Balance: 2° Informe de Gobierno, igualdad
- Dos años de “acciones sustantivas a favor de la igualdad” con Andrés Manuel López Obrador
- 20 meses de retraso en instalar políticas nacionales para la igualdad y para erradicar la violencia contra las mujeres
Segunda y última parte
Guadalupe López García
SemMéxico, Ciudad de México, 1 de septiembre de 2020.- En esta segunda parte del especial de SemMéxico, en el marco del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, se presenta información relativa al Anexo 13 y a los programas Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad) 2019-2024 e Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM) 2019-2024, así como las políticas nacionales en la materia. Al final, se agrega un comentario editorial.
Presupuesto para la igualdad: la contradicción entre aumentos y recortes
Mientras las organizaciones de la sociedad civil, incluso legisladoras, argumentan un recorte a los programas para las políticas de género, incluidas en el denominado Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el gobierno federal insiste una y otra vez que los recursos aumentaron sustancialmente, así como el número de población beneficiada, que llega a más de 20 millones de personas. En el informe del 1 de diciembre, López Obrador dijo que los recursos aumentaron de 64 mil millones en 2019 a más de 100 mil millones para 2020.
En el Parlamento Abierto del 30 de julio, La presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman, se refirió a que están garantizados los recursos de los 28 programas presupuestarios sustantivos del Anexo 13 que tienen relación directa con 11 de los 38 programas prioritarios establecidos en el Decreto de austeridad del 23 de abril. Los 28 representan el 90% del presupuesto total del Anexo 13, que son 93 mil millones de pesos.
El Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 23 de abril de 2020, afectó a varios programas. SemMéxico y en la columna Palabra de Antígona, de la periodista Sara Lovera, han publicado datos sobre las afectaciones presupuestarias de los programas, de acuerdo con reportes de organizaciones de la sociedad civil y de legisladoras; sin embargo, el gobierno justifica que se está dando más dinero “como nunca”, de manera directa a las mujeres. A continuación, se exponen distintos datos relativos al presupuesto, reportado por las autoridades. No obstante, las cifras siempre son diferentes.
El Indesol ha ejercido 554 millones de pesos del PEF 2020 en los programas esenciales e indispensables, como los centros de refugio para las mujeres y los centros PAIMEF. Se obtuvo 16.5 millones de pesos para las 35 Casas de las Mujeres Indígenas. Para los 48 Centros de Justicia de las Mujeres (Cejum), la Conavim está ejerciendo 240 millones de pesos, de acuerdo con Sánchez Cordero en su “informe” de la conferencia del López Obrador del 29 de julio de 2020, pero en un comunicado del GIEV del 25 de agosto, la titular de la Conavim, Fabiola Alanís Sámano, dijo que no habrá recorte de los más de 234 millones de pesos para los Cejum y las AVGM, además de que se crearán otros 5 más.
Para Mucpaz, en marzo pasado, se había anunciado que el presupuesto sería de 144.5 millones de pesos. El 29 de julio, Sánchez Cordero indicó que Mucpaz tiene 257 redes en 107 municipios con una inversión de 122 millones de pesos. El 25 de agosto, Gasman informó que en 2020 la inversión es de 121 millones 367 mil pesos para esas redes en 27 entidades federativas y la Ciudad de México.
La Secretaría de Gobernación informó el 14 de julio que los presupuestos asignados a los diferentes organismos desconcentrados que atienden los derechos humanos y la atención a las violencias contra mujeres y niñas serán respetados, luego de un anuncio que se había hecho de no otorgar recursos para la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres activada en varios municipios de la más de la mitad de entidades federativas.
El 15 de julio, se informó que la Junta de Gobierno del Inmujeres había aprobado la reducción del presupuesto de esa dependencia en 151 millones de pesos, lo que representa el 75 por ciento de sus recursos, una cantidad inédita. Gasman aseguró que en acciones sustantivas no habría recortes, sino en gastos de administración, pero en la relación que ha ofrecido a los medios, aparece lo relativo a “investigaciones”, sin especificar a qué se refiere.
Proigualdad y PIPASEVM, detenidos en Hacienda
El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad) 2013-2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de agosto de 2013. Quedó listo nueve meses después de que inició el gobierno federal anterior. En tanto, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM) 2014-2018, se publicó en el DOF el 30 de abril de 2014; es decir, 16 meses después de haber iniciado la administración de Enrique Peña Nieto.
En febrero de este año, SemMéxico había reportado que el 20 de noviembre de 2019, Gasman Zylbermann dio avances del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad) 2019-2024 y anunció que saldría en enero de 2020. El 18 de septiembre de 2019, en la XVIII sesión extraordinaria del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) presentó al pleno el PIPASEVM 2019-2024, el cual fue aprobado.
SemMéxico dio a conocer en mayo pasado los contenidos del Proigualdad 2020-2024 (ya con un año recorrido), integrado por seis objetivos prioritarios con 37 estrategias. Su finalidad es “establecer la política nacional para avanzar en la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres”. Advertía que el origen de los recursos para instrumentar el programa y para las labores de coordinación interinstitucional y su seguimiento, se realizarían con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el Programa, mientras tenga vigencia.
Un comunicado del Inmujeres del 24 de abril, reportó que en la Vigésima Sesión Ordinaria del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SNIMH), la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el Proigualdad 2020-2024 había cumplido favorablemente los requisitos establecidos para su elaboración, por lo que se había iniciado la fase para su publicación en el DOF.
Del otro programa, poco se sabe. La titular de la Conavim, Candelaria Ochoa Ávalos, renunció el último día del mes de junio. 30 días después, tomó posesión del cargo Fabiola Alanís Sámano, quien se desempeñaba como directora general para una Vida Libre de Violencia y para la Igualdad Política y Social del Inmujeres. En el lugar que dejó libre, llegó Anabel López Sánchez, quien trabajaba en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Ochoa, Alanís y López habían sido candidatas para ocupar la presidencia del Inmujeres.
A 20 meses de haber comenzado la presente administración, ambos documentos programáticos se encuentran en la SHCP. El argumento reiterativo es que están en fase de publicación. Nadine Gasman menciona y promociona el Proigualdad en diferentes foros en los que participa y lo incluye como parte de la justificación de otros programas sectoriales.
¿Cuál es la relevancia de estos dos programas?
El marco normativo en materia de derechos humanos de las mujeres se consolidó en México en 2006, cuando se aprobó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), y en 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). En 2011, los tratados internacionales se elevaron al mismo rango jerárquico que la constitución mexicana, lo que garantizó su cumplimiento. De hecho, ambas leyes son resultaron de esos acuerdos; en especial, de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Plataforma de Acción de Beijing.
De la LGIMH y LGAMVLV, se derivan las estrategias de mayor relevancia que articulan las acciones para la protección de los derechos de las mujeres: la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Política Nacional Integral desde la Perspectiva de Género para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres, respectivamente. Ambas disposiciones son de observancia en todo el territorio nacional.
Los instrumentos de la primera política son el Sistema Nacional (coordinación interinstitucional), el Programa Nacional (Proigualdad de cada gestión administrativa) y la Observancia (a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH). Los de la segunda: el Sistema Nacional (coordinación interinstitucional) y el Programa Integral (PIPASEVM, de cada administración pública). Las normatividades marcan los objetivos de cada política y la distribución de competencias para los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal).
Con ese marco normativo, ya no se tiene que apelar a la voluntad política de las y los gobernantes para que promuevan acciones en favor de las mujeres. Se trata de una responsabilidad y compromiso de Estado, con procedimientos y estructuras definidas. Cada gestión administrativa (federal, estatal y municipal) deberá instalar sus políticas correspondientes, en concordancia con las políticas nacionales e instalar sus sistemas y elaborar sus programas.
Las leyes marcan la transversalidad de la perspectiva de género en todas las políticas públicas y en el marco programático. De ahí que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) debe considerar esas directrices, de manera obligada. En la administración pasada, se incluyeron en la Meta Nacional II: México incluyente; el PND 2019-2024 no las contempla. La propuesta de PND que elaboró la SHCP tenía el eje transversal de la perspectiva de género, pero, en su lugar, la Cámara de Diputados aprobó el PND propuesto López Obrador (un documento de 64 páginas). Durante varios meses prevaleció una confusión respecto de estas dos versiones.
El artículo 7 de la Ley Federal de Austeridad Republicana señala que “La política de austeridad republicana de Estado deberá partir de un diagnóstico de las medidas a aplicar, su compatibilidad con la planeación democrática, y el respeto a los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que se establezcan de conformidad con la Ley de Planeación. Además, se deberán desarrollar indicadores de desempeño para evaluar dicha política”, cuestión que no se encontró en el cúmulo de acciones que se están llevando a cabo.
En la administración pública, la planeación es muy importante, puesto que se debe partir de lo general a lo particular para evitar dispersión de los recursos, duplicidad de acciones. Es un principio básico. Sin embargo, en materia de género (y en muchas otras acciones), en los dos años que lleva la gestión de López Obrador se ha trabajado de manera inversa. No es privativo de este gobierno. Incluso, las acciones coyunturales siempre han tenido más peso que el marco programático que marcan las leyes y normatividades (PND, programas generales, sectoriales).
Estas dos políticas derivadas de la LGIMH y la LGAMVLV no solo tienen que ver con el marco programático, con el que se evita que las acciones sean aisladas, se desperdicie el dinero público y se logre mayor impacto. Es la postura y la visión política estratégica de cada gobierno para erradicar la violencia, la desigualdad y la discriminación contra las mujeres y para alcanzar la igualdad de género.
Hasta ahora, esa visión la ha marcado el presidente mexicano, lo que se refleja que el exceso de “informes” rendidos, pero sin indicadores y presentación de avances, se hayan dado en sus conferencias de prensa o haya cambiado decisiones de las estrategias aplicadas; inclusive, en lo que tiene que ver con el nombre de cada programa.
Asimismo, el hecho de centrar la atención en el número de mujeres atendidas, no significa que las brechas de desigualdad social estén disminuyendo. Se da la impresión de que se regresó a la década de los 70 con el enfoque de Mujeres en el Desarrollo y no Género en el Desarrollo (GED). Las acciones (que no necesariamente son políticas públicas) del gobierno federal, denominado Cuarta Transformación, se están concentrando en las necesidades prácticas de las mujeres y no en los intereses estratégicos de género. El enfoque, aunque idealista, puede ser una referencia en la toma de decisiones públicas.
En el pasado, se discutió que las mujeres siempre hayan sido incluidas en las políticas sociales, como beneficiarias, desde su papel de madre, esposa, ama de casa. Para eso se tenía al DIF. Eran políticas familistas. En la década de los 90 se creía que los mecanismos para el adelanto de las mujeres duplicaban acciones que ya hacía el DIF. Esa visión parece que ahora ha vuelto y las responsables de las políticas de género lo que han hecho es tratar de justificar esa visión presidencial.
El hecho de instalar las dos políticas tampoco garantiza que se cumplan los objetivos del marco normativo en materia de derechos humanos, como sucedió con administraciones pasadas. Sin embargo, puede dar un seguimiento más puntual y reconsiderar acciones que no estén dando resultados esperados o simplificarlas si se percibe una duplicidad; además, no se debe olvidar que el objetivo central de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres es el empoderamiento, como lo marca la LGIMH, que es de observancia nacional.
SEM/glg
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