún  en ellos privilegiándose el debido proceso, el carácter controversial del juicio y la presunción de inocencia . 

 El sistema anterior (que duró lo que dura una flor) es semejante al que tienen  los países más desarrollados y que contemplan los organismos internacionales (de los que México forma parte, y  que ahora desacata), fue desechado antes de esperar sus frutos   para dar paso   a otro –más perverso aún que el del siglo pasado–  y   del que, nos tememos, serán víctimas miles de mexicanos que irán a parar –con sus huesos, como se dice—  a prisión, pese a que se trate de personas que no representen  –por sus perfiles—  ninguna amenaza para la sociedad ni riesgo de fuga. 

 El dictamen, recién aprobado por el Congreso,  triplica esa cantidad de delitos con prisión sin averiguar, al agregar, entre otros, el  uso de programas sociales con fines electorales, el enriquecimiento ilícito, el  ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia e hidrocarburos (huachicoleo), abuso  y violencia sexual en agravio de menores,  feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y delitos contra la Ley de Armas de Fuego.

Sin duda que esas conductas también son sumamente nocivas para la sociedad, pero el problema es que cualquiera, sin haberlas cometido, vaya a prisión por años mientras se acredita su culpabilidad o su inocencia (con anterioridad, alguien acusado de esos delitos también podría quedar en prisión preventiva, pero los fiscales  tenían que justificarle al juez esa necesidad por sobre alguna de las otras 15 medidas cautelares que contempla la ley, como el arraigo domiciliario, o la libertad bajo caución, por ejemplos, cuya finalidad es, precisamente, evitar la injusticia de mantener preso a quien, a la postre, resulte inocente).  

Lo anterior sin olvidar que, dada la corrupción en las policías, las fiscalías y los juzgados, esta novedad encarecerá los sobornos para evitar que a los verdaderos criminales se les procese por esos delitos  legalmente inescapables clasificándolos fuera de la lista para obtener la libertad, mientras los inocentes,   quienes no tenga para la “mordida”, permanecerán en prisión. 

La senadora  del PAN Xóchitl Gálvez, quien desde luego, votó en contra lo dijo más claramente: una sirvienta acusada de robarle a su patrona quedará sujeta a la prisión automática…en cambio a Emilio Lozoya  (quien huyó de la acción de la justicia por delitos graves)  se le permitió, tras ser apresado,  la libertad con el simple expediente de llevar un brazalete para “ubicarlo”. 

Esa será, la “justicia selectiva”, por lo visto,  la que imperará en México como parte de la Cuarta Transformación del país.

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