- Aumentan los factores de riesgo para la incidencia de la violencia de pareja o intrafamiliar
- El trabajo doméstico no Remunerado es un factor de desigualdad estructural de género
Guadalupe Prieto Rivera, Diana Ramírez Huerta y Luis Rodrigo Torres Reynaga*
SemMéxico, Cd. de México, 6 de agosto, 2020.- El Trabajo Doméstico no Remunerado (TDnR) ha sido históricamente feminizado relegando las labores a mujeres y niñas, que lo realizan de manera informal, gratuita, precaria e invisible. Este trabajo incluye tanto labores domésticas como el cuidado de personas dependientes. Es un factor de la desigualdad de género y violenta los derechos de las mujeres al reproducir las desigualdades estructurales, al mismo tiempo que es atravesado por el sexismo, racismo, clasicismo y otras formas de discriminación.
La emergencia sanitaria por COVID-19 aumenta los factores de riesgo para la incidencia de la violencia de pareja o intrafamiliar. Las mujeres se encuentran en situaciones extremadamente vulnerables debido al cierre de estancias infantiles y centros educativos, además de la pérdida de sus ingresos especialmente si ellas laboran en la informalidad. Las consecuencias negativas van desde la salud y la economía, hasta el acceso a la protección social y la violación de sus derechos.
Las mujeres y niñas enfrentan situaciones adversas
Las desigualdades de género son de carácter estructural y tienen una diversidad de causas tales como roles de género, la división sexual del trabajo, el sistema educativo y los medios de comunicación, los cuales en su conjunto suponen la aparición de múltiples discriminaciones a partir de las interseccionalidades propias de cada mujer como el estatus social, etnia, estatus migratorio, orientación e identidad sexuales, entre otras.
El TDnR es un factor de desigualdad estructural de género que restringe las posibilidades de las mujeres de acceder al mercado laboral, contar con ingresos propios y participar en la vida pública (en la política y en la sociedad), al mismo tiempo que las excluye de la protección social indispensable para poder satisfacer de manera autónoma sus necesidades.
Aún con la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, las desigualdades persisten debido a la naturaleza multidimensional del problema que se encuentra además inserto en una cultura patriarcal que naturaliza el papel subordinado de las mujeres. La división sexual del trabajo atribuye los siguientes roles: a) las mujeres asumen la responsabilidad de las labores domésticas y de cuidados sin recibir remuneración alguna, al mismo tiempo que pueden estar o no trabajando, y b) los hombres se dedican por completo al trabajo remunerado.
El reparto del trabajo se encuentra sexualizado, es invisibilizado y naturalizado, se entiende, inherente a la estructura familiar situación que se agrava frente a la emergencia sanitaria.
Incremento de la violencia de género a partir de las medidas de aislamiento y confinamiento social
Atender al llamado “quédate en casa” ha ocasionado que mujeres y niñas estén confinadas sin ninguna red de apoyo que les permita poder salvaguardarse ya que al estar la mayor parte del tiempo en casa quedan potencialmente expuestas a ser víctimas de violencia.
Desde un enfoque interseccional, los grupos en mayor situación de riesgo durante la emergencia sanitaria por COVID-19 son:
Tabla 1. “Grupos en mayor situación de riesgo durante la emergencia sanitaria por COVID-19”
| Grupo | Riesgos |
| Mujeres migrantes, refugiadas y desplazadas | Enfrentan desafíos particulares como la falta de acceso a servicios de salud. Además, los centros de atención, albergues o centros de detención migratoria pueden presentar condiciones de hacinamiento creando mayores condiciones de infección. |
| Mujeres indígenas | Enfrentan riesgos como la desigualdad socioeconómica, la falta de agua potable, la desnutrición y el menor acceso a recursos sanitarios y de salud. |
| Mujeres afrodescendientes | Se enfrentan a la falta de infraestructura sanitaria básica y algunos grupos viven en zonas urbanas (como la CDMX) en condiciones de hacinamiento. |
| Mujeres mayores | Este grupo tiene un riesgo de mortalidad y morbilidad mayor. Algunas mujeres no tienen la posibilidad de aislarse por situaciones de cohabitación o por tener responsabilidades de cuidado. |
| Mujeres privadas de libertad | La emergencia sanitaria exacerba las condiciones de hacinamiento extremo, la falta de infraestructura básica y la falta de acceso a los servicios de salud. |
| Mujeres con discapacidad | Durante la emergencia sanitaria los servicios de salud necesarios para este grupo se han interrumpido como resultado del desvío de atención y recursos de salud a la respuesta al COVID-19. |
| Mujeres que viven en contextos frágiles y/o afectadas por conflictos | El COVID-19 presenta riesgos para las mujeres en contextos frágiles, especialmente en zonas asediadas por la violencia. Las interrupciones a la salud y a los programas humanitarios o de desarrollo las mantiene en condiciones vulnerables. |
| Personas del colectivo LGTBI | El mayor riesgo para este grupo es la discriminación por estereotipos de género en el acceso a los servicios. |
| Mujeres en situación de vivienda insegura o sin vivienda | Principalmente la falta de acceso a los recursos de saneamiento e higiene. |
Fuente: Elaboración propia con base en la Comisión Interamericana de Mujeres (2020).
Pese a la evidencia, en su conferencia matutina el pasado 15 de mayo de 2020, el Presidente López Obrador rechazó que la violencia contra las mujeres fuese a incrementar durante la emergencia sanitaria por COVID-19, lo que estadísticamente nos demuestra lo contrario pues las llamadas sobre denuncias de violencia contra las mujeres han ido en aumento sustancial a partir de los meses de febrero y marzo.
El Presidente expuso que el 90 % de las llamadas por denuncias de violencia contra las mujeres son falsas, argumentando que “él no está a favor de ningún tipo de violencia ya que por razones humanitarias ninguna persona debe de sufrirla”, menospreciando que se trata de un problema que debe ser abordado desde una perspectiva de género.
En comparación con los últimos años, en el 2020 se han sumado más llamadas al servicio Línea Mujeres del LOCATEL para atender denuncias por violencia género. Los meses de febrero y marzo de este año registraron la mayor incidencia y coincidieron con el periodo en el que comenzó la jornada de “Sana Distancia”.
Gráfico 1. “Incremento en las llamadas por violencia de género 2018-2020”
¿Qué acciones por parte del gobierno federal se han implementado para atender los estragos del incremento del TDnR y la violencia contra las mujeres durante la emergencia sanitaria?
El “Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024” establece en el objetivo número dos: “Generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos domésticos y de cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado”, sin embargo, no se han implementado programas que fomenten cambios sustantivos para lograrlo.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (en materia de trabajo doméstico remunerado) recomienda apoyar a las trabajadoras del hogar, ya que pertenecen al sector informal y carecen de seguridad social. Sin embargo, este apoyo sigue siendo exclusivo de aquellas mujeres que reciben una remuneración a cambio de las labores domésticas y de cuidados que realizan.
El presupuesto para la reducción de las brechas de género es insuficiente y se ha reducido
El 23 de abril del presente año, un decreto presidencial estableció las Medidas de Austeridad para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal: “No se ejercerá el 75% del presupuesto ya comprometido o no comprometido”.
El pasado 15 de julio se formalizó un recorte presupuestal de aproximadamente 151 millones de pesos al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), órgano rector de la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Su junta del gobierno aprobó el recorte del 75% con una diferencia de 3 votos; 13 a favor, 10 en contra y 3 abstenciones. Se indicó que el recorte se verá reflejado en la asignación presupuestal de las partidas de servicios generales, materiales y suministros que se traduce en la reducción de sus capacidades operativas.
Este recorte implica una contradicción con el decreto presidencial que indica que “no se reducirá el presupuesto para la defensa de los Derechos Humanos”. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuvo 463 millones de pesos, lo cual significa una retención de aproximadamente 178% del presupuesto aprobado en la Ley de Egresos de la Federación para el presente año.
La situación se agrava, las autoridades mantienen como prioridades frenar los estragos del colapso sanitario del Sistema de Salud y la reactivación de la economía; mientras, la violencia de género aumenta por la “austeridad” del presupuesto para proteger y garantizar los derechos de las mujeres y las niñas.
El gobierno federal no ha dado respuesta al problema del TDnR. Se requiere que las autoridades gubernamentales lo reconozcan, que se diseñen e implementen políticas públicas para redistribuir el TDnR entre el Estado, el mercado, las familias y la sociedad, que garanticen a mujeres y niñas el acceso a una vida libre de violencia y al ejercicio pleno de sus derechos.
* Estudiantes de la Licenciatura en Sociología de la UAM-Xochimilco
**Trabajo coordinado por la Dra. Janette Góngora Soberanes
