Impunidad/Violencia

Encubren autoridades de Guelatao de Juárez a un agresor

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* Un médico, un síndico, una regidora y el alcalde minimizan un acto de violencia machista

* No lo detienen porque “no sabe cómo le va a explicar a su esposa que debe ir a la cárcel”

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Oaxaca, 6 de agosto, 2020.- Un hecho de violencia contra una trabajadora del municipio de Guelatao de Juárez sigue en la impunidad, luego de que la autoridad ha minimizado la agresión, el victimario pidió –en un escrito- que no se le detenga, se niega a reparar el daño, documento que fue tomado como “un amparo” y, además, el violentador “no sabe cómo explicarle a su esposa que debe ir a la cárcel”, por lo que la autoridad se negó a detenerlo.

“María”, trabaja como afanadora en el municipio de esa localidad, fue pellizcada en el muslo izquierdo por Raúl M. B., la agresión le produjo un moretón visible por más de 15 días, de inmediato acudió al médico del Centro de Salud para solicitarle un certificado sobre la lesión, el médico se negó.

Explicó que no podía extender el certificado médico porque “no tenía orden del síndico municipal” y porque no podría darle seguimiento. Finalmente extendió el documento varios días después.

Acudió entonces ante el síndico quien no pudo atenderla.

Al día siguiente muy temprano se presentó ante el alcalde Antonio del Águila García Ramírez para contarle lo sucedido el 19 de julio. Después de pedirle que llevara su queja por escrito, le informó que llamarían a Raúl M.B. “para hacer una conciliación” y “que por lo menos le pida una disculpa”.

Dos días después dio aviso a su jefa, la Regidora de Educación, Salud y Ecología, Adelina Beteta, quien le aconsejó no denunciar porque “no le iban a creer” y le otorgó un uniforme, un overol naranja para recolección de basura y le dijo: “para que no te duela cuando te pellizquen”. 

Raúl M. quien no había sido llamado por la autoridad molestó en dos ocasiones más a “María”, quien además es conocida por su trabajo como curandera tradicional de la población, hechos que ocurrieron el 23 y 25 de julio. Por lo que nuevamente acudió ante el Alcalde y la Regidora para manifestar que había sido molestada por su agresor nuevamente. Ambos minimizaron el hecho.

La falta de respuesta de las autoridades hizo que María acudiera ante la asociación civil Yureni, donde Miriam Pascual Jiménez, la atiende y la acompaña en diversas reuniones con la autoridad, ya que María pide que el caso se atendido conforme al sistema normativo indígena.

En dos ocasiones, la autoridad municipal mandó a llamar al agresor, Raúl M.B., quien admitió los hechos frente al síndico Alejandro Ruiz García y el alcalde Antonio del Águila García Ramírez, señalándolos como “un accidente, días despúes el agresor comenzó a difundir entre la población que demandaría a María.

La autoridad mandó llamar a María, ella pidió de nueva cuenta su intervención, concretamente que se actuara conforme a derecho y se le impusiera a Raúl M. la sanción correspondiente, tal y como se establece en el Artículo 101, freacción k) del Reglamento Municipal y se tomaran en cuenta los delitos que se configuren de acuerdo al Código Penal para el Estado de Oaxaca, en el Artículo 272.

Las autoridades encabezadas por Antonio del Águila han sostenido tres reuniones más con María. En la primera se comprometieron a castigar a Raúl M., quien como ya se señaló antes dijo peliizcarla en el muslo izquierdo había sido “un accidente”, por lo que no es arrestado. Cuando la abogada Pascual Jiménez pregunta por qué no fue arrestado, la respuesta fue: “porque el señor no quería ir a la cárcel”, sin embargo, ordenan al Mayor (jefe del bando de policía comunitaria) que lo arresten al día siguiente porque ya era tarde.

En la segunda reunión, el síndico municipal pide a la víctima que llegue a un acuerdo con su agresor. Ella sostiene que se daría por reparada la agresión, si la autoridad emitía una disculpa pública por no ser atendida debidamente, por no protegerla y se reprobaba la conducta machista en la comunidad.

En tanto que para el agresor propuso la alternativa de una reparación del daño de 20 mil pesos para que ella pagara terapias psicológicas en la ciudad de Oaxaca, y pudiera vivir un momento en lo que conseguía un mejor trabajo donde no estuviera en riesgo y que si Raúl M, su agresor, no aceptaba entonces solicitó al gobierno municipal que fuera castigado al reglamento interno dispone. 

Las autoridades prometieron llevar la propuesta al Cabildo.

Raúl M. se negó a reparar el daño, informó en su momento el síndico, por lo que la representante de la Asociación Civil Yereni y la víctima solicitaron que se procediera a aplicar la sanción correspondiente. El síndico dijo que la decisión sería tomada por el Alcalde, pero se encontraba fuera de Guelatao, aunque ya existía una orden de detención en contra de Raúl M. por lo que se insistió en que debían proceder.

Al mismo tiempo la afectada y la representante de la organización pidieron un escrito de resolución, fuera cual fuera la determinación, lo que si ocurrió. En el escrito le indican a María que llamarán a comparecer al agresor, que le pedirán que repare el daño y que en caso de negarse sería detenido.

Raúl M presentó ante la autoridad un escrito pidiendo que no se le detuviera, documento que fue tomado como un “amparo”, por lo que la autoridad se negó a proceder. La sugerencia de la autoridad fue que presentara su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, a lo que María respondió que no, que debía aplicarse el sistema de justicia comunitaria.

La autoridad de Guelatao de Juárez, municipio ubicado en la Sierra Norte, dice la abogada Pascual Jiménez no detuvo al responsable de la agresión porque “el señor no quería ir a la cárcel”, además de pedirle a la víctima que perdonara a su agresor “y nos arreglamos aquí entre amigos”.

Además, trataron de justificar al violentador señalando que Raúl M. quien se negaba a ser detenido porque no tenía cómo explicarle a su esposa por qué irá a la cárcel, y no quiere tener problemas con ella”, de ahí que bastó que solicitara por escrito no ser detenido para que no fuera detenido nunca.

Jiménez Pascual señala que en todas las ocasiones explicó a las autoridades municipales su obligación de garantizar el derecho de las mujeres, como en el caso de María, a una vida libre de violencia de género contra las mujeres, además de que tampoco la víctima estaba dispuesta a llevar el caso a la Fiscalía.

En Guelatao, añade, se castiga a una persona borracha por gritar u ofender a una autoridad, pero como en este caso, de violencia contra una mujer, la impunidad persiste.

SEM/sj

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