Claudia Almaguer
SemMéxico. 30 de agosto 2020.- ¿Qué cree usted que se necesite para asumir de una vez por todas que la violencia de género le está costando la vida a las mujeres? desde luego no sólo me refiero al mero acto de decir “pues sí tenemos un problema” sino a que este gobierno actúe en coherencia con su gravedad en lugar de estar arguyendo excusas.
Hemos vuelto a pensar en ello al final de una semana en la que convergen unas cifras cada vez más altas de crímenes contra mujeres y unos discursos cada vez más evasivos que han estancado durante todo el año la articulación y puesta en acción de estrategias para prevenir, atender y sancionar las prácticas de violencia que están previstas en la legislación mexicana.
Y mire, en otros momentos antes del desmantelamiento de la política de género ya era un trabajo muy difícil hacer entender la relevancia del tema, porque hablar de que las mujeres tienen derechos humanos como lo es el de vivir sin violencia o el acceso a la igualdad es algo que sigue causando muchísima incomodidad aun sabiendo que la perspectiva de género es ya un principio jurídico en toda regla.
Sin embargo ahora resulta que ya ni siquiera somos capaces de identificar lo urgente, es decir, ante la certeza de que en México son asesinadas 10 mujeres todos los días, el gobierno actual se dedica a minimizar y desvirtuar la relevancia de esta crisis como lo vimos en las ultimas declaraciones de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero quien ha despreciado al movimiento de las víctimas de feminicidio conformado en su mayoría por madres y familiares que estuvieron durante meses esperando a ser atendidas por el presidente acusándolas de tener liderazgos ilegítimos y justificando la retención de recursos indispensables para el funcionamiento de los refugios en México so pretexto de una supuesta falta de transparencia de parte de las organizaciones de la sociedad civil que los gestionan.
Pero vamos a ver, en abril y mayo de este año a raíz de la pandemia por el nuevo coronavirus y de las medidas de contingencia habíamos advertido que era indispensable tomar en cuenta la preexistencia de esta otra compuesta por la violencia de género y feminicida sobre la cual más del 66 % de las mujeres en México ha declarado haber padecido algún tipo de agresión física, emocional, sexual o discriminación en espacios como la escuela, el trabajo, la comunidad y la familia pero que prioritariamente es recibida por parte de una pareja o ex pareja y en la que 4 millones de mujeres de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía ya padecían una violencia muy severa por lo que su vida estaba en riesgo inminente.
Señalamos entonces que de seguir la indiferencia gubernamental para con este problema las autoridades no podrían intervenir en las dinámicas de violencia contra las mujeres por lo que estas permanecerían silenciadas hasta agravarse y ser irreparables, en otras palabras: lo que no se atienda como violencia a su debido tiempo se recibirá como feminicidio.
Precisamente, de acuerdo a los últimos datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública la incidencia delictiva contra las mujeres marca un incremento preocupante en comparación con el año anterior, por ejemplo, de enero a julio de 2019 hubo 519 feminicidios y para este 2020 van 549. Así mismo aumentaron los homicidios dolosos de mujeres y especialmente la violencia de género que fue de 1734 casos el año pasado a 2167 o la violencia familiar de 121,944 a 123,927 carpetas de investigación.
Y aquí tiene que considerarse que en 2020 la cifra negra sería mucho mayor debido a las dificultades de acceso con la autoridad que han causado las medidas sanitarias por la contingencia, pero también gracias a la resistencia gubernamental para entregar los recursos a otros espacios que reciben víctimas.
Al tiempo de este mal ejemplo, en donde la muerte violenta de las mujeres es algo irrelevante para el poder en turno, otras autoridades han dado muestra de desconocimiento y discriminación para con víctimas concretas como acaba de pasar en el caso de Dana Reyes en Baja California, en el que conforme a la declaración publica del Fiscal de esa entidad federativa Guillermo Titi Ruiz, lo relevante es que ella tenía tatuajes y no que era una niña de 16 años a quien golpearon e hirieron causándole la muerte para luego quemar su cuerpo y arrojarlo en un lote baldío, un feminicidio en toda regla que no se está investigando como tal. Y claro, ¿a quién le va a importar esto? Si debido a la negligencia de quienes tienen el deber de gobernar ahora cada quien tiene a su nombre sus propios muertos.
A más ver.
Twitter: @Almagzur
